Roberto Rubio: “Aún no sabemos de qué se trata la CICIES que anunció el gobierno”

A juicio del director ejecutivo de Funde, un anuncio de la comisión anticorrupción sería positivo si el gobierno diera detalles de qué es lo que busca hacer.

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Según Roberto Rubio, es falso que haya un dilema entre fortalecer instituciones locales y aspirar a una comisión internacional anticorrupción. Foto EDH / Yessica Hompanera

Por Ricardo Avelar

2019-08-15 6:15:31

“Imagina que se acerca alguien a querer venderte una casa y te quiere convencer de comprarla, pero no te dice qué tan grande es, dónde está ubicada o sus medidas de seguridad. Cuando tú le dices que no estás interesado, esa persona te reclama, te acusa de ser tacaño, te hace sentir mal…”.

Esa fue la analogía que utilizó el director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, para describir el clima actual de la discusión sobre una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

El pasado 8 de agosto, el presidente de la República Nayib Bukele anunció en su cuenta de Twitter que “antes de los primeros 100 días haremos el lanzamiento de la CICIES”, una de sus principales promesas de campaña.

Sin embargo, el mandatario no adelantó el avance de las discusiones, el alcance que tendría la comisión u otros detalles de interés.

A juicio de Rubio, es positivo hablar de una CICIES y aclara que como Funde celebran que, por un lado, se dé trámite a una promesa de campaña y, por otro, se hable de reforzar el combate a la corrupción y la impunidad.

Añade que esta propuesta llega en un periodo importante en el país, pues la lucha contra la corrupción ha tenido avances significativos, pero también una resistencia de los círculos más oscuros del país, los cuales han contraatacado, tratando de volver a entorpecer a instituciones que dieron incipientes signos de audacia y agudeza para perseguir la corrupción (ver recuadro en página siguiente).

Pese a este optimismo, Rubio afirma que “lo que nos impide dar una opinión definitiva tiene que ver con los conceptos, los detalles y las ideas detrás de la propuesta. Sobre todo cuando estos se lanzan por un tuit de una manera muy escueta sin decir mayor cosa”.

Al mismo tiempo añade que “esta CICIES debió haber sido anunciada con una conferencia de prensa y adelantar en qué consiste el lanzamiento”.

Al respecto, el director de Funde aclara que se debe hacer la distinción entre lanzamiento e instalación. El primer caso, considera, puede ser solo un anuncio de qué es lo que se planea hacer, si es un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), un llamado a una discusión amplia de actores o incluso presentar discusiones avanzadas de qué planean hacer sin mayor espacio a discusión.

Una instalación, considera, sería imposible hacerla antes de los cien días, porque ya requeriría que haya oficinas en pleno funcionamiento, con un convenio ya establecido con los socios internacionales, avalado por la Fiscalía y ratificado por la Asamblea Legislativa. “Para esta fecha va a ser imposible tenerla funcionando”, sentencia.

“Puede ser que pueda firmarse el convenio dentro de poco. Eso sería muy avanzado pero no estoy seguro que se pueda tener listo en corto tiempo. Esto requiere un proceso. Lo que no debería decirse, como una diputada anunció, es dar voto de confianza cuando todavía no se sabe de qué va la propuesta. Esas cosas dejan mucho que desear, diputados votando sin conocimiento de causa”, agregó el director de Funde.

¿CICIES o una comisión nacional?

Tras el anuncio del presidente Bukele el pasado 8 de agosto, Rubio se adelanta a expresar el tipo de institución que debería operar en el país para ser un colaborador efectivo en los esfuerzos que ya se hacen de combatir la corrupción y la impunidad en El Salvador.

A su criterio, “lo ideal es que sea una institución internacional e independiente” de los poderes del Estado”, pues esto reduciría el potencial de que la institución sea cooptada por diversos intereses.

Esta institución, al igual que funcionó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debe tener facultad de iniciar investigaciones y si encuentra indicios de corrupción, debe presentárselas a la Fiscalía, que tiene el monopolio de la acción penal en el país. Entonces, quedaría en manos de esta última institución el manejo del caso.

Otros atributos importantes de esta institución, añade, es que tenga un componente de rendición de cuentas y participación ciudadana, para conocer periódicamente cuáles son los casos ventilados y bajo qué criterios se inicia investigaciones. Estos últimos aspectos no los tenía la comisión guatemalteca, recalca Rubio.

Por otro lado, este experto en combate a la corrupción afirma que podría ser peligroso si se pretende establecer una comisión nacional, pues los integrantes de esta podrían no ser inmunes a presiones políticas nacionales o a agendas.

“Mi temor es que haya una comisión nacional que sustituya a la CICIES, que sea dependiente del gobierno y que no va a estar exenta de la contaminación política o que solo sea una dependencia del gobierno que incluso dependa financieramente de este”, dice.

Además, advierte que una institución de ese tipo podría simplemente ser “un equivalente a la Secretaría de Transparencia de los gobiernos del FMLN, pero con nuevo personal”. De esta institución, Rubio no tiene la mejor opinión y afirma que en ocasiones sirvió simplemente para ocultar posibles actos de corrupción y hacer propaganda, especialmente en momentos en que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una nueva arma política con posibles réditos electorales y potencial de manipulación.

Por eso, recalca, es necesario enmarcar una CICIES en colaboración con la Fiscalía y no en sustitución o sobre la misma.

Finalmente, expresa temor de una “CICIES light”, que solo sirva para facilitar capacitaciones a fiscales e investigadores, algo que además ya existe. “Eso es positivo, pero no es lo que esperamos”, añade. Y finalmente, adelanta que la CICIES podría proponerse de una forma legal, política y técnicamente tan inviable que se sepa de antemano que la propuesta va a fracasar. “A propósito lo presentas para que no te lo aprueben y poder decir que cumpliste con presentarla pero los culpables están en el Legislativo”, comenta.

De todos estos escenarios, el único deseable para Funde es el de una comisión internacional.

Sin embargo, Rubio afirma tener pocos indicios de cuál será el caso de la CICIES (si una institución internacional o una comisión local). Según contó a El Diario de Hoy, hace unos meses tuvieron la oportunidad de conversar con uno de los designados por el presidente -entonces electo- para trabajar el tema. En esa ocasión vieron un adelanto del organigrama y les adelantaron que había comunicación con el departamento político de la ONU y en ambos aspectos hubo coincidencias con propuestas realizadas por la sociedad civil. Sin embargo, lamenta que han sabido poco de esta comisión después de esa reunión.

Falso dilema

Si bien Roberto Rubio favorece una comisión internacional y exige que el gobierno explique bien el alcance de esta institución, también está a favor de fortalecer técnica y presupuestariamente a la Fiscalía y otras instituciones de control de la gestión de fondos públicos en el país.

Al respecto, considera que es un “sofisma” y un “falso dilema” decir que se está en contra de una comisión internacional y a favor de instituciones locales sólidas, cuando perfectamente se puede estar a favor de ambas.

“Caemos en pensamiento dualista. Necesitamos fortalecer FGR, sí, pero por qué se oponen a un organismo internacional de apoyo. Las dos cosas se complementan porque un organismo internacional de apoyo justamente pretende fortalecer la FGR, no se entrega soberanía y por ser temporal, dejaría capacidades instaladas”, añade.

Finalmente, señala que gran parte de la resistencia a una comisión independiente e internacional está basada en prejuicios y en que les han contado una verdad parcial del impacto que tuvo la CICIG en Guatemala, por ejemplo.

En resumen, afirma Rubio, un organismo internacional e independiente, bien vigilado por la ciudadanía y enmarcado en la ley, puede ser positivo. Un organismo nacional o una CICIES “light” no solo no sumarían mucho, lamenta. También pueden ser armas políticas.