El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), René Cárcamo, depuso ayer su cargo dos semanas después de que se conociera de una filtración de datos confidenciales de solicitantes de información pública durante ciertos períodos hacia la Casa Presidencial.
Cárcamo, no obstante, rechazó que él sea responsable de esa filtración, y adujo motivos personales, como “mensajes beligerantes” recibidos y un desmejoramiento en su salud, para presentar la renuncia.
“No es cierto que este servidor haya autorizado un tipo de información que no sea pública”, se defendió el ex funcionario, quien asumió sus funciones en febrero pasado.
Cárcamo se refiere a una investigación de la revista digital Factum en donde se expone que el Instituto entregó a la Presidencia de la República, al menos durante dos semanas, información confidencial de los ciudadanos. Se refiere a reportes que contenían datos personales de los usuarios que solicitaron información a través de su portal.
“El Instituto suspendió el envío de esos informes el 16 de junio de 2019, pero Casa Presidencial se percató y pidió que se los continuaran enviando. El presidente del IAIP, sin notificarle al resto de los comisionados, autorizó que la Unidad de Tecnología del Instituto elaborara nuevos reportes para el Ejecutivo”, afirma el reportaje.
“Incluía todos los datos personales: el nombre, e incluía el requerimiento, y recordemos que la gente en el requerimiento a veces pone número de DUI, número de teléfono, correos electrónicos”, detalló el jefe de la Unidad de Tecnología del IAIP, Jorge Martínez, en una reunión con los comisionados del IAIP el 23 de septiembre, según consta en una grabación a la que la revista Factum tuvo acceso.
La investigación afirma que cuando Casa Presidencial se enteró que ya se enviaban estos reportes, los pidió y Cárcamo habría autorizado enviar estos reportes a través de un memorándum del cual la revista tiene copia.
Incluso el reportaje menciona que el técnico reveló que Cárcamo autorizó esos reportes para conseguir más presupuesto para la Institución.
Cárcamo negó ayer esas versiones y dijo que, en efecto, encontraron un código informático en el portal del Instituto que enviaba de forma “automática” esa información hacia un sitio fuera del Instituto, pero que al darse cuenta lo cancelaron.
“Un código que no se conocía de su existencia y fue detectado por el personal de informática, el cual al parecer les dio datos de índole personal a cuentas ajenas al instituto de forma automática. Esto fue suspendido de forma inmediata al ser detectado”, dijo Cárcamo.
Sobre el memorándum, confirmó su autenticidad, pero adujo que su autorización incluía datos que son públicos y no confidenciales.
“No es un mismo hecho como se ha tratado de señalar, ni ha habido autorización de traslado de información confidencial por una decisión institucional o personal de mi parte”, dijo el ex funcionario.
Cárcamo también rechazó que la entrega de esta información haya sido un canje por más presupuesto, como afirma la investigación.
“Sobre el tema presupuestario debo decir que la gestión de refuerzo se ha gestionado directamente a la Asamblea y no al Órgano Ejecutivo”, argumentó.
A la Fiscalía
Cárcamo acudió hace unos días a la Fiscalía a presentar un aviso para que investigue la filtración, pues asegura que él no autorizó el compartimiento de la información.
“Ante la situación, como pleno decidimos interponer el aviso a la Fiscalía y (hacer) una auditoría informática externa con el objetivo de que los hechos sean esclarecidos”, manifestó en conferencia.
Según la misma ley del Instituto de Acceso a la Información, el traslado de información confidencial a otra institución es motivo de remoción de un comisionado.
Al respecto, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública expresó ayer “su preocupación” ante la filtración de datos divulgada, “ya que podría afectar su credibilidad e independencia (del IAIP). En ese sentido, exigimos que la auditoría que se va a practicar al Sistema de Gestión de Solicitudes para conocer los alcances de esta filtración de datos, se haga con ética y transparencia, y que los resultados de la misma sean públicos”, dijo el grupo a través de un comunicado.
“También manifestamos que de estas conductas pueden derivar distintos tipos de responsabilidad, tanto penal como administrativo, por lo que, luego de aclarados los hechos, es necesario que se deduzcan responsabilidades y se impongan las sanciones que correspondan”, concluyó el Grupo.