La renuncia de organizaciones civiles al comité que debía supervisar el uso de los $2,000 millones para la emergencia por el COVID-19 ha llevado a los diputados de la Asamblea Legislativa a analizar la manera en que se ejercerá la contraloría social a los fondos que se le han aprobado al Órgano Ejecutivo.
El lunes, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) enviaron al Congreso una misiva donde explicaron que se separaban de la comisión porque no existían las condiciones para poder cumplir con sus responsabilidades.
Ellos argumentaron que de parte del Ejecutivo no hubo transparencia en la entrega de información requerida y que sus opiniones eran escuchadas pero no tomadas en cuenta por las autoridades. Sostuvieron que las decisiones importantes sobre el destino del dinero no salían del seno de la comisión.
Dicho comité fue creado, a finales de marzo, como una condición de los parlamentarios en el Decreto legislativo 608 en el cual se le autorizó al Ejecutivo a gestionar el crédito millonario. Además de las organizaciones civiles, el grupo lo integraban cinco ministros y un secretario de la Presidencia.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, y su colega de ARENA, Donato Vaquerano, expusieron este miércoles que tras la renuncia de las organizaciones la Asamblea debe buscar mecanismos de contraloría social para asegurar el uso eficiente del dinero, sobre todo porque el presidente de la República, Nayib Bukele, ha hecho varias peticiones de dinero para enfrentar la crisis de salud y económica, pero él y sus funcionarios no están rindiendo cuentas.
“La transparencia no está en cuarentena. Hay que aplicarla en este momento, porque ya sobre los usos que ha hecho el Gobierno de estos recursos la carta misma (de las organizaciones) explica que ni los que estaban siendo parte de este comité fueron consultados y no tuvieron a disposición ni los criterios ni la información que diera cuenta de cómo habían sido usados esos recursos”, señaló Urbina.