El expresidente Mauricio Funes, acusado de sustraer $351 millones del Estado salvadoreño, sigue siendo inextraditable, luego que un tribunal de Nicaragua rechazara un recurso interpuesto por abogados del grupo llamado Defensores del Pueblo que pedían declarar nulo el proceso por el que se le otorgó la nacionalidad nicaragüense.
El 1 de septiembre de 2016, Funes presentó una solicitud de asilo para él, su pareja Ada Mitchell Guzmán, sus hijos Carlos Mauricio, Diego Roberto y un menor de edad, la que fue resuelta y aprobada de forma exprés.
A mediados de julio de 2019, casi tres años después, Funes inició un proceso para recibir la nacionalidad nicaragüense. El 15 de julio, el comandante de Brigada, Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería, y la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kimloch, emitieron y refrendaron las respectivas resoluciones que allanaban el camino para otorgar la nacionalidad al prófugo expresidente y su núcleo familiar cercano.
A finales de ese mes se publicó en Nicaragua en el Diario Oficial La Gaceta, número 143 del martes 30 de julio, la resolución que otorgaba la nacionalidad a Funes y sus familiares, y hacía que fuera difícil extraditar al nuevo ciudadano nicaragüense para que enfrente a un tribunal de justicia.
El artículo 43 de la Constitución Política de ese país señala que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
Para sentar precedentes
Dos semanas después de conocerse que le dieron la nacionalidad, el grupo Defensores del Pueblo presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones demandando cancelar la nacionalidad a los cuatro miembros del clan Funes, por considerar que esa decisión atenta contra los principios constitucionales de Justicia y Derecho.
“Existe un acuerdo entre los países centroamericanos, que data de finales del Siglo 19, donde dice que las personas procesadas por delitos relacionados con la malversación de caudales no pueden recibir este tipo de beneficios”, argumentó Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo.
Según ese acuerdo, una persona que posea antecedentes o que esté siendo acusada o investigada por la Justicia no calificaría para recibir una nueva nacionalidad, explicó.
Pero además “el trámite se hizo ante una instancia que no corresponde, porque la hicieron ante la Cancillería, que además resolvió todo en 24 horas”, agregó.
También, en cuestión de horas, el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el recurso en contra de la resolución que nacionalizaba a Funes.
La respuesta del Tribunal no sorprendió a los demandantes, aunque sí les llamó un poco la atención por la celeridad con que se emitió.
“Ya sabíamos que, como en todos los procesos que estamos llevando, sean estos penales, amparos, o por inconstitucionalidad, la respuesta no sería positiva”, dijo Montenegro.
Añadió que “lo que estamos haciendo es marcar nuestras intervenciones y recibiendo sus respuestas para que queden en archivo, porque cuando todo sea distinto, podremos recurrir a esas memorias y lograr que se haga justicia”.
Montenegro duda que en las escasas horas que necesitó el tribunal para responderles, el caso haya seguido el debido proceso.