En medio de reclamos de algunos fiscales por recientes traslados a unidades en los que consideran se desperdiciarán sus esfuerzos en casos clave en la lucha contra la corrupción, la Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional, expresó su preocupación porque el caso Corruptela pueda quedar en la impunidad (con la liberación de los imputados) a raíz de la investigación interna contra los fiscales que condujeron las indagaciones y que estaban asignados al referido proceso judicial.
Sumado a lo anterior, existe la posibilidad de que los testigos criteriados (imputados con beneficios penales) ya no declaren en el proceso judicial porque ellos mismos le pidieron al Fiscal General Raúl Melara que les retire esa condición, según lo expresado por el director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, en una carta enviada a Raúl Melara y además hecha pública.
En días anteriores trascendió sobre una “sacudida” dentro de la Fiscalía General, como consecuencia de la petición de fiscales de unidades clave y de empleados administrativos que habrían negociado ser testigos contra sus colegas a cambio de recibir beneficios penales.
“Representa un riesgo para el debido procesamiento judicial del caso Corruptela, porque los testigos criteriados ya no ofrecerán su declaración y porque los fiscales a cargo del mismo, podrían ser separados”, advierte en la carta Rubio, también representante de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.
El pasado lunes, varios fiscales encargados del caso Corruptela fueron removidos por orden del Fiscal General. Fiscales consultados al respecto, quienes opinaron bajo la condición de anonimato, dicen que la medida adoptada por Raúl Melara no tiene fundamento y que con sus remociones “solo se pretende debilitar el caso” Corruptela. “Con esto logran la impunidad para Martínez y para Rais. No se van atacar todos los delitos”, expresó un fiscal.
Añaden que uno de los principales favorecidos es el actual Fiscal Adjunto, Allan Hernández, quien estaría mencionado en la investigación fiscal del caso. “Está señalado de recibir dinero”, aseguró el fiscal.
Pronunciamiento
Según investigaciones, Martínez encabezó una red de corrupción dentro de la Fiscalía General que favoreció al expresidente Mauricio Funes y a Enrique Rais, prófugos de la justicia y reclamados en otros juzgados por diferentes delitos. Así ellos evitaron ser investigados.
El exfiscal Martínez cometió delitos como lavado de dinero, omisión de investigaciones y falsedad documental durante su gestión, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, según las investigaciones.
El caso Corruptela tiene que ver con la supuesta red de corrupción que se habría enquistado en la Fiscalía en la gestión de Luis Martínez, quien guarda prisión por ese caso y otros que están ligados. Además de Martínez, son procesados varios de sus colaboradores cercanos, entre exfiscales y exfuncionarios, Mauricio Funes y hasta empresarios.
Rubio demanda de Melara que adopte medidas inmediatas para evitar que situaciones como las que se denuncia no debiliten el proceso judicial Corruptela y otros casos de corrupción vinculados.
Además le pide una explicación pública sobre “la racionalidad por la cual se decide iniciar una investigación interna conducente a una reparación en favor de personas que tienen calidad de imputadas en el proceso judicial Corruptela y que han aceptado su participación en los ilícitos”.
También le demanda que dé “las garantías del debido proceso, la estabilidad en el cargo de los fiscales investigados, la no interferencia indebida en su trabajo y la integridad física a cargo del referido proceso de investigación”.
Rubio señala en la carta que las investigaciones de los fiscales del caso Corruptela fueron abiertas por orden del fiscal Melara con base en peticiones de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía que tienen calidad de imputados, pero que se les ha concedido criterio de oportunidad.
En los escritos, estos procesados “aducen haber sido coaccionados para aceptar su participación en los ilícitos y para someterse al criterio de oportunidad en el proceso judicial”, según Rubio.
Agregó que los imputados justificaron sus actuaciones ilegales, por las que son procesados judicialmente, en que ellos obedecieron “órdenes superiores”.
En ese sentido, Rubio consideró que existen suficientes pruebas documentales y testimoniales en contra de estas personas que aseguraron haber sido coaccionados para que declararan en contra de los otros imputados.
Aseguró que estas personas aceptaron ante el fiscal Melara de haber participado en los ilícitos por los que han sido acusados, pero que lo hicieron porque cumplían órdenes superiores.
“La situación que se está viviendo en la FGR genera inseguridad sobre las garantías del debido proceso de los fiscales que están siendo investigados y que han estado a cargo del caso”, concluyó Rubio.
Consideró además que “el hecho mismo de abrir un expediente investigativo en su contra (de los fiscales) sin ser oídos y a petición de personas imputadas en delitos, constituye un mensaje negativo”.
Rubio le pidió a Melara que permita que Funde esté como “observadora” en la investigación interna que realiza el auditor fiscal en contra de los fiscales asignados al caso Corruptela.
También advierte que “las señales que se envían llevan a pensar de que se están dando una recomposición de fuerzas al interior de la FGR, con la que pueden recobrar poder personas que colaboraron activamente en ilícitos o que omitieron cumplir con su deber durante la administración del exfiscal Luis Martínez”.
Se pidió la posición sobre el tema del Fiscal General Raúl Melara a través de la Dirección de Comunicaciones, pero se dijo que no se iba a pronunciar sobre esa situación denunciada por Funde, para no perjudicar las investigaciones internas a los fiscales del caso Corruptela.
Idhuca dice hay “crisis interna”
Con respecto a la investigación interna de los fiscales, el director del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), José María Tojeira, calificó esa situación como una “crisis interna en la Fiscalía”.
Agregó que dentro del Ministerio Público existe “persecución interna de fiscales, intentos de salvarse unos a base de hundir a otros”.
Recordó que el actual Fiscal General tiene “demandas de inconstitucionalidad en su nombramiento y detrás de todo el fantasma de Enrique Rais”, por lo que se hace necesario que se recurra a un diálogo interno.