Entre noviembre y diciembre, al menos siete personas han sido atendidas por quemaduras de pólvora, en el sistema de salud. Pese a este dato que ya da señales de alerta, la campaña de prevención las instituciones de Gobierno , que recuerda los riesgo de la pólvora, aún no inicia.
Pero los casos que conmueven y evidencian la peligrosidad de los productos pirotécnicos salen a luz, como el hecho de la explosión de una cohetería ilegal en Santa Ana el fin de semana pasado, que acabó con la vida de dos niños y tiene a un tercero más luchando por su vida. El menor de 10 años, quien se encuentra en estado grave, viajó el lunes a Houston, Estados Unidos, para ser atendido en el Hospital Shriners de Galveston.
Junto a él viajó también su madre; el niño tiene lesiones en el 30% de su cuerpo, informó en redes sociales el Gobierno de El Salvador.
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Este accidente es lo más reciente que ha puesto en el foco el peligro de la pólvora, y más con las fiestas de fin año a la vuelta de la esquina.
Según datos que reportó el Ministerio de Salud en enero de 2020, durante el periodo del 24 de diciembre de 2019 a las primeras horas del 1 de enero de 2020 hubo 206 personas que sufrieron quemaduras.
Es decir, casi a ritmo de 25 cada día. Y en los dos años anteriores, fueron 103 quemados en 2018 y 135 en 2017, de acuerdo con el archivo de esa cartera de Estado.
En promedio, 123 personas han sufrido quemaduras en los últimos tres años para las fechas donde los juegos pirotécnicos son más utilizados por la población, a pesar de que su uso está regulado y que hay algunos que están prohibidos por ley.
No hay campaña
Para el doctor Eduardo Espinoza, exviceministro de Salud durante la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, es preocupante que a pleno diciembre no exista un plan para el control del uso de pólvora, ni una campaña para sensibilizar a la población ante el peligro de estos artefactos.
Foto EDH / Jessica Orellana
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Explicó que en años anteriores, para noviembre ya había un plan estructurado entre Protección Civil, alcaldías, Ministerio de Salud, Fosalud y Hospital Bloom, entre otras entidades, el cual se echaba a andar desde los primeros días de diciembre. Actualmente, ninguna de las entidades del Estado mencionadas ha emitido información alguna sobre el manejo de pólvora.
“Nosotros incrementamos el número de unidades de cuidados intensivos (UCI), los cirujanos plásticos y el personal auxiliar. Además, reducir el número de quemados es más efectivo que atenderlos. Un hospital como el Bloom tiene más credibilidad, por eso nos apoyábamos en los pediatras para que salieran a explicar a los padres que tienen que proteger a los niños de la pólvora. Eso tiene mucho más impacto a que lo haga un ministro. Pero eso no se ha hecho, tampoco alguna campaña al respecto”, lamentó Espinoza.
A inicios de este año, la entonces ministra de Salud, Ana Orellana Bendeck, explicó que el mayor porcentaje de personas con quemaduras, en las pasadas festividades de navidad y fin de año, se colocó en el rango entre 15 y 59 años, y detalló que el costo para el Estado en cuanto a la atención diaria de estos pacientes rondaba entre $1,600 a $1,900 para quienes ingresaban a cuidados intensivos.
Para Espinoza es alarmante que todavía existan las ventas y fábricas clandestinas de juegos pirotécnicos, como la que produjo la explosión en Santa Ana, “y lo que va a pasar es que van a reventar y preocupa que ocupan trabajo infantil. Entonces, será una vuelta a la situación de antes de que se implementara la normativa”, dijo, ya que estas acciones están penalizadas por ley.
El médico también llamó a una participación más activa de las alcaldías, pues “son las que emiten autorizaciones para los que van a vender cohetes. En las ventas no se permite personas que no estén autorizadas por la alcaldía correspondiente. Hay que controlar el grosor de los morteros, que no haya silbadores, medidas de seguridad… nada de eso se ha hecho”, insistió el galeno.
Unidad para personas quemadas es zona COVID-19
En medio de este panorama, destaca que la Unidad de Personas Quemadas del Hospital Bloom no está funcionando como tal, sino que ha sido designada por el Ministerio de Salud para atender a pacientes por COVID-19 durante la pandemia que estalló en marzo 2020, según confirmó a El Diario de Hoy un profesional que trabaja en ese hospital, quien pidió reserva de su nombre.
La unidad funciona desde 2010 en un edificio frente a Emergencias del Bloom, y su construcción tuvo un costo de $1.8 millones. De esa cifra, $733,000 fueron donados por la familia Dan Meehan, y $800,000 llegaron de la Fundación Bloom.
En el lugar se ha atendido durante una década a cientos de pacientes, en su mayoría menores de edad. La zona está equipada con Ucis, quirófano, pequeña cirugía, área de máxima urgencia y recuperación, y su principal característica es el ambiente estéril, para no permitir que se infecten los tejidos afectadas por las quemaduras de los pacientes.
La fuente consignó que todo el equipo y personal que atendía en dicho lugar a los pacientes con quemaduras fueron asignados a otra área, y que han mantenido la atención con normalidad. Sin embargo, evitó dar más detalles o cifras en cuanto a cómo están tratando a los pacientes.
En un reporte del 3 de enero de 2020 sobre las fiestas de fin de año, Salud informó que hubo 98 niños y 108 adultos con quemaduras.
Descuidar a los niños con la pólvora conlleva multa
Desde 2014 existe en El Salvador la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia.
Algunos de los artefactos prohibidos son: silbadores, buscaniguas, triángulo de la muerte, pelotitas de fútbol explosivo, destructor, mina del mar, bomba de mezcal y morteros mayores al número 5. A pesar de esta probihición, muchas personas aún continúan fabricando, vendiendo y adquiriendo estos materiales de forma clandestina.
La ley señala en sus artículos 39 y 40 las prohibiciones y multas para infractores. Las sanciones económicas van desde $304.17 hasta 10 veces esa cantidad, dependiendo si se trata de una falta leve, grave o muy grave.
Una falta leve es “vender producto pirotécnico de forma ambulante o en lugares no autorizados, por la autoridad competente”. Esta multa es de un salario mínimo.
Entre las faltas consideradas graves está el “permitir que niñas, niños y adolescentes manipulen productos pirotécnicos sin la supervisión de una persona adulta”, la cual recaería por ejemplo sobre padres que no mantengan bajo vilancia a sus hijos en cuanto a la pólvora. Esta multa asciende a $1,520.85.
Como falta muy grave se incluye “fabricación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación e internación de los productos pirotécnicos” antes mencionados y otros más, entre ellos fulminantes, roque y misil chino, botellita de champán y otros productos similares”. La multa para esta infracción es de $3,041.70.