Los puertos y aeropuertos del país, que son parte importante de la economía nacional y que reflejan su nivel de dinamismo, no lograron proyectarse a nivel internacional, aunque el Gobierno asegura, en sus últimos informes, que se han modernizado con diferentes inversiones y proyectos que incluso anteriores administraciones gubernamentales no ejecutaron.
Sin embargo el gran tema pendiente, y que tampoco logró resolver el segundo gobierno del FMLN, fue la concesión del Puerto de La Unión, una obra logística que continúa desolada frente a las aguas del Golfo de Fonseca mientras que países como Honduras, con Puerto Cortés, se han posicionado y aprovechado su ventaja competitiva.
En el caso del aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Gobierno afirma que se invirtieron $19.6 millones de $86.9 programados, como parte del proceso de expansión y modernización para aumentar el movimiento de pasajeros a 3.2 millones anuales, aunque los proyectos se enfocaron más en los últimos tres años en la remodelación del estacionamiento, la ampliación del área comercial y las oficinas , entre otros proyectos.
De todos estos temas, el Gobierno asegura que la ampliación de la terminal aérea de pasajeros en la primera etapa es lo que permitirá construirán cinco nuevas salas de espera, obras exteriores y su equipamiento.
Según el documento del plan 10 consultado, hay un avance del 32% en estas obras, aunque la que más destaca la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) es la ampliación del área comercial y de oficinas, donde se han invertido casi $4 millones, y la remodelación del parqueo de la terminal aérea con la instalación de una planta fotovoltaica con una inversión de $630,000.
Desde hace varios años la terminal de pasajeros del principal aeropuerto del país se encuentra sobrepasada en su capacidad de atención, algo que ha sido señalado incluso por las aerolíneas comerciales, que son los principales clientes de la terminal.
En 2018, el aeropuerto recibió 3.3 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 8 % en comparación a 2017, aunque manteniendo la misma infraestructura, por lo que CEPA ha hecho tres titularizaciones que totalizan $220 millones para los diferentes proyectos de modernización de la terminal aérea.
Otro tema pendiente es la modernización y ampliación de la terminal de carga del aeropuerto, un proyecto que a mediados de 2017 se vendió como la primera obra de infraestructura pública que se ejecutaría bajo la modalidad de asocio público-privado pero que a finales de 2018, luego de que Fomilenio II aportara estudios técnicos y financieros, CEPA decidiera que no se iba a ejecutar por razones que siguen siendo desconocidas.
¿Que ha pasado en Acajutla?
La historia en el principal puerto del país no es distinta a la de otras obras logísticas. En Acajutla, lejos de apostar por la modernización e incluso ampliación de la capacidad instalada del puerto, la autónoma solo ha hecho inversiones para adquirir grúas y otros equipos mecánicos pero no se ejecutaron planes o proyectos para la terminal marítima.
En abril del año pasado, por ejemplo, CEPA entregó unas grúas hidráulicas valoradas en $3 millones y luego presentó unos estudios de proyecciones hechos por la empresa coreana DY Engineering que aseguró que modernizar la terminal marítima implicaría una inversión que supera los $156 millones , algo que no ha estado en los planes de la autónoma, que también tiene entre sus activos el Puerto de La Unión, el aeropuerto de Ilopango y los ferrocarriles.
Pese a todos estos escenarios el puerto de Acajutla sigue manejando 200,000 Teus al año, cifra que aún está muy por debajo de puertos como Quetzal, en Guatemala, y de Cortés, en Honduras que han hecho más inversiones para responder al aumento de la demanda regional.
La eterna espera del puerto de La Unión
La que puede ser considerada como la gran deuda no solo de este último quinquenio sino de los dos gobiernos del FMLN es la concesión del puerto de La Unión, una obra que ha sido calificada como “un elefante blanco” por diferentes sectores económicos porque, lejos de posicionar al país a nivel regional, lo terminó aislando.
El último intento por concesionar el puerto se hizo el año pasado pero varios operadores se retiraron del proceso aduciendo “falta de transparencia” mientras que CEPA desconocía que, la agencia de cooperación de Japón (JICA) debía emitir una “no objeción” para desarrollar la licitación, algo que sigue pendiente y mantiene entrampado todo el proceso.
Mientras todo esto sucede el gobierno sigue pagando un préstamo por casi $105 millones a Japón, cuando Guatemala, Honduras y Nicaragua (por no mencionar a Panamá) tienen definida su política portuaria y se han vuelto más competitivos.