El proyecto de presupuesto que fue presentado el pasado 30 de septiembre de 2020 por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tuvo recortes financieros, entre estos ajustes a publicidad por un monto de $7.91 millones, en un presupuesto que fue aprobado con 58 votos a favor en una jornada maratónica la madrugada del 24 de diciembre.
Los diputados del partido ARENA y el FMLN hicieron un estudio meticuloso del proyecto de presupuesto 2021 en la Comisión de Hacienda para reducir gastos y orientarlos a partidas desfinanciadas.
Las instituciones del gobierno que tuvieron reducciones en propaganda fueron: la Presidencia, con un monto de $2,933,065; la Corporación Salvadoreña de Turismo, por $1,241,758; el ministerio de Hacienda con una reducción de $1,044,040; la Lotería Nacional de Beneficencia, con $678,650 menos; y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con un presupuesto menos de $610,600.
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Otras entidades a las que les fue recortado el presupuesto de publicidad son la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con $553,115 menos; el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con $489,550 menos; el ministerio de Obras Públicas y Transporte, por un monto de $150,000; el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) con una reducción de $114,000, y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) con menos $93,650.
En esa misma plenaria, la Asamblea Legislativa también aprobó una reducción a consultorías de 17 entidades del gobierno, por un monto de $25.6 millones, ya que los diputados argumentaron que no fueron justificadas y aspiraban a contar con un presupuesto de $57 millones para este destino.
Las entidades que tuvieron mayor reducción en este rubro fueron el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), por un monto de $6,301,695, y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) con $4 millones.
Las otras entidades con reducciones son la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con $2,940,600 menos; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con una reducción de $2,788,790; el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con $1,799,090 menos; el ministerio de Agricultura y Ganadería, por un monto de $1,500,000; y el ministerio de Obras Públicas y Transporte con una reducción de $1,425,795.
Recortes a consultorías
También tuvieron reducción para consultorías la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), por un monto de $1,113,750; el Ministerio de Turismo con una reducción de $761,445; el Ministerio de Vivienda, con $564,836 menos, el Ministerio de Hacienda, con una reducción de $558,105; la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), por un monto de $531,726; el Ministerio de Gobernación con una reducción de $528,245; el Ministerio de Defensa con $370,500 menos; la Presidencia de la República, por un monto de $265,975; la Superintendencia de Competencia con $132,375 menos; y el ministerio de Relaciones Exteriores con $25,755 menos.
Auditorías sin justificación de peso
Schafik Hándal, del FMLN, dijo a El Diario de Hoy el pasado 28 de diciembre que esta reducción a las auditorías se había hecho porque no existía justificación de peso para realizarlas, ya que los representantes del Ejecutivo que llegaron a la Asamblea a defender los presupuestos asignados no supieron no explicar en qué consistían.
“En el presupuesto lo que se hizo fue corregirle la plana desde un principio (al gobierno). Las últimas correcciones que se le hicieron fue quitar los gastos superfluos, como el caso de las consultorías que nunca dijeron de qué tipo eran, más parece que para pagar favores”, dijo.
En la plenaria donde se aprobó el presupuesto los diputados argumentaron que las reducciones fueron necesarias para cumplir con incrementos que se realizaron a instituciones estatales, organismos y municipalidades a las que el gobierno les redujo el presupuesto.
Uno de estos casos fue el Órgano Judicial, que tenía un presupuesto menor a lo que dice la Constitución, donde se le tiene que asignar el 6 % del presupuesto. La Asamblea le aumentó fondos por un monto de $51.8 millones para cumplir con lo establecido en el último inciso del artículo 172 de la Constitución, dice el decreto.
El diputado Víctor Suazo, del FMLN, se suma a lo dicho por Hándal y explica que “no fueron justificadas las consultorías. Con la figura de consultorías las inflaron totalmente y lo que se hizo es dejar un monto normal como el del 2020 porque tampoco había una justificación de porqué era tan exorbitante el aumento”.
Explica que según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) a las consultorías se les da un trato distinto, a diferencia de una licitación normal, donde el gobierno puede decir a qué consultor contratar y el resultado de esa consultorías puede ser cualquier tipo de documento.
“Le da facilidad al gobierno de darle dinero a quien quiera, y de una consultoría, ¿el resultado cuál es?, puede ser una página que diga ‘yo recomiendo invertir en educación’, y le paguen $300,000 para que me digan eso”, expone Suazo.
¿Pago de favores?
Señala que al no justificar dichos fondos se pueden hacer presunciones sobre el destino debido a que se podrían usar como mecanismo para repartir dinero y “comprar lealtades o pagar favores”, o al ser aprobado el presupuesto, ya en la ejecución, por acuerdo ministerial el gobierno cambiar de partida presupuestaria dentro del ramo y pasarlo a bienes y servicios y poder inflar la publicidad.
“De hecho esto es lo que han estado haciendo con los gastos financieros, ahí escondieron gastos que no querían hacerlos de conocimiento público, los metieron como gastos financieros y ya en la ejecución del presupuesto, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, como es dentro del mismo ramo, no requiere aprobación legislativa, pasaron de gastos financieros a publicidad”, sostiene Suazo.
Añade que en este presupuesto también el gobierno puede hacer eso de consultorías pasarlo a otro rubro sin la necesidad de una autorización de la Asamblea.
Menos margen para ataques políticos
Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), señala que lo positivo que hizo la Asamblea con el presupuesto es la reducción a entidades que ha venido manejando el gobierno para atacar y hacer propaganda gubernamental.
“Le recortaron a lo innecesario, a lo que no es útil para la población, a la Organización de Inteligencia del Estado, que no es útil porque los organismos funcionan más para espiar a los ciudadanos y no para la seguridad. Le bajaron a Defensa, porque no estamos en guerra, y ya es uno de los presupuestos más altos de Centroamérica; le bajaron a Gobernación, que tampoco es productivo”, dice Rubio.
Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Funde, opina que los recortes le parecen acertados debido que observó un patrón de que existía un “foco” publicitario, y que mantenerlo mientras sigue la pandemia no es estratégico ni prioritario.
“El recorte genera incomodidad, pues la publicidad ha tenido a flote a este gobierno. A pesar de los fracasos que ha tenido en materia de salud, enfrentando la pandemia, o fracasos económicos. En ese sentido, incomoda al Ejecutivo y por eso se ha hecho bastante evidente en redes sociales que el presidente tiene una molestia con ese tema”, expone Sandoval.
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Añade que a nivel latinoamericano, ningún país, salvo los que tienen tintes autoritarios, invierten en publicidad antes de invertir en temas como vacunas o programas sociales que impacten en la calidad de vida de las personas en la pandemia.
“Los recortes son adecuados, correctos, en sintonía con lo que vivimos y con lo que debería ser el foco del Ejecutivo, y los ajustes de la Asamblea buscan reforzar aspectos como salud, pensiones, seguridad antes que temas tan banales desde una perspectiva política, como el gasto en publicidad cuando hay gente muriendo”, sostiene Sandoval.
Agrega que ALAC ha realizado un cálculo de finales del 2019, donde existe un estimado en publicidad y pautas de Facebook de $250,000 mensuales, sin agregar otras redes como Twitter e Instagram, además de la prensa escrita y televisiva.