La trama de la Corte de Cuentas y CEL para desvanecer seis anomalías en caso de la presa El Chaparral

Fiscalía dice que hubo “movimientos maliciosos” para desaparecer hallazgos en examen a la ejecución del contrato, como el pago de Cel a Astaldi de $108.5 millones por una obra inconclusa.

Foto EDH / Archivo

Por Mirella Cáceres

Feb 24, 2020- 04:30

Siete observaciones encontradas durante la auditoría a la ejecución del contrato de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral entre 2011 y 2013 por un equipo de auditores de la Corte de Cuentas encendió las alarmas, pero no para corregir o desvanecer técnicamente los señalamientos, sino para mover piezas que condujeran al menos a borrar aquellos hallazgos más graves.

Estas observaciones de un equipo de auditores del ente fiscalizador quedaron plasmadas en un informe-borrador al término del examen a la ejecución del contrato firmado entre la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (Cel) y la empresa italiana Astaldi para construir la presa El Chaparral. El examen correspondía al período del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, y abarcaba la supervisión del proyecto a cargo del consorcio Ingenieros Consultores Civiles Eléctricos S.A. y Euroestudios S.L. para el período del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013.

Debido a que la autónoma no había desvanecido en una primera instancia las deficiencia detectadas, los auditores las mantuvieron en su informe fechado el 12 de septiembre de 2014. Es aquí donde comienza una serie de movimientos estratégicos dentro de la misma Corte y de Cel, dice la investigación de la Fiscalía General de la República, que concluyeron en una alteración de los resultados del examen en el informe final.

Estos movimientos incluyeron la degradación a técnico del coordinador general de Auditoría y dos nombramientos de directores que tuvieron que ver con la manipulación del informe, según Fiscalía. (Ver infográfico).

De las siete observaciones, una tenía que ver con la creación de un código para meter muchas partidas presupuestarias y que, a juicio de uno de los auditores, estas partidas no las iban a justificar y por lo tanto se volvía una vía para desviar fondos sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, la administración (Cel) argumentó que el Ministerio de Hacienda les había autorizado a trabajar de esa forma y que no había ningún problema.

Pero los auditores mantuvieron las restantes seis observaciones. Una de ellas, hasta hoy una de las más cuestionadas y por lo que hay un proceso judicial abierto, fue que la Cel no presentó documentación que respaldara el monto base de $85 millones con el que negoció un arreglo directo con la Astaldi para liquidar el contrato sin que la obra hubiese avanzado ni la mitad y por la que al final terminó pagándole $108.5 millones.

Otra deficiencia encontrada fue el uso de $16,889,717.70 del anticipo entregado a Astaldi para la construcción de la central hidroeléctrica y que en la práctica esa inversión no se veía. Esto tiene que ver con otro de los señalamientos: la falta de liquidación del anticipo por $60 millones por parte de Astaldi.

Otra observación fue un evidente atraso en la construcción de la central en un 68.48 % que violaban los plazos del contrato.

Una quinta deficiencia tenía que ver con un pago de $210,912.71 al consorcio Euroestudios- Ingetec por gastos reembolsables sin haber documentación de respaldo.

También le señalaron los auditores a la Cel que había hecho gastos extemporáneos por $544,446.72 en concepto de comisión del préstamo no utilizado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El BCIE prestó a la Cel $163 millones para este proyecto, pero para el 31 de diciembre de 2011 solo había utilizado $32.9 millones.

El informe-borrador con estas deficiencias detectadas, fue presentado por la jefa del equipo de auditores el 12 de septiembre de 2014 al director de Auditoría de la Corte para que lo revisara. Este tenía, según la ley de la Corte de Cuentas, diez días para hacer las observaciones y mandar a llamar a la administración para la lectura del informe.

En ese proceso no solo se daban por notificados, sino que podían aportar documentación que no habían podido presentar en la etapa de ejecución del examen y con la que pudieran justificar deficiencias, explica la fiscal que lleva el caso judicial contra José Isidro Cruz Argueta y Wilfredo Aguilar Montesinos, excoordinador general de Auditoría y director de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas, respectivamente, acusados de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios vinculados al examen a El Chaparral.

La estrategia para que caducaran hallazgos

En esta etapa, dice la fiscal, la Cel comienza a pedir prórroga tras prórroga, las cuales son por cinco días, alegando que no podía estar presente en la lectura del informe. Las peticiones, que al final fueron cinco en total, eran hechas al presidente de la Corte. “Los funcionarios señalados decían: ‘no podemos llegar, concédanos diez días mas’. Y así se fue dando la primera, segunda, hasta llegar a la quinta prórroga, todas autorizadas por el presidente (de la Corte de Cuentas) Johel Valiente”, detalla la fiscal.

Tras las cinco prórrogas concedidas a Cel, el director Aguilar Montesinos convoca a la lectura del informe-borrador. Era el 10 de abril de 2015, habían pasado siete meses desde que los auditores le habían entregado el informe.

Tras esa lectura, los funcionarios de Cel presentan documentación en un intento de disipar los señalamientos; sin embargo, dice la investigación fiscal, esos papeles eran los mismos que habían presentado en la etapa de ejecución de la auditoría, es decir, no hay nuevos aportes. En virtud de eso, tanto los técnicos como los auditores contables determinan que los hallazgos se mantienen.

“Después de eso, en abril de 2015, el licenciado Montesinos sabía que después de esa lectura había un tiempo prudencial para sacar el informe final con los hallazgos de forma definitiva; fue hasta el 12 de junio de 2015 que se emitió ese informe final pero en él solo hay dos hallazgos”, declara la fiscal.

Foto EDH / Archivo

Las cinco prórrogas concedidas y la tardanza en convocar a la lectura del borrador y emitir el informe final, son para el director de la Defensa de los Intereses del Estado de Fiscalía, Mario Donal Salazar, una “estrategia” para alargar los tiempos y lograr que expiraran los plazos establecidos para estos casos.

Según Salazar, cuando se cita a todas las personas involucradas, se les lee cuáles han sido la deficiencias observadas y se les da una nueva oportunidad para que ellos las desvanezcan. Pero ellos, dice con base en lo dicho por los mismos auditores, presentan la misma documentación que les presentaron antes, por lo que a criterio de los auditores todas esas deficiencias no subsanadas se mantenían y pasaban a ser hallazgos.

“Fue una estrategia de la administración para que les caducara todos los hallazgos”, señala además el jefe fiscal Salazar.

Para la fiscal del caso tampoco hay duda. “Era una premeditación de lo que ellos querían que pasara. Era evidente porque no desconocían ellos la ley, no desconocían el cumplimiento de plazos”, afirma.

Prueba de ello, añade la funcionaria, son las prórrogas que le concedieron a la Cel a lo largo de seis meses, es decir que se prolongaron desde septiembre de 2014 a abril de 2015.

Desaparecen las irregularidades en el papel sin base técnica, pero queda huella

Luego de la lectura del informe y la firmeza de los auditores sobre las seis irregularidades, Aguilar Montesinos emite el informe final, pero en este solo hay dos hallazgos: el que tiene que ver con el pago a Euroestudios-Ingetec por $210,000 y el pago extemporáneo $544,446.72 por comisión de préstamo.

“Los dos hallazgos que quedan eran los más leves: no pago de (cuotas laborales) AFP y de ISSS, pago de casa para Euroestudios por $250,000. Los $85 millones y los $16 millones desaparecen. Y cuando bajan el informe, solo con la firma de Aguilar Montesinos, (contiene) los cuatro hallazgos desvanecidos”, dice Salazar.

Según Fiscalía, Aguilar Montesinos desvanece los hallazgos sin ningún fundamento. “Manda a llamar a los auditores que trabajaron previo a emitir el informe final y les dice: ‘¿cómo yo puedo hacer?, porque ustedes no han entendido esto y estos hallazgos no deben quedar’. Se da una discusión entre ellos”, relata la fiscal del caso.

Pero ante la negativa de los auditores y la jefa de ellos de cambiar los resultados del informe, Aguilar Montesinos borra los cuatro hallazgos más graves. Pero de esta acción, según la investigación fiscal, deja rastros al “tachar” el documento en formato Word que le habían remitido y allí también deja registrado que lo hacía sin fundamentación técnica.

El informe arreglado, a conveniencia de Cel, sigue su curso y llega a la Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas. La jueza advierte algo raro cuando ve desvanecidos los cuatro hallazgos y convoca a una reunión, en donde cuestiona a los auditores pero ellos le dicen que ellos sí consideraron que debían mantenerse.

“Los auditores comienzan a discutir con palabras acaloradas y dijeron al director que ellos no iban a asumir responsabilidades de él. Entonces viene el director y le dice, a pregunta de la jueza de por qué había desvanecido esos hallazgos que fue ‘a mi criterio técnico’. La jueza le cuestiona cuál es el criterio técnico y que lo debía sustentar porque ella pensaría que lo hizo a criterio personal, que hay una base sobre la que debe sustentar. Pero él dijo ‘a mi criterio técnico’ y nadie lo sacó de allí”, detalla la fiscal sobre el encuentro.

Salazar lo relata así: “Aún dentro de la Cámara, dice con una sonrisa sarcástica: ‘a mi criterio se desvanecieron’”.

Según el jefe fiscal, de toda auditoría debe quedar un respaldo físico y magnético o digital, por lo que el arreglo quedó registrado.

A esas alturas del proceso, dice Fiscalía, de los dos únicos hallazgos “más leves” dejados en el informe final, uno había caducado totalmente y el otro de forma parcial.

A la actual presidenta de la Corte de Cuentas no le quedó más que declararlos así y certificar ese caso a la Fiscalía, según la ley. Esa certificación vino a reforzar las indagaciones que ya habían iniciado a raíz de publicaciones periodísticas, dice la fiscal del caso.

El Diario de Hoy publicó entre agosto y septiembre de 2015 una serie de reportajes sobre las principales irregularidades encontradas en la ejecución de este proyecto, entre ellas el millonario arreglo directo con Astaldi.

Publicó además un comparativo del informe borrador y el informe final, este último obtenido vía acceso a la información pública. Pero al analizar ambos documentos, se evidencia la desaparición de los hallazgos más graves que habían plasmado en el primer documentos los auditores.

“En el hallazgo 6 hay $11 millones que están dentro de la programación se ha dado como un adelanto y hay un cronograma de actividades y de inversión de obra; es el anticipo de obra y han fugado los capitales, $11 millones para Panamá y $1 millón para Costa Rica”, señala el jefe fiscal Salazar.

Salazar pone otro ejemplo: “Los $60 millones, eso lo pagaron en base a los avances de la obra, y no hay avances porque no le presentaron actas de recepción de esos avances”.

Ante todo esto, la fiscal del caso concluye: “Astaldi y Euroestudios hicieron lo que ellos quisieron sin que Cel los estuviera, supuestamente, supervisando. Era su dinero. De ese dinero hicieron (los contratistas) compras como a Corinca que nunca debieron hacerlas. La administración no justifica los señalamientos que les estamos haciendo”.

Y añade: “Eso fue totalmente contrario a derecho, no lo debieron haber hecho porque los auditores que hicieron el trabajo le estaban diciendo: ‘estos hallazgos no se desvanecen con todo lo que la administración está diciendo, por tanto continúan”.

De momento solo hay dos imputados por esta presunta manipulación del informe final del examen a este contrato, pero dice Fiscalía que puede haber nuevos hallazgos en la etapa de instrucción, dictada el viernes anterior por un juez de Paz, además de que Aguilar Montesinos y Cruz sigan procesados.

La defensora de los dos imputados, Ana Bertha Deleón, afirmó que la investigación de la Fiscalía es “bastante frágil” y que ellos solo cumplían órdenes provenientes de la presidencia de la Corte.

En ese sentido, la abogada cuestionó que se le esté excluyendo al expresidente de la Corte de Cuentas de una imputación penal.

Foto EDH / Archivo

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