Siete observaciones encontradas durante la auditoría a la ejecución del contrato de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral entre 2011 y 2013 por un equipo de auditores de la Corte de Cuentas encendió las alarmas, pero no para corregir o desvanecer técnicamente los señalamientos, sino para mover piezas que condujeran al menos a borrar aquellos hallazgos más graves.
Estas observaciones de un equipo de auditores del ente fiscalizador quedaron plasmadas en un informe-borrador al término del examen a la ejecución del contrato firmado entre la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (Cel) y la empresa italiana Astaldi para construir la presa El Chaparral. El examen correspondía al período del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, y abarcaba la supervisión del proyecto a cargo del consorcio Ingenieros Consultores Civiles Eléctricos S.A. y Euroestudios S.L. para el período del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013.
Debido a que la autónoma no había desvanecido en una primera instancia las deficiencia detectadas, los auditores las mantuvieron en su informe fechado el 12 de septiembre de 2014. Es aquí donde comienza una serie de movimientos estratégicos dentro de la misma Corte y de Cel, dice la investigación de la Fiscalía General de la República, que concluyeron en una alteración de los resultados del examen en el informe final.
Estos movimientos incluyeron la degradación a técnico del coordinador general de Auditoría y dos nombramientos de directores que tuvieron que ver con la manipulación del informe, según Fiscalía. (Ver infográfico).
De las siete observaciones, una tenía que ver con la creación de un código para meter muchas partidas presupuestarias y que, a juicio de uno de los auditores, estas partidas no las iban a justificar y por lo tanto se volvía una vía para desviar fondos sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, la administración (Cel) argumentó que el Ministerio de Hacienda les había autorizado a trabajar de esa forma y que no había ningún problema.
Pero los auditores mantuvieron las restantes seis observaciones. Una de ellas, hasta hoy una de las más cuestionadas y por lo que hay un proceso judicial abierto, fue que la Cel no presentó documentación que respaldara el monto base de $85 millones con el que negoció un arreglo directo con la Astaldi para liquidar el contrato sin que la obra hubiese avanzado ni la mitad y por la que al final terminó pagándole $108.5 millones.
Otra deficiencia encontrada fue el uso de $16,889,717.70 del anticipo entregado a Astaldi para la construcción de la central hidroeléctrica y que en la práctica esa inversión no se veía. Esto tiene que ver con otro de los señalamientos: la falta de liquidación del anticipo por $60 millones por parte de Astaldi.
Otra observación fue un evidente atraso en la construcción de la central en un 68.48 % que violaban los plazos del contrato.
Una quinta deficiencia tenía que ver con un pago de $210,912.71 al consorcio Euroestudios- Ingetec por gastos reembolsables sin haber documentación de respaldo.
También le señalaron los auditores a la Cel que había hecho gastos extemporáneos por $544,446.72 en concepto de comisión del préstamo no utilizado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El BCIE prestó a la Cel $163 millones para este proyecto, pero para el 31 de diciembre de 2011 solo había utilizado $32.9 millones.
El informe-borrador con estas deficiencias detectadas, fue presentado por la jefa del equipo de auditores el 12 de septiembre de 2014 al director de Auditoría de la Corte para que lo revisara. Este tenía, según la ley de la Corte de Cuentas, diez días para hacer las observaciones y mandar a llamar a la administración para la lectura del informe.
En ese proceso no solo se daban por notificados, sino que podían aportar documentación que no habían podido presentar en la etapa de ejecución del examen y con la que pudieran justificar deficiencias, explica la fiscal que lleva el caso judicial contra José Isidro Cruz Argueta y Wilfredo Aguilar Montesinos, excoordinador general de Auditoría y director de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas, respectivamente, acusados de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios vinculados al examen a El Chaparral.
La estrategia para que caducaran hallazgos
En esta etapa, dice la fiscal, la Cel comienza a pedir prórroga tras prórroga, las cuales son por cinco días, alegando que no podía estar presente en la lectura del informe. Las peticiones, que al final fueron cinco en total, eran hechas al presidente de la Corte. “Los funcionarios señalados decían: ‘no podemos llegar, concédanos diez días mas’. Y así se fue dando la primera, segunda, hasta llegar a la quinta prórroga, todas autorizadas por el presidente (de la Corte de Cuentas) Johel Valiente”, detalla la fiscal.
Tras las cinco prórrogas concedidas a Cel, el director Aguilar Montesinos convoca a la lectura del informe-borrador. Era el 10 de abril de 2015, habían pasado siete meses desde que los auditores le habían entregado el informe.
Tras esa lectura, los funcionarios de Cel presentan documentación en un intento de disipar los señalamientos; sin embargo, dice la investigación fiscal, esos papeles eran los mismos que habían presentado en la etapa de ejecución de la auditoría, es decir, no hay nuevos aportes. En virtud de eso, tanto los técnicos como los auditores contables determinan que los hallazgos se mantienen.
“Después de eso, en abril de 2015, el licenciado Montesinos sabía que después de esa lectura había un tiempo prudencial para sacar el informe final con los hallazgos de forma definitiva; fue hasta el 12 de junio de 2015 que se emitió ese informe final pero en él solo hay dos hallazgos”, declara la fiscal.