El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló que para 2020 El Salvador percibirá ingresos de $5,670 millones y egresos de $6,426 millones, lo que refleja un amplio faltante para cubrir las cuentas del presupuesto.
Por esa razón, la investigadora del departamento de estudios económicos de Fusades, Carolina Alas de Franco, dijo que el plan presupuestario para 2020 no cumple con la ley de responsabilidad fiscal.
Eso se debe a que en la propuesta no se establece las metas fiscales del balance primario.
La falta de ajuste, a su vez, genera un mayor endeudamiento para la ejecución del ejercicio fiscal.
“Estamos hipotecando el futuro. Este año el gobierno va a pagar más de mil millones de dólares en servicio de la deuda, es decir, en capital e intereses”, sostuvo Alas.
El endeudamiento se debe, principalmente, al gasto corriente que genera el Estado. Ese gasto, según Alas de Franco, es mayor por irregularidades y la falta de control de las cuentas gubernamentales.
Tal es el caso de los salarios, bonos y prestaciones que no muestran un recorte presupuestario para el año próximo, sobre todo del Ejecutivo, quien recibirá $16 millones más que el año pasado.
Para poder financiar el presupuesto de 2020, se recurrirá a la deuda externa y para Alas de Franco, “va a llegar un momento en el que se cerrarán las fuentes de financiamiento”, por lo que será más difícil obtener los fondos necesarios para el ejercicio fiscal.
Esa dificultad aumenta debido a los bajos niveles que el país obtiene actualmente en los índices de competitividad que, a su vez, reducen la confianza de entidades financieras internacionales para conceder créditos.
Una forma de financiar el presupuesto será la emisión de títulos valores por parte del Estado.
Para la economista, es una medida poco factible que generará un endeudamiento más prolongado.
Acotó también que es necesario “un presupuesto por resultados que permita fiscalizar mejor el uso de los fondos” y que oriente eficientemente todos los ingresos.
Asimismo, explicó que para que se supere el déficit a largo plazo es necesario establecer una ley de administración estatal que regule los salarios y prestaciones sin afectar a los empleados públicos.