Empresarios y microempresarios que les proveían de bienes y servicios a las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio) se encuentran en un limbo con respecto al pago de esas prestaciones a la referida entidad antes de que asumiera este nuevo gobierno.
Las deudas asumidas por esta entidad con los proveedores van desde 1,000 hasta 200,000 dólares, según denuncian algunos de los afectados.
Uno de los denunciantes sostuvo que trabajaban con la referida asociación a base de pedidos y la cancelación por los bienes proveídos era cada 15 días.
“Cuando se dio el cambio de gobierno nos quedamos en el limbo, nos dijeron que nos iban, inclusive como dos días antes nos seguían haciendo pedidos,pero al ver que los pagos no eran efectivos, casi todos dejaron de proveer”, dijo uno de los afectados que les proveía de productos alimenticios.
Han transcurrido más de tres meses desde que las nuevas autoridades de Centros Penales asumieran las funciones y aún no les han pagado la deuda que Asocambio tiene con ellos.
Las nuevas autoridades de Centros Penales les dijeron que Asocambio era la entidad que les tenía que responder por los servicios proveídos, pero hasta el momento nadie de Asocambio les ha dado una respuesta.
“Ya llevamos junio, julio, agosto y todavía no nos dan una respuesta”, dijo el denunciante, quien agregó que las autoridades de Penales se comprometieron a cancelarles la deudas después de que revisaran la documentación y verificaran que todo se había hecho de manera legal.
“Aparentemente eso ya terminó (período de revisión), pero no nos quieren pagar, no hay una disposición de ellos, se han presentado cartas a Asocambio, se han dirigido cartas al director de tiendas institucionales de penales y no se ha tenido una respuesta concreta”, dijo el afectado, a quien le deben 20 mil dólares por la dotación de productos alimenticios.
Hay proveedores que le deben mil o dos mil dólares, pero hay empresas con las que Asocambio tiene deudas de más de 200 mil dólares, según el denunciante. En mayo pasado les llevaron las facturas para su pago, incluso en junio todavía les proveyeron de productos y todo eso esta pendiente de pago.
“Hemos intentado llegar por todas las instancias pertinentes y hasta el momento se nos ha dicho que esperemos o sea van tres meses, ya se planteó al señor director y no hemos tenido respuesta”, dijo uno de los afectados.
Ante la incertidumbre expresada por uno de los afectados, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, sostuvo que los exfuncionarios que estuvieron al frente de Asocambio deberán de responder por las deudas contraídas por esa asociación y por el personal contratado para el funcionamiento de la referida entidad.
“El caso está en la Fiscalía que investiga los hechos y si la Fiscalía emite una resolución en la que ordene que se le pague a los proveedores, se les va a pagar, pero será Asocambio, el dinero que está dispuesto de Asocambio podría servir para pagar a los proveedores como al personal contratado”, dijo Rivas.
Asocambio es una asociación “sin fines de lucro” creada en 2018 para financiar, promover, desarrollar, y administrar las tiendas en las cárceles y granjas penitenciarias.
En la junta directiva tenían participación el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima.
El futuro de la referida asociación todavía es incierto. En junio pasado, la Fiscalía comenzó a investigar supuestos actos de corrupción en la referida entidad no gubernamental a petición de las autoridades de Seguridad Pública.
Asocambio captó unos 14 millones de dólares de las ventas en las tiendas de los penales entre el 2018 hasta junio pasado, pero que ese dinero nunca ingresó a las arcas del Estado, sino que fue directo a la referida asociación.
“Nosotros hemos identificado algunos indicios en el manejo de los fondos como por ejemplo obviar la Ley Lacap, la Ley de los Procedimientos de las compras del Estado, el pago de las planillas sin la aprobación del Ministerio de Hacienda, y eso es lo que venimos denunciar a la Fiscalía”, dijo Rogelio Rivas, ministro de Seguridad.