“No importa si es Nayib Bukele, Daniel Ortega, Jair Bolsonaro, Donald Trump o el mismo Vladimir Putin”, dice José Apolonio Tobar. “Ninguno de ellos tiene facultades para afectar derechos humanos escudado en su popularidad o con el pretexto de la emergencia en la que nos encontramos”.
En medio de la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria y económica, y las medidas para evitar una catástrofe de mayor envergadura, el procurador para la defensa de Derechos Humanos conversó con El Diario de Hoy sobre las principales denuncias que su oficina ha recibido en este periodo excepcional. Asimismo, enfatizó una y otra vez en un mensaje claro: no se puede violar los derechos y las libertades fundamentales.
La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) que él dirige ha recibido hasta el momento 778 denuncias de violaciones a derechos fundamentales desde que inició la crisis actual.
De estas, 172 tienen que ver únicamente con detenciones automáticas a quienes han presuntamente violado la cuarentena domiciliar. Esto fue declarado ilegal por la Sala de lo Constitucional, que exige una ley que establezca los protocolos para los infractores de la medida y ha prohibido el confinamiento automático de los infractores, pues no hay señales objetivas de que sean sujetos de contagio.
Para cumplir la resolución, la Sala delegó a la institución que dirige Tobar dar seguimiento de estas violaciones, por lo que él remitió esta semana un informe inicial, el cual describió a este medio.
El informe a la Sala
José Apolonio Tobar inicia su descripción con una aclaración que podría parecer innecesaria, pero a la luz de la retórica del gobierno central es importante: “Ni la Sala de lo Constitucional, ni la PDDH, ni este procurador estamos en contra de la cuarentena”.
Añade que desde un inicio vio bien la medida, pues es “importante para garantizar el distanciamiento social y evitar los contagios masivos del COVID-19”. Sin embargo, desde su oficina denuncian un patrón repetido de detenciones ilegales, tratos crueles e inhumanos, improvisación en los centros de contención y una retórica peligrosa del presidente y sus funcionarios, lo cual ya empezó a permear en los cuerpos de seguridad.
Más allá de las 172 denuncias que la PDDH ha certificado a la Sala de lo Constitucional, el procurador advierte que hay muchas más detenciones que elementos policiales han realizado a quienes supuestamente infrinjan la cuarentena. La PNC les ha informado de 794 capturas hasta el 19 de abril. Sin embargo, este funcionario pone en tela de juicio esta cifra, pues el mismo portal oficial del gobierno sobre el COVID-19 da cuenta de más de 2,200 retenidos.
Esto, a su juicio, puede deberse a que la Policía no lleve al día sus informes a la PDDH, que haya habido gente detenida desde antes o que no les quieran informar de todos los casos. “Ojalá esta disparidad no esté vinculada a una intención de querer incumplir el mandato constitucional de informar sobre todas las detenciones”, reflexiona.
Cualesquiera que sean las razones, el procurador lamenta la continuación de esta política sin fundamento legal y recuerda que esto puede acarrear consecuencias a quien ordene (presidente de la República), consienta (ministro en cuestión) o ejecute (un agente policial o efectivo militar) algo en contra de la ley.
Por ello, indica, han hecho llegar a la Sala de lo Constitucional el informe para que esta decida cómo se procede con quienes han desacatado una orden de estricto cumplimiento.
Además de las capturas, Tobar indica que “el informe también evidencia uso excesivo de la fuerza por la Policía y por las Fuerzas Armadas, aunque es mucho menor el número de denuncias a las Fuerzas Armadas”.
Entre los casos certificados, ilustra los más conocidos, como el joven que fue baleado en sus piernas por un policía, el adulto mayor a quien obligaron a caminar con su bicicleta al cuello a una estación policial donde posteriormente le humillaron, o la golpiza que dieron a un joven en Apopa que requirió la operación de este último. “No es posible que en una emergencia nacional para tratar el virus, además estemos sufriendo agresiones por el uso excesivo de la fuerza”, dice Tobar.
¿Corresponsabilidad de Bukele?
“Por supuesto que el presidente tiene corresponsabilidad” en estos abusos, menciona Tobar, quien ilustra que entre las comparecencias de agentes policiales a personal de la Procuraduría, un policía les ha dicho que “tienen un escudo”, en alusión a las órdenes de Bukele; y un soldado les indicó que estaban “listos para obedecer al presidente, hacer lo que él les dijera y no tenían miedo de terminar presos por esto”.
Según Apolonio Tobar, esto es muy grave, pues el mensaje del presidente empieza a tener efecto en la población. El pasado 6 de abril, en una cadena nacional, el mandatario afirmó que no le molestaría escuchar denuncias de mayor uso de la fuerza a quienes rompan la cuarentena.
“Estas órdenes no están sustentadas en argumentos técnicos o legales”, le reitera el procurador al mandatario.
Por otra parte, destaca que algunos agentes han optado por conducir a las personas a sus casas, pues son conscientes de la resolución judicial y han elegido seguir la ley aun si esto les trae problemas con sus autoridades superiores.
“Sí hay conciencia de que detener personas por incumplir la cuarentena es ilegal, pero hay gente que cree tener un escudo o no le interesa ir a prisión”, matiza.
Por ello, añade que le parece lamentable la posición del presidente, quien literalmente desafió la orden judicial y al tribunal constitucional. “Eso es no reconocer la institucionalidad y querer echar al traste el sistema democrático que incluso le llevó a ser presidente”, denuncia Tobar. Y esto, reitera, es peligroso pues nos pone en riesgo de recorrer una senda autoritaria “que nos conduzca de regreso a 1970, donde imperaba la fuerza como medida de gobierno y el que no pensaba igual era eliminado”.
Este temor, explica, no solo se fundamenta en los hechos recientes sino en lo visto el pasado 9 de febrero, cuando en un pulso con la Asamblea Legislativa, el presidente optó por llenar el Salón Azul de militares fuertemente armados.
INFOGRAFÍA: Hay 384 denuncias por violación de derechos sólo en San Salvador
Poca preparación
Además de las claras violaciones a derechos fundamentales, el procurador ha recibido denuncias de negligencia y malos tratos en los centros de contención.
Sobre esto, considera que en concepto era buena la medida de prevenir contagios, pero que es notorio que “el equipo de gobierno del señor presidente no está a la altura de las condiciones que requiere el país”.
Tobar recuerda que desde inicio de año hubo signos de que el COVID-19 ocasionaría graves problemas, lo que pudo haber motivado una preparación temprana de estos centros de cuarentena, pero llegado el día de activar los protocolos, “no se sabía quién, cómo o incluso a dónde se llevaría a la gente a estos lugares”.
En estos espacios, observaron falta de alimentación y bebida adecuada, hacinamiento y condiciones que elevaban el riesgo de contagios. Además, lamenta que a muchas personas se les reinicie la cuarentena, cuando la ley estableció que sería de 30 días. “Por eso, hemos dicho que desde el día 31 ya se configura una detención ilegal”, manifiesta.
Esta aparente negligencia, además de la actitud poco democrática del presidente preocupa a Tobar, quien entiende que todos están bajo estrés, pero recuerda que esto no es razón para pisotear los derechos humanos.
Los derechos no son un lujo
Los derechos humanos parecen plantearse como un “lujo” en tiempos de emergencia, lamenta el procurador, quien al instante desmiente este pensamiento. “Los derechos fundamentales están creados no a expensas o en detrimento de algo más”, explica.
Por ello, se suma incluso al mensaje de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha dicho que toda acción para atender la crisis sanitaria debe respetar los derechos humanos.
De repetirse este patrón, advierte, vendrá más y más denuncias y cuando la crisis pase, se activarán los mecanismos legales para castigar a quien ordene, consienta y ejecute órdenes ilegales.
Y, como dijo la Sala, el procurador recuerda que “alegar obediencia debida, que solo se seguía órdenes, no eximirá a nadie de un castigo”. Asimismo, reflexiona que, al igual que en el conflicto armado, no será válido excusarse en la situación extraordinaria por haber violado derechos fundamentales. Esto va, aclara, “desde el presidente hasta los policías”.
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