“No puede ser que por mal manejo del ministerio, mi esposo esté este día muerto, mis hijos se quedaron sin padre. Tengo un niño de cinco años que no sé como decirle que mi esposo ha fallecido. ¿Quién me ayuda con el dolor que yo siento? ¿Quién? Nadie”, reclamó, ayer, Dina de Méndez, luego de conocer sobre la muerte de su esposo, Óscar Méndez Beltrán, un ingeniero de 56 años de edad.
Méndez Beltrán es la tercera persona que fallece, luego de estar dentro de un centro de contención y la causa de los decesos no ha sido el nuevo virus (más información página 4). Los centros de contención son instalaciones, incluido hoteles, que el Gobierno ha habilitado para aislar a salvadoreños y extranjeros que entran al país, en afán de contener la propagación del COVID-19.
El Procurador de Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, declaró que el Gobierno ha puesto en riesgo la salud de las personas que cumplen cuarentena en los centros de contención y vulnera los derechos de salud y el derecho a la vida de estas.
“Es evidente. Al haber hecho esa mezcla de personas sin tomar en cuenta la procedencia por supuesto que se puso en riesgo la salud. Hoy en día (están en riesgo) los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a la salud. Estamos exigiendo que se respete el derecho a la salud”, reiteró Tobar.
Hasta ayer a las 7:30 de la tarde, el Gobierno contabilizaba 96 centros de contención a nivel nacional y 4,276 personas en esos lugares.
El procurador explicó que la Sala de lo Constitucional ordenó que un centro de contención debe reunir los requisitos mínimos y entre esos está la atención adecuada a la salud.
“La Sala de lo Constitucional, en el Hábeas corpus 150-2020, ya ha dicho que todas las personas que están en cuarentena tienen derecho a conocer el resultado del examen Covid que le estén practicando”, declaró el procurador.
Además, el procurador indicó que con relación a las personas que se encuentra cumpliendo cuarentena en el hospital Saldaña, ha firmado una resolución con medidas cautelares, entre ellas exigir que se garantice la asistencia técnica sanitaria de quienes están guardando cuarentena en el nosocomio.
El funcionario mencionó que el derecho a la salud y a la expresión, “no está restringido ni en el decreto 594, ni en el 611 de la Asamblea y menos puede estarlo en el decreto 12 del ministerio de Salud”.
Tobar aseguró que en los centros de contención hay pocas pruebas practicadas a diario. “Están practicando 10 pruebas cada 3 días. Lo otro, no se proporciona el resultado de la prueba”, explicó.
Tobar recordó que como institución denunciaron la vulneración de los derechos de las personas en sitios de cuarentena, ya que estos no reunían las condiciones de separación para generar una verdadera cuarentena por epidemia y manifestó que se violentaron los derechos humanos.
“Desde que no hubo atención diferenciada a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños, hubo afectación a los derechos humanos”, dijo.
El procurador explicó que por la emergencia del coronavirus hay un expediente en el departamento de San Salvador y manifestó que tienen un promedio de 90 denuncias diarias de vulneración a los derechos humanos por la emergencia de coronavirus.
Vea el mapa del avance del coronavirus en El Salvador
“Luego de finalizada la emergencia vamos a realizar un informe de todo lo que hemos observado y haremos llegar a los organismos internacionales como la CIDH, la Naciones Unidas y al alto comisionado”, expresó.
Autoridades del Gobierno han omitido hablar sobre la situación. La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, al ser consulta en conferencia de prensa sobre el deceso del salvadoreño y la mala atención de las personas en cuarentena, se levantó de la mesa sin dar declaración oficial sobre la muerte de Méndez Beltrán.
Mientras que el presidente Nayib Bukele señaló que se ocupa el sufrimiento de la familia para “sacar raja política”.