Representantes de organizaciones de sociedad civil que trabajan por el tema de la transparencia advirtieron ayer deficiencias en el proceso de entrevistas que inició esta semana la Asamblea Legislativa para elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La subcomisión del Congreso que analiza los perfiles de los candidatos entrevistó ayer a siete aspirantes: los contadores públicos Douglas Mirón Arévalo, Ismael Pereira Márquez, Antonio Góchez Cano y Balmoris Escalante García; la economista Karla Guardado Gámez;y los abogados Josué Mata Aldana y Julio Bendek Panameño.
Con ellos, suman 19 profesionales, de un total de 75, que han sido evaluados por los diputados para sustituir a los actuales magistrados del ente contralor, cuya gestión para la que fueron electos por tres años termina el 27 de agosto.
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En el lapso de 30 minutos que duró la intervención de cada participante, explicaron las razones por las que creen que pueden ocupar el cargo, resumieron los planes que desarrollarían y respondieron cuestionamientos de los parlamentarios.
La mayoría de los entrevistados aseguró que trabajará por devolverle la credibilidad a la institución, modernizarla y promover la transparencia.
Sin embargo, para Carlos Palomo, presidente de la Asociación Tracoda, el proceso de entrevistas no es satisfactorio ni acorde a lo que en realidad se requiere para elegir magistrados idóneos. Además señaló que las preguntas que los diputados hacen son superficiales y no permiten conocer en profundidad ni la visión ni la capacidad técnica de los entrevistados.
Palomo también cuestionó que el instrumento de evaluación que los diputados han generado no tiene utilidad porque no toma en cuenta aspectos como la pertinencia de la formación académica o la experiencia laboral.
“Por lo rápido que van, y por lo simple de los cuestionamientos, parece que ya tienen arreglada la elección”, apuntó Palomo.
Palomo fue secundado por Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien advirtió que no hay una definición sobre el funcionario a elegir ni un instrumento de ponderación que permita comparar a los candidatos.
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“Esto nos lleva a que ya se está configurando un proceso donde la decisión política sobre quienes van a ser electos no parten de elementos objetivos, de que son personas idóneas, probas para ocupar el cargo”, apuntó Escobar.
Sobre los 30 minutos que dura cada intervención de los candidatos, el jurista opinó que es muy poco para indagar en las cualidades, el nivel de probidad y otros aspectos que no se reflejan en las hojas de vida.
Para Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción (ALAC) de Funde, se espera que quienes sean electos tengan los méritos, las competencias técnicas y la ética para llevar a cabo sus funciones, pues serán parte de una institución que es parte del sistema nacional de rendición de cuentas.
Proponen transparencia y modernización
En su intervención, el abogado Josué Mata Aldana señaló que trabajaría por la digitalización y modernización de los procesos de los juicios de cuentas, no solo para funcionar con tecnología de primera, sino para conservar los expedientes que se aprueban.
Además, dijo que buscará impulsar un sistema que permita tener alertas tempranas para detectar cuando un expediente sea recibido, la inactividad del proceso, las prórrogas solicitadas y el tiempo para emitir sentencia.
Otro entrevistado fue el director de la oficina regional de la CCR de San Miguel, Ismael Pereira Márquez, quien ha trabajado 20 años en la institución y dijo que de llegar a ser magistrado promovería la transparencia y la capacitación continua.
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El diputado del PCN, Mario Ponce, le cuestionó sobre “informes maquillados” de auditorías realizadas a varias alcaldías de la zona oriental y si eso no era un reflejo de que los funcionarios incumplían sus funciones. “Eso es falso, lo podemos probar y tenemos los informes. Monitoreamos, vamos a visitar los equipos de auditorías”, respondió Pereira Márquez.
En febrero, El Diario de Hoy hizo una publicación sobre una red de auditores de la CCR que habría cobrado hasta $40,000 por limpiar auditorías de no menos de 10 alcaldías del oriente del país. La presidenta del ente contralor, Carmen Elena Landaverde, confirmó que había una investigación en desarrollo.
El contador Balmoris Escalante García señaló que él trabajaría por aumentar la credibilidad que como ente fiscalizador se debe tener ante organismos internacionales, países que financian al país y la ciudadanía en general.
Mientras tanto, Julio Bendek Panameño, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que él cumple con requisitos que exige el perfil de un magistrado: tener independencia y compromiso para combatir la corrupción.