Ile María Giralt de Carpio, acusada de falsedad documental agravada por presuntas irregularidades en el proceso de construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín (hoy Monseñor Romero), fue sobreseída definitivamente por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. En ese proyecto vial, de acuerdo a las investigaciones, se habrían malversado $20,570.000.
Los jueces absolvieron a la imputada, el lunes, después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictara un hábeas corpus a favor de la exasesora jurídica del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En el escrito ella alegó que el delito que le atribuyó la Fiscalía General, como cómplice no necesaria, se había vencido.
La Oficina de Comunicaciones de los Tribunales informó que De Carpio tiene que continuar en el juicio -que inició el 23 de junio- junto con el exministro del MOP, Jorge Nieto, acusado de peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes.
Con ellos también son procesados el exvicemenistro, Sigifredo Ochoa Gómez; Ernesto Cañas Ayala, Alberto Colorado Cordero, Carlos Ruiz Ayala y Raúl Menjívar.
La semana pasada, los jueces detuvieron el juicio para que fiscales y defensores ordenaran la prueba documental que será incorporada en el proceso. Estaba programado que la vista pública se reiniciara el lunes anterior, pero ese día el Tribunal extendió el plazo una semana.
Exministro también espera que Sala Constitucional lo ampare
El 21 de junio pasado, dos días antes de que iniciara el juicio contra los exfuncionarios y exempleados de Obras Públicas, la Sala de lo Constitucional le admitió un “hábeas corpus” al exministro Nieto.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que cuando él estuvo en el cargo, entre enero de 2007 y mayo de 2009, habría malversado $28,266,085 en el diseño y construcción del tramo II del referido bulevar.
Según la resolución de la Sala, el exfuncionario planteó en el escrito una posible vulneración a sus derechos porque, desde el 18 de septiembre de 2013, se ha visto restringido ilegalmente de su derecho de libertad física.
Primero por la detención provisional decretada por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador y luego por las medidas alternas a la detención ordenadas por el Juzgado Quinto de Instrucción por el proceso penal que enfrenta luego de que fuera denunciado, en 2010, por Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Nieto agrega que no se le ha garantizado el debido proceso porque dos veces intentó acceder a las diligencias iniciales de investigación para ejercer su defensa, pero se le negó por no tener la calidad de imputado. Él sostiene que la acusación en su contra se basa “en una tesis fiscal errónea, subjetiva carente de toda prueba objetiva que sustente los supuestos ilícitos”.
El día que inició el juicio, los abogados de Nieto pidieron al Tribunal que reprogramara la diligencia hasta que la Sala de lo Constitucional resolviera el hábeas corpus, pero los jueces rechazaron la solicitud.