Personas retenidas por la Policía por presuntamente incumplir la cuarentena por la pandemia. Foto EDH / Archivo.
Más allá de los números, múltiples informes periodísticos dan cuenta de desgarradoras historias de salvadoreños que fueron retenidos injustamente, e incluso abusados, por salir a buscar alimentos.
Además de las capturas
En este periodo extraordinario, también se ha consignado que cientos de salvadoreños ingresaron a centros de cuarentena hacinados y sin estándares de bioseguridad. Ahí, cientos de salvadoreños han sido contagiados y algunos han fallecido por negligencia de las autoridades a cargo.
En un informe presentado en abril, Human Rights Watch denuncia falta de acceso a agua, alimentación y medicamentos en estos centros supuestamente dispuestos como una medida sanitaria para prevenir contagios.
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Y durante un alza en la criminalidad en tiempos de confinamiento, el presidente exhibió a cientos de reos semidesnudos y hacinados, muchos sin mascarilla. Esto ganó el inmediato repudio internacional de decenas de actores, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o Amnistía Internacional, quienes le recordaron que una pandemia no da excusas para violar derechos y que los reos siguen siendo sujetos de estas garantías fundamentales.
En su momento, y por estas medidas, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó que “además de demagogia penal, me parece que estamos frente a un líder populista que cree que su popularidad le da licencia para gobernar como un déspota. Habría que recordarle que no vivimos en los tiempos de Luis XIV”.
Antes de la pandemia
Como dijo el doctor Zaffaroni, la pandemia solo explota características que ya existían. Antes del COVID-19, ya había abusos notorios a derechos fundamentales en El Salvador.
Estos, como advirtió recientemente el procurador de Derechos Humanos José Apolonio Tobar, han intentado excusarse con la alta popularidad de la que goza el presidente Bukele.
En septiembre de 2019, Amnistía Internacional criticó que el gobierno de El Salvador accediera a convertirse en un “tercer país seguro” y se comprometiera a recibir solicitantes de asilo de Estados Unidos mientras este país procesa sus solicitudes.
La directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional, Charanya Krishnaswami, manifestó que “este acuerdo se burla del derecho de asilo. Las personas no deberían verse obligadas a buscar seguridad en países donde no estarán seguras”.
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Asimismo, tras una visita al país, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó una drástica reducción de homicidios y criminalidad, que de hecho es uno de los puntos positivos más notorios de este año de gobierno, pero manifestó que había poca claridad de las medidas que han llevado a esto y que sigue presente el enfoque represivo pese a que el gobierno vende la idea de reconstrucción del tejido social.
En su momento, la CIDH advirtió que “el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles”.
Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, observa “un grave retroceso en materia de derechos humanos” y lamenta que una constante de la gestión Bukele sea “el uso de fuerza militar del poder Ejecutivo con la finalidad de imponer su posición ante otros poderes del Estado y los que califica como.opositores políticos”.
La CIDH también identificó violaciones a los derechos humanos de los reos, como las deficientes condiciones de los penales y medidas como “el aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas, y obstáculos para garantizar un debido proceso”.
Otro punto que esta instancia hemisférica destacó es el discurso estigmatizante contra las voces críticas, lo cual lesiona significativamente la libertad de expresión.
Esto es consistente con acusaciones de diferentes periodistas y hasta la misma administración Trump, fiel defensora de la administración Bukele, ya da cuenta de esfuerzos por silenciar las preguntas críticas. Asimismo, hay una clara omisión del presidente, que no pide la calma de algunos de sus simpatizantes que reaccionan con odio y agresividad a los opositores e incluso incitan la violencia contra ellos.
En un editorial publicado en El Faro, el subdirector del Idhuca, Manuel Saracais, lamentó que “un aspecto que ha caracterizado el actual periodo presidencial, hasta ahora, es el ataque (…) contra quienes son etiquetados como opositores, parte ‘del 3 %’; una etiqueta que también se les coloca a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
En el caso de las personas LGBTI, el informe lamenta que tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social fue creada la Unidad de Género y de Diversidad en el Ministerio de Cultura, pero sigue pendiente institucionalidad para defender a estos grupos.
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Finalmente, la CIDH no observó “medidas para prevenir el desplazamiento forzado, asistir humanitariamente y garantizar medidas duraderas y seguras de retorno o reasentamiento voluntario de las personas desplazadas”.
En fin, ha sido un año de altas expectativas, pero una administración que no ha priorizado la transparencia en sus medidas, ni ha atendido las graves deficiencias en derechos humanos que El Salvador ha acarreado por décadas. Mucho antes del COVID-19, los derechos ya estaban en confinamiento.
Como resumió Medrano, de Cristosal, “la gestión gubernamental se ha caracterizado por ausencia de planificación en cualquier tema”. En este año, ella solo ve dos objetivos claros: ”Dotar de poder nuevamente a los militares y militarizar a la PNC, un grave retroceso de los Acuerdos de Paz y una permanente campaña proselitista de cara a las elecciones 2021 basada en la confrontación”.