Primer año de gobierno de Bukele: 365 días de derechos humanos en cuarentena

Mucho antes de la pandemia del COVID-19, las garantías fundamentales de los salvadoreños parecían guardadas. En un año, el gobierno ha vuelto a empoderar a los militares en seguridad pública, ha violado derechos de los reos, desprotegido a poblaciones LGBT y debilitado la libertad de expresión.

Foto EDH / Archivo

Por Ricardo Avelar

Jun 02, 2020- 06:40

Tanques de pensamiento y organizaciones que defienden los derechos humanos alrededor del mundo lo han advertido: del lado del coronavirus, llegó al mundo otra peligrosa enfermedad, la de los abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

En El Salvador, esta advertencia se ha transformado en realidad. El mismo Congreso de Estados Unidos, en una propuesta de legislación firmada por representantes de ambos partidos, advirtió que la pandemia estaba sirviendo de excusa para abusar del poder.

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Lejos de dar la bienvenida a los cuestionamientos y rectificar, el presidente de la República ha enfilado sus ataques contra los que le piden no abandonar la institucionalidad y el respeto a derechos fundamentales. Les ha acusado de estar del lado del crimen, de la muerte, de financiar a criminales y hasta les ha ‘bloqueado’ en sus redes sociales. Y pese a sus discursos y comunicación, parece una realidad que mucho antes del COVID-19, los derechos humanos ya se encontraban en una larga y fría cuarentena.

Sin embargo, como advirtió hace unos días el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, “el coronavirus ha venido a agravar los problemas que hemos tenido antes”.

Capturas arbitrarias

En su resolución del 15 de abril, la Sala de lo Constitucional pidió al gobierno de Nayib Bukele abstenerse de capturar y conducir a centros de retención a personas por simplemente incumplir la cuarentena domiciliaria obligatoria. Si bien la Sala reconoció que dictar confinamiento es una medida positiva, advirtió que no puede encerrarse a alguien sin medidas objetivas que le califiquen de posible fuente de contagio de COVID-19.

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El gobierno no solo no rectificó. El mandatario instó a sus agentes a continuar las medidas e incluso dijo que “no me va a importar ver en las redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca’”. Él mismo hizo una apología a los abusos de poder y fuerza.

En los informes que cada 5 días remite la Procuraduría Para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) a la Sala, esta institución da cuenta de 1,637 denuncias de violaciones de todo tipo durante la pandemia, 622 de las cuales son por detenciones arbitrarias, 350 por falta de atención médica oportuna, 226 por derecho al trabajo, 200 por falta de acceso a información y 160 por falta de acceso a agua y alimentos. En su portal oficial de COVID-19, el gobierno consigna 2,424 retenciones por presuntamente violar la cuarentena.

Personas retenidas por la Policía por presuntamente incumplir la cuarentena por la pandemia. Foto EDH / Archivo.

Más allá de los números, múltiples informes periodísticos dan cuenta de desgarradoras historias de salvadoreños que fueron retenidos injustamente, e incluso abusados, por salir a buscar alimentos.

Además de las capturas

En este periodo extraordinario, también se ha consignado que cientos de salvadoreños ingresaron a centros de cuarentena hacinados y sin estándares de bioseguridad. Ahí, cientos de salvadoreños han sido contagiados y algunos han fallecido por negligencia de las autoridades a cargo.

En un informe presentado en abril, Human Rights Watch denuncia falta de acceso a agua, alimentación y medicamentos en estos centros supuestamente dispuestos como una medida sanitaria para prevenir contagios.

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Y durante un alza en la criminalidad en tiempos de confinamiento, el presidente exhibió a cientos de reos semidesnudos y hacinados, muchos sin mascarilla. Esto ganó el inmediato repudio internacional de decenas de actores, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o Amnistía Internacional, quienes le recordaron que una pandemia no da excusas para violar derechos y que los reos siguen siendo sujetos de estas garantías fundamentales.

En su momento, y por estas medidas, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó que “además de demagogia penal, me parece que estamos frente a un líder populista que cree que su popularidad le da licencia para gobernar como un déspota. Habría que recordarle que no vivimos en los tiempos de Luis XIV”.

Antes de la pandemia

Como dijo el doctor Zaffaroni, la pandemia solo explota características que ya existían. Antes del COVID-19, ya había abusos notorios a derechos fundamentales en El Salvador.

Estos, como advirtió recientemente el procurador de Derechos Humanos José Apolonio Tobar, han intentado excusarse con la alta popularidad de la que goza el presidente Bukele.

En septiembre de 2019, Amnistía Internacional criticó que el gobierno de El Salvador accediera a convertirse en un “tercer país seguro” y se comprometiera a recibir solicitantes de asilo de Estados Unidos mientras este país procesa sus solicitudes.

La directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional, Charanya Krishnaswami, manifestó que “este acuerdo se burla del derecho de asilo. Las personas no deberían verse obligadas a buscar seguridad en países donde no estarán seguras”.

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Asimismo, tras una visita al país, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó una drástica reducción de homicidios y criminalidad, que de hecho es uno de los puntos positivos más notorios de este año de gobierno, pero manifestó que había poca claridad de las medidas que han llevado a esto y que sigue presente el enfoque represivo pese a que el gobierno vende la idea de reconstrucción del tejido social.

En su momento, la CIDH advirtió que “el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles”.

Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, observa “un grave retroceso en materia de derechos humanos” y lamenta que una constante de la gestión Bukele sea “el uso de fuerza militar del poder Ejecutivo con la finalidad de imponer su posición ante otros poderes del Estado y los que califica como.opositores políticos”.

La CIDH también identificó violaciones a los derechos humanos de los reos, como las deficientes condiciones de los penales y medidas como “el aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas, y obstáculos para garantizar un debido proceso”.

Otro punto que esta instancia hemisférica destacó es el discurso estigmatizante contra las voces críticas, lo cual lesiona significativamente la libertad de expresión.

Esto es consistente con acusaciones de diferentes periodistas y hasta la misma administración Trump, fiel defensora de la administración Bukele, ya da cuenta de esfuerzos por silenciar las preguntas críticas. Asimismo, hay una clara omisión del presidente, que no pide la calma de algunos de sus simpatizantes que reaccionan con odio y agresividad a los opositores e incluso incitan la violencia contra ellos.

En un editorial publicado en El Faro, el subdirector del Idhuca, Manuel Saracais, lamentó que “un aspecto que ha caracterizado el actual periodo presidencial, hasta ahora, es el ataque (…) contra quienes son etiquetados como opositores, parte ‘del 3 %’; una etiqueta que también se les coloca a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

En el caso de las personas LGBTI, el informe lamenta que tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social fue creada la Unidad de Género y de Diversidad en el Ministerio de Cultura, pero sigue pendiente institucionalidad para defender a estos grupos.

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Finalmente, la CIDH no observó “medidas para prevenir el desplazamiento forzado, asistir humanitariamente y garantizar medidas duraderas y seguras de retorno o reasentamiento voluntario de las personas desplazadas”.

En fin, ha sido un año de altas expectativas, pero una administración que no ha priorizado la transparencia en sus medidas, ni ha atendido las graves deficiencias en derechos humanos que El Salvador ha acarreado por décadas. Mucho antes del COVID-19, los derechos ya estaban en confinamiento.

Como resumió Medrano, de Cristosal, “la gestión gubernamental se ha caracterizado por ausencia de planificación en cualquier tema”. En este año, ella solo ve dos objetivos claros: ”Dotar de poder nuevamente a los militares y militarizar a la PNC, un grave retroceso de los Acuerdos de Paz y una permanente campaña proselitista de cara a las elecciones 2021 basada en la confrontación”.

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