En la Encuesta de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership que compara la transparencia en la elaboración, la participación y la ejecución del Presupuesto General de la Nación de 117 países, El Salvador alcanzó apenas 46 de 100 puntos posibles en materia de transparencia.
La encuesta evalúa información presupuestaria, las oportunidades de la ciudadanía de participar en la elaboración del presupuesto del Estado y si las instituciones de control como la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas hacen su trabajo de auditoría bajo los estándares internacionales, para auditar la ejecución del mismo.
En la encuesta el promedio de calificación de los países evaluados fue de 45 de 100 puntos, en transparencia presupuestaria. Este año El Salvador alcanzó 46 puntos.
El Salvador salió peor evaluado en el grado de participación de la ciudadanía y organismos de la sociedad civil, en cuanto a que estos participen en la elaboración del presupuesto, alcanzando apenas 13 puntos de los 100 posibles.
A nivel de la región centroamericana, según el análisis, en materia de participación ciudadana El Salvador supera a Nicaragua y Costa Rica que alcanzaron apenas 7 y nueve puntos, respectivamente.
Del total, 56 de los países evaluados sí permiten la participación ciudadana y 65 naciones dan un espacio formal de participación ciudadana.
En la ejecución del presupuesto, 31 países analizados sí facilitan que los ciudadanos participen y 86, en cambio, no lo permiten.
Mientras que el 74 % de países fallan en proveer información presupuestaria, es decir solo el 26 % comparten niveles suficientes de información, según los resultados de la encuesta.
El estudio revela además que uno de cada tres documentos presupuestarios no se pone a disposición de la población.
Recomendaciones
Según el análisis, El Salvador debe publicar puntualmente el informe de auditoría completo y en línea, y elaborar y publicar puntualmente la revisión de medio año de estos datos, para que la población tenga acceso.
Además se debe incluir información de las políticas financieras y estas deben estar claras en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, mencionó Rommel Rodríguez, economista de Funde y quien presentó la encuesta.
También se debe dar a conocer información sobre la deuda, tasas de interés, proyecciones sobre crecimiento económico y recaudación tributaria, entre otros datos.
Además, hay que permitir que las organizaciones civiles y los ciudadanos participen en la formulación del presupuesto para que puedan opinar sobre cómo se distribuyen y asignan los fondos del Estado.
Mejorar la manera de difusión del presupuesto, así como su grado de ejecución a través de los diferentes canales de información, aprovechando los portales digitales de las instituciones, es otra de las recomendaciones.
Según Rodríguez, debería existir un espacio formal donde la Asamblea escuche a los ciudadanos y a las organizaciones, eso podría estar contemplado en una ley especial o institucional, ya sea en el órgano Ejecutivo o Legislativo.
Fondos para crisis por COVID-19 sin manejo transparente
Rommel Rodríguez mencionó que el manejo que se le ha dado a los fondos de emergencia para el COVID-19 sin que el Ejecutivo brinde mayores detalles de la ejecución, está relacionado con la baja calificación que recibe el país en transparencia presupuestaria.
“Los diputados han aprobado fondos para la emergencia sin que haya información suficiente de cómo se están ejecutando los fondos. El manejo de los fondos para la emergencia es el reflejo de la baja calificación que tiene el país en tema de transparencia”, destacó.
Lo anterior revela que la información que se comparte es de mala calidad, apuntó.
En cuanto a la aprobación de los diputados de $1,000 millones que servirán para el plan de reactivación económica, mencionó que estos aún no son un hecho y dependerá de si se colocan los fondos.
“Si se colocan los fondos tendríamos una deuda alta y por ello los ciudadanos deben estar pendientes de cómo se ejecuta este dinero”, enfatizó.
Agregó que cada centavo que entra a las arcas del Estado debe ser fiscalizado porque dependiendo de eso, se tendrá la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para el economista la colocación de $1,000 millones en el mercado financiero internacional con la caída de los bonos hace que el país no sea atractivo para esa colocación.
A pesar del aval de la Asamblea Legislativa para salir a colocar los fondos, aún hay que esperar si los mercados están interesados en los bonos salvadoreños, explicó.
“Lo que pasó ayer es un paso más hacia la insostenibilidad financiera del Estado y que las condiciones no están dadas para salir a los mercados internacionales”, argumentó.
Si no se colocan los fondos el país mantendrá el mismo nivel de deuda y no habrá el líquido que necesita el Gobierno, y eso significaría hacer ajustes en el gasto con relación a lo que puede pagar, opinó.