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Gasto en computadoras sin base legal por sobrepasar presupuesto asignado en 2021

La Asamblea aprobó $214.7 millones, pero el Ejecutivo dice que ha invertido $450 millones.

Por Katlen Urquilla | Feb 24, 2021- 21:00

Alumnos de los centros educativos públicos serán beneficiados con la entrega de estos equipos tecnológicos. / Foto EDH cortesía Secretaría de Presidencia

La Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno de Nayib Bukele una partida de $214,703,120 para el Programa de reducción de brecha digital en centros escolares de El Salvador, como parte de los proyectos de inversión pública para 2021 del Ministerio de Educación, según datos oficiales.

Sin embargo, el presidente Bukele anunció esta semana que han hecho una inversión de $450 millones en la compra de computadoras para “eliminar la brecha digital” de estudiantes y docentes, lo que significa que el gasto sobrepasaría lo asignado por la Asamblea en $235,296,880.

Ante ese anuncio, abogados y diputados de la comisión de Hacienda de la Asamblea señalan que usar más fondos de los que están dentro de lo asignado en el presupuesto violaría varias leyes, además de la Constitución.

El artículo 228 de la Carta Magna establece que “ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos, si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto” y agrega que “sólo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa, para obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la deuda pública. Con tales finalidades podrá votarse un presupuesto extraordinario”.

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Pero además el artículo 43 de la Ley orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) prohíbe comprometer recursos fuera de lo presupuestado, como en este caso que sobrepasaría los fondos aprobados para invertirlos en el programa educativo, el cual comprende más que la compra de computadoras.

“Prohíbese a cualquier titular, u otro funcionario de las entidades e instituciones del sector público sujetas a las normas de la presente Ley, entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto, en forma temporal o recurrente, para el ejercicio financiero fiscal en ejecución”, dice en la normativa.

El mismo artículo señala que “los compromisos adquiridos o los contratos firmados en contravención de las normas de esta ley son nulos y sin valor alguno” y añade que “el incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causal para la destitución de los titulares o funcionarios infractores, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que incurra”.

El Ministerio de Educación cuenta para este año con un presupuesto de $1,320.4 millones, dentro de los cuales se destinan $235.7 millones para programas y proyectos de inversión que contempla los $214.7 millones para el programa de reducción de brecha digital.

Sin embargo, cuando el presidente Bukele informa que han invertido $450 millones para la compra de computadoras para 1.2 millones de estudiantes y más de 50,000 docentes indicaría que el Ministerio de Educación tendría disponibles $870.4 millones para cumplir con los demás compromisos de este año, incluyendo pago de salarios.

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De acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), el gobierno debe hacer una programación anual de las compras y, de acuerdo al presupuesto de Educación aprobado y disponible en el sitio web de la institución, la inversión de $450 millones en computadoras no está especificado como tal.

El artículo 16 de la Lacap establece que “todas las instituciones deberán hacer su programación anual de adquisiciones y contrataciones de bienes, construcción de obras y contratación de servicios no personales, de acuerdo a su plan de trabajo y a su presupuesto institucional, el cual será de carácter público”.

¿Qué dicen los que aprobaron los fondos?
El diputado Rodolfo Parker, miembro de la comisión de Hacienda, reafirmó que en el presupuesto 2021 lo autorizado fueron los más de $214 millones, por lo que el monto arriba de esa cantidad “no tiene respaldo presupuestario”.

Parker aseguró que a la fecha el Ejecutivo tampoco ha hecho ninguna petición a la Asamblea para hacer alguna reforma al presupuesto y asignar más fondos, de los ya aprobados, para la compra de computadoras. “No ha habido ninguna solicitud como corresponde, según la Constitución, porque únicamente puede reformar el presupuesto la Asamblea Legislativa”.

El legislador expresó que nadie está en contra de que se compren computadoras, pero señaló que el gobierno lo está haciendo con “propósito populista” en un momento electoral, lo cual además de antiético “es ilegal”.

“Están violando la Constitución y eso es muy grave”, sentenció, ya que añadió que si el Ejecutivo ha hecho movimiento de fondos entre instituciones para usar más dinero del aprobado sin la autorización de la Asamblea estarían pasando sobre la ley. “No se pueden hacer transferencias sin que previamente haya ido a la Asamblea Legislativa y también de ley que regula las adquisiciones”, acotó Parker.

Y remarcó que no se pueden comprometer fondos que no están en una partida presupuestaria.
También el diputado Rodrigo Ávila, de la comisión de Hacienda, apuntó que la partida de más de $214 millones aprobada al Ministerio de Educación es para dotar de computadoras a los maestros y estudiantes, pero también para capacitarlos, adquirir servidores y demás infraestructura.

Ávila recordó que la ley no permite que usen recursos del Estado sin una partida que respalde ese gasto. “Salen a repartir computadoras como locos, como si fueran bolsas de frijoles, pero se trata de una pantalla y tener un show político, entre improvisación y desesperación”, subrayó el legislador.

Pero también señaló las contradicciones en las que ha caído el gobierno con la adquisición de las computadoras, porque ha dicho que se trata de un convenio con Naciones Unidas, pero luego que es una compra institucional. Para él, que lo hayan hecho a las puertas de la elección ha sido para causar impacto ilusionando a la gente, aunque después no les cumplan.

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El legislador denuncia que hay “corrupción” del gobierno detrás de la entrega de computadoras, de la regalía de $300 dolares y en la compra de alimentos.

Ávila basa sus señalamientos en que Bukele y sus funcionarios no rinden cuentas a la población ni a las instituciones, se contradicen, cambian versiones, llevan todo al desorden y sólo buscan el “impacto propagandístico”, como ocurrió con las vacunas que, según el diputado, ya estaban disponibles y no las sacaron hasta una semana antes de las elecciones.

“Evadieron controles como lo hicieron con los alimentos y los 300 dólares, incurriendo en malversación y mal utilizando recursos del Estado a las puertas de un proceso electoral”, señaló.

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