Esta semana se conocieron varias propuestas del Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentadas a la Asamblea Legislativa, una de ellas es para reorientar $600 millones de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); en donde $500 millones van para gastos de distintas carteras de Estado.
Originalmente el crédito estaba destinado a un “Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19”, sin embargo, el gobierno justifica que ese dinero lo puso del Fondo General del Estado para entregar el subsidio dentro del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa), por lo que será ocupado en otros rubros.
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El procedimiento si bien es legal, viéndolo desde un punto de vista macro denota que el gobierno está incrementando el Presupuesto General de la Nación de 2021 en $500 millones, explicó el economista Rafael Lemus.
¿Qué implica esto? Según el experto al aumentar el gasto es como subir el déficit fiscal en unos 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
“Eso, sino estaba presupuestado, eso es algo que sí afecta las finanzas públicas, no es lo mismo terminar con un déficit de 4 puntos que con uno de 6 puntos”, señaló Lemus.
De los $600 millones que Hacienda pide a la Asamblea reorientar del crédito con el BCIE solo $100 millones van para cubrir el déficit presupuestario.
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“Lo que pudiera haber hecho el gobierno es usarlo totalmente para cubrir la brecha del presupuesto 2021 o si ya tenía cubiertas todas las necesidades de 2021, hacer inversiones, hospitales, escuelas, en realidad hacer obras que es para necesidades prioritarias de la población”, sugirió Lemus.
Pero es el caso que de esos $500 millones de más deuda que quedan a disposición del gobierno, $203 millones han sido destinados a financiar la ejecución del Bitcoin como moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre; una medida que es rechazada por la población. El resto del dinero está distribuido entre otras instituciones del Estado.
Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería van $24 millones para proyectos que “contribuyan a la modernización y fortalecimiento institucional y la seguridad alimentaria”; para el Ministerio de Economía $8.2 millones para el “fomento de la atracción de la inversión privada nacional y extranjera mediante la simplificación de trámites”.
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También se han destinado recursos para instituciones autónomas, entre ellas, $21 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), destinados “hacia proyectos de mejora de la infraestructura y servicios, para optimizar el suministro de agua potable”.
Otros $6 millones son para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), “para la modernización de infraestructura aeroportuaria y portuaria, a fin de mejorar la prestación de servicios”.
La Asamblea recién autorizó a CEPA firmar un contrato de Asocio Público Privado (APP) para la ampliación de la carga aérea del Aeropuerto Internacional de Comalapa con Alutech, una firma hondureña que donó un millón de dólares a la campaña electoral del presidente Nayib Bukele.
Para el Ministerio de Obras Públicas, van $15 millones que servirán para “realizar obras de mitigación por cárcavas”; y $500 mil para el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de “proveer soluciones habitacionales por emergencias”.
En total fueron tres peticiones las que Hacienda llevó a la Asamblea la semana pasada y en secreto, las otras dos son para reorientar $50 millones también de un préstamo con el BCIE que en un inicio era para medidas de recuperación económica por la pandemia. Según la petición de Hacienda estos fondos también salieron de las arcas del Estado para pagar el bono de $300 a las personas que no tenían un vínculo laboral ni ingreso permanente durante la cuarentena obligatoria.
Estos fondos ahora irán a palear compromisos del Ministerio de Hacienda detallados así: $20 millones para devolución de ingresos de años anteriores; $20 millones para la devolución del IVA a exportadores; y $10 millones para la devolución del Impuesto Sobre la Renta.
La tercera solicitud consiste en reorientar $136 millones, de los cuales $86 millones provienen de excedentes de ingresos con relación a las estimaciones programadas al mes de julio de 2021; y otros $50 millones producto de ahorros generados durante la ejecución de presupuestos institucionales, “debido al uso óptimo y eficiente de los recursos”, dice la petición de Hacienda.
Este dinero ahora sería ocupado en su mayoría por el Ministerio de la Defensa con $30.3 millones; Ministerio de Economía con $29 millones; por la Presidencia de la República con $19.2 millones; para el Ministerio de Gobernación con $9.4 millones; para el Ministerio de Seguridad $26.7 millones; para Educación $1 millón; al Ministerio de Cultura $2.6 millones; a Vivienda $500 mil; Agricultura y Ganadería $12 millones; Turismo $4 millones; Cancillería $800 mil; y el Instituto de Acceso a la Información Pública con $300 mil, entre otros.