Con los votos de 59 diputados de los partidos ARENA, PCN, GANA, CD e independiente, la Asamblea Legislativa ratificó ayer en una sesión plenaria extraordinaria el préstamo de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que será destinados no solo a la atención a la pandemia, sino a llenar vacíos fiscales. En concreto, los fondos van a productores agrícolas, municipalidades, veteranos del conflicto armado, Fomilenio, el hospital El Salvador y la recuperación económica tras las medidas de confinamiento.
Los $250 millones serán distribuidos de la siguiente manera: $75 millones para las necesidades de las municipalidades, $40 para los productores agrícolas, $20 millones para el fondo de mitigación y prevención de desastres, otros $55 millones para impulsar los proyectos de inversión de Fomilenio II, $30 millones para el funcionamiento del hospital El Salvador, que es exclusivo para la atención de pacientes del COVID-19, $12 millones para el pago de las pensiones de los excombatientes y $18 millones para la atención la emergencia, reconstrucción y recuperación económica.
De hecho, los $55 millones para Fomilenio fueron incorporados ayer, pues la propuesta original contemplaba que ese dinero iba para subsidio a salarios, algo que a juicio de legisladores ya va en el fideicomiso de $600 millones para reactivación que administrará Bandesal.
El decreto legislativo #350 que contiene la ratificación de los $250 millones consigna cláusulas anticorrupción, de transparencia y prácticas de rendición de cuentas, según fuentes legislativas.
Pese a esto, los diputados del partido de izquierda FMLN votaron en contra del préstamo porque, según ellos, ese dinero no va dirigido a atender las necesidades en los 33 hospitales para el combate del COVID-19 y para pagar los tres meses atrasados de las pensiones de los veteranos de guerra. “No seguiremos acompañando la corrupción, el nepotismo y la malversación de fondos”, dijo Shafick Hándal, diputado del FMLN.
Hándal cuestionó el destino de $40 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería porque a su juicio, el titular de esta cartera de Estado no ha rendido cuentas de la inversión de $258 millones que hasta la Corte de Cuentas ha cuestionado.
También el diputado del partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, pidió que se incorporara dos cláusulas que obligara al gobierno a rendir cuentas de fondos administrados anteriormente, pero la iniciativa no tuvo el apoyo de la mayoría de los diputados.
“Hay variada información disponible de compras u operaciones irregulares por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, dentro del marco de la pandemia COVID-19, por lo que, previo a la incorporación presupuestaria de los recursos de $250 nillones a que se refiere el presente dictamen, dicha administración deberá haber rendido cuentas de los fondos hasta hoy administrados, con detalle pormenorizado de los bienes y servicios comprados o contratados, inversiones o gastos efectuados, precios pagados y proveedores y destinos respectivos”, era uno de los párrafos que Parker propuso que se le sumara al decreto.
“El partido Demócrata Cristiano no votará por más deudas, sin antes no rinden cuentas”, dijo Parker en su intervención ante el pleno.
La diputada del FMLN, Nidia Díaz sostuvo que “les hemos autorizado y ratificado por millones. Esta vez hemos votado en contra de ratificar 250 millones porque no atiende prioridad y permite corrupción y nepotismo”, dijo Díaz.
En su intervención como jefe de la bancada legislativa de ARENA, Carlos Reyes, dijo que “estamos cumpliéndole a El Salvador en esta situación difícil que vive el mundo…Estamos honrando un compromiso internacional.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce sostuvo que “el BID ha hecho una deferencia excepcional para ayudarle a El Salvador a resolver los problemas fiscales del país ante la situación difícil que se vive por la pandemia del COVID-19”.
La sesión plenaria terminó a las 8:20 de la noche, sin que se aprobara otro préstamo de $20 millones que servirán para dotar de insumos médicos a los hospitales públicos del país para enfrentar el COVID-19, porque la mayoría de los diputados se habían retirado del Salón Azul y no hubo quórum.