Tras varias semanas de discusión, la Comisión de Hacienda aprobó este lunes un dictamen favorable para autorizar al Gobierno a suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $109 millones para la tercera fase del Plan de Control Territorial. El dictamen será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa el jueves. Para su aprobación se necesitan 43 votos.
A excepción del FMLN, los partidos acordaron que en el dictamen que se elaborará se hagan observaciones para que cuando el decreto regrese al Congreso para la ratificación del préstamo se pueda hacer una redistribución de los fondos.
“No se puede reformar el contrato entre el BCIE y el Gobierno, sin embargo pueden dejarse algunas especificaciones fuera del contrato (para) que en la próxima ronda, cuando venga a ratificación, se puedan cambiar el rubro. En el dictamen pueden ir observaciones, no así en el decreto… Se va a cambiar cuando venga la ratificación”, explicó Guadalupe Vásquez, diputado de GANA y presidente de la Comisión.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, señaló la semana pasada que el partido cotizó los precios estipulados en el documento que presentó el Ministerio de Hacienda y encontró una diferencia de $18.6 millones más de lo que debería invertirse para los equipos de videovigilancia y otros artículos, entre ellos un drone a un precio de un millón de dólares y un helicóptero usado valorado en $5 millones.
El funcionario propuso a la Comisión que en vez de comprar 167 vehículos para la Policía Nacional Civil se adquieran 540. Además, que se duplique la compra de uniformes para los agentes, es decir que no se compren 23,000, sino 46,000 y que se adquieran 30,000 botas y no 10,000 como se había contemplado. También propuso dotar a la institución con más de 11,800 chalecos.
“Dotemos a la Policía y a la Fuerza Armada de lo que realmente necesita. Estamos poniendo precios de mercado, cumpliendo con la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) para que no vaya a darse a malas interpretaciones”, dijo Reyes.
Rodolfo Parker, del PDC, propuso que también se prescinda de la compra de un buque para la Fuerza Armada (que costaría $13 millones, según el Gobierno) y en su lugar se adquieran lanchas rápidas para el combate al narcotráfico.
“Para la aprobación del préstamo de $109MM se depurará lista de equipos a adquirir, se honestarán precios y se suprimirán juguetes (buque)”, escribió el parlamentario, en su cuenta de Twitter, tras culminar la reunión de la Comisión.
Él también propuso que en el dictamen quede establecida la necesidad de un marco regulatorio para la operatividad de las cámaras de videovigilancia y que se incluya la garantía institucional.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, explicó que el partido no dio sus votos porque no se ha esclarecido el conflicto de interés entre el proyecto de videovigilancia con el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna.
También porque a la reunión de la Comisión asistieron el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), José María Tojeira y Manuel Escalante, quienes, según la parlamentaria, les advirtieron del peligro de dotar a la PNC y al Ejército con sistemas tecnológicos cuando el país no cuenta con regulaciones que protejan la intimidad y la información personal de la ciudadanía.
“Han visto hoy un súbito interés de aprobar este préstamo por parte de los partidos mayoritariamente de derecha… Me parece lamentable que aun con todas las observaciones que tiene y la incompetencia que ha tenido el Gobierno para poder dilucidar todas las dudas haya una aprobación de esta naturaleza”, reprochó Urbina.
En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, escribió: “Los diputados afirman que modificarán el préstamo y lo ‘reorientarán a otras áreas’. Es falso, su interés es seguir dilatando su aprobación buscando un beneficio”.
Señalamiento de la UCA
La falta de regulación para el uso de tecnología nueva que se usa en seguridad y la militarización de la seguridad son dos observaciones que hace la UCA en torno a la aprobación del préstamo.
Escalante explicó que esa tecnología se va a masificar, mucha de ella ya está en el país. “Si hace falta legislación no es una materia a futuro, sino una materia pendiente ahora. La tecnología que se va a masificar tiene que ser respetuosa de los derechos humanos y aquí hay que tomar en cuenta que la imagen y la voz de las personas debe entenderse como un dato personal”, dijo.
Escalante señaló que la captación de datos e imágenes debe estar reguladas en la ley porque, en algunos supuestos, esa protección puede verse afectada y hay jurisprudencia de que todo aquello que limite el ejercicio de los derechos humanos tiene principio de reserva de ley.