El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llevó a la Asamblea los proyectos de decreto para que la Asamblea ratifique tres préstamos por un monto total de $550 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin embargo, los diputados advierten que hay gastos duplicados que ya fueron efectuados por el Gobierno con otros fondos del Estado que tomó de emisión de bonos; de LETES (Letras del Tesoro del Estado); de CETES (Certificados del Tesoro); y de créditos por $2,185 millones aprobados para la emergencia.
Lo anterior se observa en el desglose que Hacienda adjuntó con la solicitud de la ratificación de los tres préstamos en dos proyectos de presupuesto: uno ordinario por $355 millones, fondos que deberán ser agregados al Presupuesto General de la Nación de 2020; y un presupuesto extraordinario de $195 millones que se ejecutará entre este año y 2021.
René Portillo Cuadra, de ARENA, explicó que hay “duplicidad de gastos en cuanto al tema de salud, porque el gobierno ha recibido $2,185 millones, esos fondos los ha recibido directamente de bonos, de Letes y de CETES, en esa colocación de bonos estaba ya cubierta el área de salud”.
Pero es el caso que Hacienda detalla que dentro del presupuesto ordinario para 2020 se incorporarán $30 millones para “financiar el funcionamiento del nuevo Hospital Nacional El Salvador” del CIFCO. Anteriormente, el Gobierno tomó $30 millones del presupuesto del Seguro Social para equipar al centro hospitalario, “sin embargo, ahora vuelven a meter el tema del refuerzo del hospital cuando en esos $2,185 millones ya estaban cubiertos”, alegó Portillo Cuadra.
Otro aspecto que el diputado tricolor califica de “grave”, es la retribución de $60 millones que el Gobierno pretende hacer con parte de los $355 millones del presupuesto ordinario para “reintegrar asignaciones presupuestarias que fueron afectadas temporalmente en diferentes instituciones públicas, a efecto de atender urgentemente necesidades prioritarias por la pandemia COVID-19”.
Según Portillo Cuadra, “ese tema en particular es bien delicado, porque de acuerdo al Código Penal eso es malversación de fondos, es una figura que opera cuando se destina una cantidad de dinero para un fondo diferente al que fue aprobado, cuando se aprobaron los más de $6,000 millones del Presupuesto General de la Nación, los salarios ya estaban considerados”.
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El caso más reciente es el del ministro de Agricultura, Pablo Anliker, quien tomó $7 millones de salarios para importar maíz a Sinaloa, México, a un precio más alto del establecido por los productores locales. El FMLN lo ha denunciado en la Fiscalía.
Víctor Hugo Suazo, del FMLN, explicó que los $85 millones que se están considerando para el subsidio de salarios de empleados dentro de los $2,000 millones, habría que definirse para que segmento de empresarios son, ya que en la emisión de otros $1,000 millones en bonos que ya fueron colocados por el Estado, se contemplan $600 millones para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. En ese fondo se destinan $140 millones para subsidiar el pago de planillas.
De acuerdo a Suazo la situación es compleja, debido a que el país se enfrentará a una crisis financiera de no tener los ingresos suficientes para comenzar a pagar en enero de 2021 la primera cuota de $95 millones solo de interés por la emisión de esos $1,000 millones en bonos que se autorizaron para levantar la economía tras la pandemia.
“Esa es una de las cosas que hay que discutir, que el país puede caer en un impago porque sus finanzas no le alcanzarán para pagar la deuda”, subrayó Portillo Cuadra y adelantó que habrá que hacer un “ajuste financiero drástico” en 2021 en el gasto estatal como lo ha hecho Chile.