Diputados y Ejecutivo retoman diálogo sobre $2,000 millones para emergencia por coronavirus

Presidente de Asamblea, Mario Ponce, reveló que el miércoles hubo reunión para buscar acuerdos y esperaba que se alcanzara consenso para que en la plenaria de hoy se autorice al Gobierno a buscar el financiamiento para atender emergencia por coronavirus

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El lunes pasado, la Comisión de Hacienda acordó crear un dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo buscar un financiamiento de $2,000 millones siempre que se creara comité fiscalizador. Foto EDH/ Archivo

Por Eugenia Velásquez- Diana Escalante

2020-03-26 4:30:33

Un día después de que los diputados de la Asamblea Legislativa no lograran consenso para autorizar al Ejecutivo a que busque un financiamiento de $2,000 millones para atender la pandemia del coronavirus, y que GANA culpara a ARENA y al FMLN de querer sacar “cuota” de los fondos y estos a su vez a GANA de no querer supervisión de los fondos, un grupo de parlamentarios se reunió el miércoles con delegados del Gobierno para retomar el tema y buscar acuerdos.

Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Mario Ponce. Agregó que el encuentro se realizó en privado, fuera del recinto legislativo, y que esperaba que ahí se recobrara “la confianza” que se perdió el martes y que como resultado, en la plenaria de este jueves, se le diera luz verde al Gobierno para buscar el dinero.

Fusades se desliga de comité fiscalizador

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) aclaró que no ha pedido ser incluida en el comité que se encargaría de proponer al Ejecutivo las necesidades que hay y vigilar el destino de los $2,000 millones solicitados por el Gobierno para atender la epidemia del coronavirus y reactivar la economía. El centro de pensamiento añadió que siempre ha puesto su capacidad institucional al servicio del país y está dispuesto a apoyar “los esfuerzos que sean necesarios para sacar adelante al país de cualquier adversidad”. Expresó que es fundamental que el dinero para una emergencia sea vigilado por una instancia conformada por distintos representantes independientes del país que aseguren la debida transparencia.

Algunos puntos que detuvieron el martes la aprobación de la emisión de créditos o bonos para enfrentar la emergencia fueron el porcentaje que de los $2,000 millones en más deuda que pide el Gobierno para la emergencia por el coronavirus que será entregado a las alcaldías, la creación de un comité multidisciplinario que supervise la ejecución del dinero y la posible reorientación de préstamos en proceso de autorización y ratificación.

“El comité de emergencia es lo que no les ha gustado, se establecen mecanismos de supervisión, de control de los recursos, es un presupuesto extraordinario con un coordinador que lo nombra el presidente de la República”, afirmó a El Diario de Hoy el diputado de ARENA, Norman Quijano.

Según él, lo que hubo el martes fue una “descoordinación” en varias reuniones que estaban realizando los partidos de forma paralela para terminar de ajustar los últimos detalles que irán plasmados en el dictamen de los $2,000 millones.

Las pláticas con el gobierno terminaron y lo último que restaba era ponerse de acuerdo entre los partidos.

Ponce coincidió con Quijano que la suspensión de la plenaria del martes fue por el punto en discordia de qué funciones tendrá el comité supervisor y quienes lo integrarán.

La discusión, según el parlamentario, ya no se centra en la emisión de los $2,000 millones, sino en el rol que tendrá el comité multidisciplinario que ARENA, el FMLN y el PDC han propuesto formar. GANA y el PCN afirman estar listos para votar.

“Allí está el debate: en qué papel jugará el comité. Quiénes deben estar en el comité, pero ya no estamos discutiendo los $2,000 millones, esto ya está claro que un 30% va para las alcaldías y el 70% para que el Gobierno dinamice la economía, la mypimes (micro empresarios), esfuerzos orientados a dinamizar la economía, a generar actividad económica que nos permita volver a la vida normal en términos productivos, no están orientados para combatir la pandemia, los recursos que se están utilizando son del Presupuesto General de la Nación”, manifestó Ponce.

Agregó que la propuesta es que el ente contralor lo deberían integrar 5 propietarios y un coordinador designados por el gobierno, 3 alcaldes y 2 representantes, uno de la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y uno de la ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales), son 11, “ahora si ya están pensando meter más gente, allí se complica la cosa. Allí está el debate, qué función se les dará”, señaló el presidente del Congreso.

El lunes, el diputado de ARENA, Carlos Reyes, manifestó tras salir de la reunión de la Comisión de Hacienda que se había acordado elaborar un dictamen para autorizar al Gobierno a negociar la emisión de títulos valores de crédito siempre y cuando se conforme un comité multidisciplinario que analice las necesidades que hay y el destino que se le debe dar a los fondos.

Dicho comité, que también supervisará el uso de los fondos, estará integrado por un coordinador que será designado por el presidente de la República, Nayib Bukele; los ministros de Salud, Medio Ambiente, Obras Públicas y Economía así como dos delegados de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures).

Además, un representante de la micro, pequeña y mediana empresa, nombrado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); dos de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), otro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), uno de la Universidad Centroamericana (UCA) y otro de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

Sobre el uso del dinero, Ponce aseguró que el Gobierno les ha explicado que los $2,000 millones serán para reactivar la economía porque la compra de insumos médicos para atender la emergencia se están haciendo con dinero del Presupuesto General de la Nación. En contraste, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, manifestó el lunes que los fondos se destinarán para atender la emergencia sanitaria, para suplir las necesidades alimenticias de las familias afectadas y para dinamizar la economía.