Presos volverán a tener visitas luego de 74 días de emergencia en las cárceles de El Salvador

La emergencia en las cárceles fue eliminada. Autoridades dicen que habrá más rigor para las visitas. Jueces criticaron este régimen porque afectó plazos para cientos de procesos judiciales.

Fotografía difundida por Centros Penales durante el período de emergencia, previo a una de las rotaciones de reos entre penales. Foto EDH / Cortesía

Por Jaime López

Sep 03, 2019- 21:40

Luego de 74 días desde que se prohibió las visitas a los reos, se ordenó encerrarlos por 23 horas y se bloqueó antenas para evitar llamadas telefónicas desde las prisiones al exterior, ayer fueron levantadas esas y otras medidas enmarcadas en el “estado de emergencia” en los 28 centros que administra Centros Penales.

El lunes por la noche el presidente Bukele envió un tuit en el que se leía: “Osiris Luna Meza, levantar totalmente la emergencia en Centros Penales. La tendencia a la baja -de homicidios- deberá mantenerse en septiembre. El Presidente debe cumplir su palabra”.

 

La reducción de homicidios y las modificaciones en el sistema penitenciario como el bloqueo casi total de la señal de celular han sido claves en esta decisión, dicen autoridades.

 

El director de Centros Penales Osiris Luna, explicó este martes que “durante el estado de emergencia había encierro total, reos salían solo una hora al sol, no había salida de ninguno a hacer trabajos con programa -Yo Cambio-, ni uso de tiendas institucionales, ningún programa de rehabilitación interna, ni visitas”.

De inmediato, un analista, Francisco Bertrand Galindo y el diputado del partido ARENA, Mauricio Vargas, coincidieron en cuestionar que “si eran buenas” por qué se levantan las medidas que se aplicaban en las cárceles, al tiempo que ven raro que se quite el estado de emergencia cuando se está por cumplir los primeros 100 días del mandato del presidente Nayib Bukele.

“Y si fue por el roce que se dio entre el Ejecutivo y los jueces, que digan que fue por eso. Porque si dicen que ya tienen controlada la situación, no lo creo”, afirma tajante Bertrand Galindo, exministro de Seguridad.

Dos semanas después de entrar en vigencia las medidas en los presidios, algunos jueces expusieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se vieron frustradas unas 400 audiencias y que había riesgo de que algunos procesos cumplieran su vencimiento y los imputados quedaran libres.

Hasta el 15 de junio de 2019, las cuentas de la inseguridad eran letales: Más de 1,400 homicidios (promedio de 7 diarios) y entre ellos más de 20 policías, extorsiones imparables y 1,755 desaparecidos (a un ritmo de 9 por día).

Lo anterior llevó al gobierno de Bukele a implementar, desde el 20 de junio, estado de emergencia en los centros penales y en granjas penitenciarias.

Menos homicidios

Pasados 74 días desde que se supo de las restricciones en los penales, desde donde se ordena más del 70% de crímenes, según las autoridades fiscales y policiales, las estadísticas policiales indican que julio y agosto con 155 y 131 muertes violentas, respectivamente, son los meses con los índices de criminalidad más bajos en muchos años.

Otro hecho que coincide con las restricciones en las cárceles es que se redujo de un promedio de 9 personas reportadas como desaparecidas por día en julio a 7 por día en agosto, según datos oficiales.

Para Bertrand Galindo, si “la medida a contrarrestar fue reducir los homicidios bloqueando la señal telefónica, porque de los penales sale más del 80 % de ordenes para los homicidios y extorsiones, y eso ha dado resultado, entonces ¿porqué las levantan tan rápido?. No hallo una razón que me digan que ya pueden quitar la emergencia”.

El diputado Vargas, las comunicaciones telefónicas no eran el problema, sino el funcionamiento de los bloqueadores, y el nivel de corrupción que había entre el personal que permitía el ingreso de chips para celulares, que no aplicaban medidas y protocolos de seguridad, y que permitían fiestas o facilitaban traslados de mareros.

“Ahora se ha hecho un estricto rastreo de cada una de las cosas, todas las falencias que encontraron”, dice Vargas. Agrega que “en estos 100 días la aplicación de las medidas ha sido más rigurosa. En la jerga de la investigación se dice que todo lo que no se puede medir no se puede corregir. Esperaría que este gabinete de seguridad, el cual tiene muchas preguntas que contestar, las medidas incrementales, graduales y continuas porque estas medidas se deben dar en tiempo y espacio no en un vacío”.

El diputado Vargas afirma que “el que se haya levantado la emergencia, me imagino que se ha cumplido alguna función, han terminado lo que tenían que hacer, que hayan resuelto en parte, que haya presión del sistema judicial, que es lo que no conocemos”.

Pero le despierta la duda lo que ha visto y leído: “es que hay jueces que se han pronunciado en contra de la emergencia desde un principio por la forma en que la hicieron y en la continuidad de otras medidas, que no están dispuestos a aceptarlas”.

Parte de Plan de Control Territorial

Las medidas en las cárceles entraron en vigencia el 20 de junio cuando fue lanzado el plan Control Territorial en 22 municipios, y fueron rechazadas por algunos jueces y activistas de derechos humanos.

Y tras ser levantada esa medida, ya se permitirá el ingreso de visitas de familiares a las prisiones, además de la ocupación de los presos en los talleres penitenciarios y la libre movilidad de los reos en los diferentes recintos.

Entre los cambios que se han puesto en marcha en el sistema, el director de Centros Penales destacó que se ha logrado el bloqueo casi en su totalidad de la señal de celulares desde las prisiones hacia el exterior y viceversa; la rotación de más de 8,400 pandilleros, la reunificación de los diferentes grupos de pandillas (ya no en cárceles separadas sino en una misma).

Además, fueron encontrados 1,806 manuscritos o “wilas” que los pandilleros utilizan para enviar órdenes de perpetrar crímenes; 17 celulares escondidos entre las paredes y en el piso de algunas cárceles, y hasta un cable de cobre con el que se supone utilizaban para cargar sus celulares en el penal de Quezaltepeque, entre otros resultados.

“Las celdas, los pabellones están siendo limpiadas por los mismos reos, ahora tenemos pandilleros rivales en los mismos penales”, remarcó el funcionario.

En este período fueron eliminadas decenas de cabinas telefónicas en las prisiones y el privilegio que tenían los reos a tener 10 números de contactos a donde llamar, saldo de $100 mensuales en tarjetas para hacer llamadas y recibir depósitos de hasta $200 mensuales para realizar diversas compras en las tiendas institucionales.

El director afirmó que de los centros penales salían más de 22,000 llamadas telefónicas por día, las que solo se grababan pero no se verificaba si a través de ellas ordenaban la comisión de homicidios o extorsiones.

Luna descartó que el levantamiento de las medidas restrictivas se deba a un pacto como en el gobierno de Funes con las pandillas, y que al contrario, han endurecido las medidas de seguridad.

 

Principales restricciones y medidas en las cárceles

Suspensión total de visitas a los reos
Suspensión total de visitas a los reos en los presidios, desde el 20 de junio.

Estudio de visitantes
Al levantar el estado de emergencia, las autoridades de Centros Penales permitirán el ingreso de familiares y abogados de los reclusos. Para garantizar la seguridad en los recintos, las visitas serán rigurosas, pues serán analizados los perfiles de las personas que ingresen y los lazos de consanguinidad que tienen con los internos.

Bloqueo a las comunicaciones
El Gobierno dio ultimátum a las empresas telefónicas para bloquear señales en las cárceles. Durante la gestión pasada no se bloqueó las llamadas.

Monitoreo de señal
Junto con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones se hacen monitoreos en las cárceles para verificar que no haya señal de telecomunicaciones en los recintos. Buscan que los reos no se comuniquen a través de celulares y ordenen delitos.

Eliminan cabinas de teléfono en penales
Eliminaron privilegios de disponer de cabinas telefónicas en cárceles, tener 10 contactos a los que llamar y saldo de hasta $100 por reo al mes para llamadas.

Desarticulan “negocio”
Las autoridades desbarataron un “negocio” que le permitía a los reos comunicarse con el exterior por medio de un sistema de telefonía prepago, el cual estaría relacionado con dirigentes del FMLN. Además, las compañías que ofrecían el servicio eran de Panamá y Colombia.

Encierro de 23 horas en las cárceles
Las autoridades solo les permitían a los reos salir de las celdas una hora por día. Y les impidieron participar en programas como Yo Cambio, con el que podían salir de prisión para hacer trabajo. Varios se fugaron.

Se reactivan programas
Los reclusos podrán retomar el trabajo en las granjas penitenciarias y en los presidios ordinarios se permitirá que entren las iglesias y otras instituciones para realizar los programas de rehabilitación.

Eliminación de cárceles exclusivas
Las autoridades rotaron a 8,400 reos y fueron eliminados los penales “exclusivos de una pandilla”. Ahora en una sola prisión están mezclados todos los mareros y se han desmantelado las mafias instauradas desde la tregua, en 2012.

Pandilleros mezclados
Las maras 18 tenían cárceles exclusivas, lo mismo que la Mara Salvatrucha. En las cárceles de Izalco y de Quezaltepeque había reos del Barrio 18 y en Ciudad Barrios estaba el bando rival.

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