“Preocupa mucho esta práctica que estamos viendo últimamente de querer evitar la Asamblea Legislativa cuando tenemos un tratado internacional o un acuerdo”, sentenció ayer Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social durante la presentación de la “Semana de la Transparencia” organizada por el Consorcio.
Castro se refirió a los convenios firmados en estos meses por el nuevo Gobierno, sobre todo el relacionado al convenio de asilo con Estados Unidos y el de la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) con la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Un acuerdo tiene que pasar por ratificación legislativa en tanto se están creando obligaciones para el Estado. En ese sentido, vemos con preocupación esta práctica que ya se está viendo que es una dinámica, en el sentido de que el acuerdo migratorio con Estados Unidos no pasó por la Asamblea y ahora el acuerdo que se firma entre el Gobierno y la OEA dice expresamente que no va a pasar por la Asamblea Legislativa”, abundó Castro.
La idea la secundó Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), sobre todo en lo relacionado a la CICIES: “Una CICIES, tal como la habíamos concebido no existe, pues para que tenga fuerza tendría que pasar por la Asamblea. Además, tiene que haber unos cambios de ley para ser querellante, y cambios constitucionales para que tenga esa capacidad de investigación”, razonó.
El balance del año
“Si pudiéramos hacer una evaluación macro hay un estancamiento muy importante”, reaccionó Claudia Umaña Araujo, presidenta de la Fundación DTJ, cuando se le consultó sobre el balance de la transparencia en las instituciones públicas este año.
Umaña Araujo recordó que hace falta aún una legislación moderna en cuanto a Probidad y alertó que los actuales anteproyectos tampoco tienen visos de mejorar lo que ya existe.
“Si bien este estancamiento puede llevar a un momento de mejoras, acabamos el año con preocupación por legislación que no se aprobó, con retroceso en la implementación de la que tenemos y sombras en la libertad de expresión”, resumió la presidenta de DTJ.
Específicamente en cuanto al nuevo Gobierno, Xenia Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) consideró que podría hacer más por abonar a la rendición de cuentas y transparencia.
“Aquellos gobiernos que quieren generar más confianza ponen más información de lo que la ley de transparencia exige. Venimos insistiendo en que se debe transparentar como temas de viajes o convenios que afectan a la ciudadanía, necesitamos saber el alcance de ese tipo de cooperación”, dijo la profesional.
Además, en el apartado de libertad de expresión, el Consorcio dijo que hay retos por superar.
“La libertad de expresión y prensa sigue teniendo retos. Algunos necesitan ser superados, algunos de estos retos son las noticias falsas, la desinformación, los intentos de regular y penalizar las expresiones en redes sociales, la relación del poder político con la prensa, la utilización de recursos públicos y la asignación de pauta estatal como métodos para premiar o castigar a la prensa y los de acoso digital con periodistas y medios”, enfatizó Hernández.
El Consorcio urgió además una nueva y moderna ley de Probidad que “regule los procedimientos idóneos a seguir para sancionar estos actos (de enriquecimiento ilícito)”.
También se pronunciaron por la aprobación de una Ley de Servicio Civil (la cual ya está en estudio en la Asamblea desde el mes pasado) para promover el ingreso a la carrera pública de forma transparente y basado en méritos.
A partir de hoy, ponentes internacionales disertarán en la sexta edición de la Semana de la Transparencia, en temas como “Corrupción y desarrollo económico”, a cargo de profesores del INCAE; así como las “Amenazas a la Libertad de Expresión”, dictada por Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para concluir el viernes con la ponencia magistral “Manifestaciones de la corrupción y buenas prácticas para enfrentarla”, a cargo de José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional y reconocido abogado peruano.