La División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía desarticuló una organización criminal dedicada a asesinar a supuestos pandilleros y colaboradores de esos grupos que operaban en el Oriente del país.
Por cada atentado, los integrantes de este grupo de exterminio recibían entre $800, $1,500, $2,500 y hasta $3,000 de los financistas. El monto de dinero dependía de la posibilidad económica de la persona que financiaba los atentados, según las investigaciones.
Hay dos de los que supuestamente financiaban a la organización que son considerados como prófugos por las autoridades.
La Policía y la Fiscalía aseguran que los detenidos y los que están prófugos son los responsables de los asesinatos de 48 personas, de los cuales 24 eran pandilleros de la mara Salvatrucha (MS) y nueve de la pandilla 18. El resto de víctimas eran consideradas por la Policía como “colaboradores” de las pandillas. Estos crímenes ocurrieron entre los años 2016 y 2017, según las autoridades policiales y fiscales.
En un operativo que comenzó la tarde del domingo y culminó la madrugada de ayer, investigadores de la Deco capturaron a once policías activos y a nueve personas particulares. A otros tres supuestos integrantes de la banda de sicarios les leyeron la nueva acusación en los penales donde se encuentran recluidos por distintos delitos.
Además hay tres policías activos y seis expolicías que son prófugos de la justicia. Entre éstos últimos se encuentra el agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, quien es acusado de haber asesinado a la agente de la Policía, Carla Ayala, la madrugada del 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año en la sede del desaparecido GRP.
A Castillo Arévalo le atribuyen ser el que dirigía este grupo de exterminio y que contaba con el financiamiento de Juan Antonio Beltrán Granados, quien es un ganadero de la zona y también está detenido.
A la acusación por el feminicidio de Ayala se le sumarán estos otros cargos criminales a Castillo Arévalo.
Las investigaciones de la Policía y Fiscalía revelaron que Beltrán Granados recibía dinero de personas que residen en el extranjero para financiar al grupo criminal. Las investigaciones abarcan a quienes enviaban las remesas al grupo.
A este grupo se le atribuyen los asesinatos de cinco supuestos pandilleros de la MS ocurridos la madrugada del 23 de noviembre de 2015. La masacre se registró en el cantón El Ojuste de Usulután.
En esa ocasión asesinaron a Kevin Bladimir Díaz Gómez, Fredy Enrique Flores Penado, Geovanny Quintanilla Fuentes, Luis Alonso Juárez y Nelson Mauricio Rodríguez Juárez. Las autoridades en su oportunidad aseguraron que las víctimas pertenecían a la MS que delinquía en el sector.
Todos se encontraban en una casa abandonada donde supuestamente planificaban hechos delictivos, según las autoridades.
Las investigaciones apuntan a que varios hombres vestidos como policías y soldados simularon un operativo policial para entrar a la casa, sacaron a las víctimas y luego las acribillaron a balazos. Algunos tenían lesiones de arma blanca.
También serían los responsables de otra masacre registrada en febrero de 2016 en las afueras de Jucuarán y un múltiple homicidio en agosto de 2017 en el cantón Entre Ríos de Usulután.
La primera fase de la desarticulación de este grupo comenzó en agosto del año pasado. En esa ocasión, investigadores de la Deco capturaron a cinco personas vinculadas a la estructura que la madrugada de ayer fue desarticulada, según la Policía. Estas personas todavía se encuentran recluidas en un centro penal en espera de continuar con el proceso penal.
Esta estructura escogía a sus víctimas, y por las noches simulaban operativos policiales con el propósito de entrar a las casas de las víctimas. Ellos vestían como policías y soldados. Algunas de las personas eran sacadas de sus viviendas para asesinarlas en otros lugares. En otros de los casos, las acribillaban en el patio de sus casas.
“Todos estos delitos han sido cometidos por personas que estaban destinadas a proteger la vida de los salvadoreños. No merecen llamarse policías, no merecen manchar el nombre de la institución que les formó”, dijo el fiscal general, Raúl Melara en la presentación de los detenidos.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que la corporación no tolerará ningún hecho criminal ni mucho menos este tipo de delitos que lo único que hace es desprestigiar a la institución.
“Como Policía vamos a colaborar en todo lo que sea necesario a la Fiscalía para poner en prisión a cualquier criminal, aunque ande uniformado”.
Entre los detenidos están los agentes, Vidal Antonio Alfaro Flores y José Dolores Coreas; quienes pertenecieron al extinto GRP y tres de los expolicías prófugos formaron parte de ese grupo élite.
El resto de policías detenidos son: Prudencio Mejía Serrano, quien es cabo, David Antonio Chevez Cruz, Roberto Carlos Cortez Rodas, Óscar Ovidio González Claros, Roberto Carlos Sorto Cruz, Pedro Antonio Pineda Bonilla, Noé Benigno Castillo Mejía, Edgar Isaac Aparicio Chávez y Wilfredo de Jesús Serrano Hernández.
Algunos de ellos están asignados a las unidades élite de la Policía, Sección Táctica Operativa (STO) y Jaguares.
Policías cuestionaron las capturas de sus compañeros en redes sociales y argumentaron que las investigaciones están basadas en las “mentiras” de un policía que está criteriado (con beneficios penales).
En junio del año pasado y en el marco de las investigaciones del asesinato de Carla Ayala, el juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño dijo que la Fiscalía investigaba una estructura dentro del GRP que realizaba ejecuciones extrajudiciales y que tenían un cementerio clandestino en el Bajo Lempa, Usulután.
Ayer, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, dijo que las investigaciones no han revelado la existencia de algún cementerio clandestino.