Los policías están en la primera línea de atención de la emergencia por el COVID-19, pero no tienen la protección adecuada para evitar posibles contagio, por lo que se requiere de las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Seguridad atender estas necesidades como facilitación de insumos, evitar el hacinamiento y disponer una área de descanso. Eso es, en síntesis, la conclusión y recomendación que hace el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.
En un pronunciamiento público, Tobar hace un recuento de los fallecidos en las filas policiales por la pandemia. Dice que además de los dos casos ya conocidos, tiene conocimiento de otros dos casos en municipios de San Salvador y en el occidente del país.
Hasta ayer se conocía de tres funcionarios de la Policía que han muerto a causa del coronavirus, entre ellos un inspector jefe, un agente que estaba destacado en la delegación de Mejicanos y un empleado administrativo.
Hasta el 23 de mayo se reportaba 346 agentes contagiados.
Sobre este número de contagios y, específicamente los aproximadamente 60 agentes de la base rural que están aislados, el Procurador dice que los sitios en que están “no cumplen las condiciones higiénicas y sanitarias para la atención y recuperación del personal, partiendo de publicaciones y denuncias.
Agentes han venido denunciando no solo esas condiciones de hacinamiento en que están en las delegaciones, sino también la falta de insumos para su protección.
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En su escrito, el procurador revela que en un sondeo realizado por delegados de la PDDH entre el 31 de marzo al 11 de abril pasados, en 181 controles vehiculares se detectó “la falta de medidas de bioseguridad para el personal policial” cuando hacían las intervenciones.
De 340 agentes contabilizados en esos controles, dice, solo el 15 % contaba con insumos sanitarios como mascarillas, guantes y alcohol gel, mientras el 58 % usaba algún implemento como mascarilla.
Además recuerda que el 1 de abril se pronunció por el hecho de que personal de seguridad pública no recibía kit de limpieza para sus labores, que se hallaban hacinados en los lugares de descanso “al colmo de dormir en los vehículos, que sus horarios de trabajo trascendían a 12 horas generando cansancio acumulado, todas condiciones propicias para el contagio masivo”.
El procurador pide que se priorice las medidas de seguridad para los miembros de la Policía, que se les habilite espacios seguros y se les realice las pruebas de COVID-19, que reciban el tratamiento médico oportuno y garanticen su derecho a la información sobre sus procesos médicos.
Al ministro de Justicia, Rogelio Rivas, le insta a que haga efectiva las medidas de bioseguridad a todo el personal de la PNC, que gestione la pensión vitalicia a las familias de los fallecidos y que adopte los protocolos para la detección de casos de manera temprana en la institución.
Al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, le pide “dotar de todos los implementos higiénicos y sanitarios para los miembros de la corporación, así también genere condiciones de infraestructura para el descanso, evitar el hacinamiento y además que garantice el cumplimiento de las medidas de aislamiento y sanitización para prevenir más contagios”.
Al ministro de Salud le pide realizar inspecciones periódicas en las diversas delegaciones policiales.