A pesar de que existe un acuerdo con Estados Unidos para incrementar la lucha contra los traficantes de personas hacia ese país y que usan a El Salvador como corredor, parece que eso solo aplicará para tener en el país un lugar para detenciones mientras solicitan asilo, puesto que al cierre del año 2020 las autoridades de Seguridad solo lograron capturar a 105 personas a quienes les imputan el delito de tráfico ilegal de personas.
La cifra podría tener otro significado cuando se compara con las capturas que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General desarrollaron el año 2019, que fueron 205 aprehensiones, lo que implica que cayeron en un 100 % en comparación con las cifras de este año que está por cerrar, cuando las detenciones son menores. Lo anterior sólo muestra que el esfuerzo contra el tráfico de personas es menor.
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El Diario de Hoy pidió a la Fiscalía, vía Ley de Acceso a la Información Pública, los datos de los detenidos por tráfico ilícito de personas y trata de personas en los últimos años, debido a que es información pública pero no está disponible en ningún lugar de los portales web del Ministerio Público, ni de la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con los datos obtenidos, no solo llama la atención la reducción en cuanto a las detenciones efectuadas por las autoridades, sino también los departamentos donde más casos de captura se ha tenido en el año.
Ahuachapán y Santa Ana son los departamentos que más capturas se reportan en este año. Pero no solo en el 2020, en los últimos cinco años, ambos departamentos registran la mayor cantidad de detenciones, lo que se interpreta como rutas favorables para la movilización ilegal de personas hacia Guatemala, luego México y Estados Unidos.
Para el caso, Ahuachapán, según los informes de la Fiscalía General, en el año 2016 se detuvieron a 116 sujetos por tráfico ilegal de personas, en el 2015, a 44 y a uno por trata de personas; en el 2018 a 89, en el 2019 a 92, y luego este año fueron capturados 42 individuos.
Mientras que el departamento Santa Ana superó a Ahuachapán solo en el 2016, con 128 capturas de personas por tráfico ilegal de personas; en el 2017 solo se registraron 31 detenciones; en 2018, fueron 57 aprehensiones y una por trata de personas; ya para 2019, se detuvieron a 90 personas y en el 2020, fueron 46 y dos capturas por trata de personas.
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El delito de trata de personas no tiene la misma cantidad de detenciones, a pesar de que en muchos lugares (muy conocidos) en el país existen las famosas “esclavas sexuales”, o las chicas que trabajan en “night clubs” cuyos patrones no las dejan salir a ningún lugar, sino que viven en las mismas casas donde funcionan ese tipo de antros.
Departamentos sin detenciones
En los datos de la Oficina de Acceso a la Información de la Fiscalía General llama la atención que existen tres departamentos que no registran ninguna captura por el delito de tráfico ilegal de personas y trata de personas.
Cabañas, Morazán y San Vicente, según la Fiscalía, no reportan capturas. Morazán es un departamento fronterizo con Honduras, tiene muchos pasos ciegos hacia el vecino país, pero no está en la ruta hacia Guatemala. De la misma forma, Cabañas también es fronterizo con el mismo país. Y San Vicente, pues, está en medio de muchos departamentos en el país.
San Salvador a la cabeza de trata de personas
En los datos de la Fiscalía, el departamento de San Salvador registra la mayor cantidad de personas capturadas por trata de personas. En los últimos cinco años registra 10 capturas. En 2016 fueron detenidas cinco personas; 2017, una; 2018, ninguna; 2019, tres aprehensiones; y este año, una captura.
Luego siguen, los departamentos de Cuscatlán y San Miguel con cinco capturas. En La Unión, en los cinco años, se registran cuatro detenciones, cuatro durante el año pasado y, en 2020, solo una detención registra el Ministerio Público.
Traficantes detenidos
Entre los últimos casos de traficantes de personas detenidos, están los reportados por la Fiscalía General el pasado 17 de diciembre, cuando fueron capturados, al menos tres personas.
“Estamos desmantelando una red de traficantes de personas que cobraban entre $6 mil y $8 mil por traslados ilegales hacia EE.UU.”, afirmó el fiscal general, Raúl Melara.
Según el jefe del Ministerio Público, estos sujetos entregaban a sus víctimas a carteles mexicanos quienes los retenían en bodegas para exigir aún más dinero a sus familiares a cambio de su libertad.