Diputados y abogados opinan que la Policía Nacional Civil (PNC) actuó de forma política el pasado jueves, cuando realizó la detención Carlos Alfonso Alfaro Guerrero, secretario de la Junta Electoral Departamental (JED), en Usulután, bajo un supuesto delito de “supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos”, según dijo la misma Policía en su Twitter.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante la mañana del viernes recibió las diligencias de la captura de Alfaro Guerrero, quien supuestamente habría manchado un documento presentado a la JED por un candidato del partido Nuevas Ideas que quería inscribirse. Alfaro, luego de que se hubo tachado parte del documento, ya no quiso recibirlo.
Alfaro Guerrero fue detenido por la PNC, según información de la Fiscalía, a las 11:30 de la mañana del jueves, con base en el artículo 323 del Código Procesal Penal. La denuncia fue interpuesta en la sede fiscal de Usulután, a las 10:59 p.m. del miércoles, por el representante legal de Nuevas Ideas, Jolman Asael Muñoz Perdomo.
Durante la detención, los agentes de la PNC fueron apoyados por elementos de las unidades élites, según se aprecia en un video divulgado en redes sociales.
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El diputado Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, opina que la PNC está realizando acciones de interpretación electoral que no le corresponden, y les preocupa a los diputados porque se está prestando a actividades de acoso político, en situaciones que las puede solventar el Tribunal Supremo Electoral.
“Lo que nosotros estamos temiendo en este momento como ARENA es cuando la Policía ha actuado de forma política. Pues miremos cómo tiempo atrás, en la firma de los Acuerdos de Paz, fue uno de los puntos que permitió llegar a la paz y esto sería un retroceso, que la PNC empiece a hacer actuaciones discrecionales arbitrarias con un tinte eminentemente político”, dice Velásquez Parker.
Cristina Cornejo, diputada del FMLN, sostiene que la preocupación es que la PNC llegó a realizar la captura sin un requerimiento fiscal y sin comprobar la existencia del delito, y cree que es más preocupante que estén queriendo hacer ver que existe un posible fraude.
“Yo no quisiera pensar que el presidente de la República (Nayib Bukele) está utilizando a una institución tan importante para la democracia del país para generar este tipo de acciones y para tratar de favorecer a los intereses de unos partidos políticos”, opinó.
Añade que lo que hizo el miembro de la JED era su labor de hacer observaciones, que hacen a todos los partidos políticos cuando no se presentan los documentos requeridos para la inscripción.
La abogada Marcela Galeas manifiesta que según testigos de lo ocurrido, el detenido no manchó el documento, sino que le indicó al candidato que lo corrigiera.
“Este tipo de delitos es tan complejo que la Fiscalía hace un estudio previo para ver si cumple los requisitos mínimos que exige el tipo penal, y el acta notarial no estaba destruida, solo había tachaduras”, explica Galeas.
El abogado Arnau Baulenas, del Idhuca, expone que la PNC se otorgó una función de fiscal y de juez al atender una supuesta denuncia de un candidato de Nuevas Ideas.
“Estamos viendo un actuar de la Policía que parece no al servicio de la población, sino al servicio del presidente (Bukele) y de Nuevas Ideas”, sostiene Baulenas y añade que le parece “una Policía política; me preocupa porque es un grave deterioro al Estado de derecho”.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, expuso que la Policía, para evitar involucrar a la Fiscalía, acudió a la figura de la flagrancia para detener a Alfaro, de la JED, y que se espera que esta detención no tenga tintes políticos.
“Ojalá que no sea una nueva acción de instrumentalización de la Policía para atacar a rivales políticos, pero eso se va a determinar al tener claridad del suceso, porque quien tiene que presentar el requerimiento es la Fiscalía”, manifestó.
“La Policía no está para amedrentar ni intimidar ni violar derechos”, dice magistrado del TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo un llamado a los organismos internacionales que velan por la democracia a estar atentos a la situación electoral que se está dando en El Salvador, principalmente por casos como la detención del secretario de la Junta Electoral Departamental (JED), Carlos Alfonso Alfaro Guerrero, en Usulután.
“Este país no está en condiciones de volver a una guerra, ni en condiciones de volvernos a polarizar. Este organismo colegiado va a respetar los resultados de la población, pero no se puede estar actuando con matonería”, dijo el magistrado del TSE, Guillermo Wellman.
Explicó que lo que hizo el secretario de la JED era dejar observaciones al documento que presentó un candidato de Nuevas Ideas, porque había llenado un formulario de inscripción que era para diputados, y que no era el formato adecuado porque la JED solo recibe documentos para la inscripción de concejos municipales.
“La Policía no es para amedrentar, ni intimidar ni violentar los derechos de los ciudadanos, la Policía es para que se mantenga el orden social. Si eso lo hacen en la JED quiere decir que cuando quiera va irrumpir en el Tribunal. Hago una denuncia pública a los organismos internacionales que nos colaboren y que nos ayuden”, sostuvo Wellman.
Señaló que el TSE ha estado continuamente siendo difamado por funcionarios del Ejecutivo, “de hecho les voy a mandar a regalar la legislación referente a materia electoral para que indaguen”, manifestó Wellman.
Añade que la PNC es el resultado de la evolución del país, a través de los Acuerdos de Paz, y que tiene que servir a la población, no a intereses de uno u otro partido político.
“Me parece que lo que hicieron ayer (jueves) no es apropiado, por lo que exhorto y hago un llamado a la Policía Nacional Civil a que respete la ley electoral y que no tomen acciones para las que no están facultados”, opinó el magistrado Wellman.
Procuraduría advierte vacíos jurídicos en la acusación en que se basó la Policía
El Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, dijo ayer a El Diario de Hoy que personal de la Oficina de Derechos Humanos de Usulután vigiló el procedimiento de captura del secretario de la Junta Electoral Departamental (JED) Carlos Alfonso Alfaro Guerrero, el pasado jueves, en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de esa misma ciudad.
De acuerdo con Tobar, durante el procedimiento de captura, al personal de Derechos Humanos les pareció que había dudas en el personal policial en cuanto a si aún se estaba en el período de flagrancia.
“Según el informe del personal nuestro, lo que se advierte es la duda en los elementos policiales si aún estaban en el término de la flagrancia, pues no se especifica el delito que le atribuían al señor y la hora exacta en que se habría cometido el supuesto ilícito”, afirmó Tobar a través de mensajería directa, mediante la cual fue consultado sobre el caso.