Permitir que los privados de libertad que aún no han sido condenados por el Órgano Judicial puedan votar en las elecciones para alcaldes y diputados de 2021 es una de las propuestas que ayer llevaron a la Asamblea los miembros de las organizaciones que forman parte de la Plataforma Ciudadana Electoral.
En principio sugieren que la medida se aplique como un proyecto piloto para 2021 y luego se haga de forma permanente, explicó uno de los integrantes de la Plataforma Ciudadana Electoral, Luis Mario Rodríguez, quien también es Director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Revisamos otros sistemas y la legislación nacional e internacional que tienen que ver con los derechos de los privados de libertad que no han recibido condena y que por tanto mantienen sus derechos políticos. Después de hacer ese análisis proponemos un proyecto piloto para 2021 en donde de forma anticipada se pueda permitir que aquellos privados de libertad no condenados puedan ejercer el sufragio”, explicó Rodríguez.
El mecanismo debería ser gradual hasta llegar a todas las cárceles a nivel nacional para las elecciones presidenciales de 2024.
¿Cómo funcionaria? Es un tema que deberá analizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una vez que los diputados aprueben las reformas que consideren viables, agregó.
“En otros sistemas el TSE instala una Junta Receptora de Votos en los centros penitenciarios y las personas que reúnen esta condición legal de no recibir condena ejercen su voto”, ahondó Rodríguez.
De acuerdo al documento presentado ayer a los diputados se informa que “en febrero de 2018 la Dirección General de Centros Penales (DGCP) informó que el sistema penitenciario alberga a 12,468 reclusos con procesos penales que no han concluido, representando un 31 % de la totalidad de la población recluida sin condena”.
Rodríguez añadió que es un primer esbozo, pero que tienen dos documentos más que han sido diseñados por ocho organizaciones de la sociedad civil: Fusades; la Iniciativa Social para la Democracia (ISD); Tracoda (Organización de jóvenes trabajando por El Salvador y contraloría Social); Acción Ciudadana; la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides); la Universidad Gerardo Barrios; y la organización de jóvenes salvadoreños, CREO.
También contempla como proyecto piloto que las personas con discapacidad física puedan emitir el sufragio con el voto domiciliar.
“Debemos mejorar la inclusión. Se busca que existan procedimientos para facilitar el ejercicio del sufragio de las personas con discapacidad, que tienen problemas de más del 70 % para poderse movilizar y que se pueda establecer el voto domiciliar, el voto que pueda llegar hasta el lugar de residencia de las personas, así como poder establecer en primera instancia un proyecto piloto para favorecer el sufragio de las personas condenadas que no han perdido sus derechos civiles”, explicó Ramón Villalta, director ejecutivo de la ISD.
En total son siete elementos los que contiene el primer informe de propuestas de reforma electoral que la Plataforma Ciudadana presentó a los diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea para su respectivo estudio.
Las modificaciones planteadas son para mejorar el escrutinio en las elecciones legislativas; el presupuesto de las elecciones y para el fortalecimiento de los partidos; el control del financiamiento político; la integración de los Organismos Electorales Temporales y la capacitación de sus miembros.
Así como la observación electoral; la adjudicación de escaños para los candidatos a diputados no partidarios; la expresión del voto y procedimiento de votación; el voto de personas con discapacidad; y privados de libertad no condenados.
Dentro de las novedades que plantearon es que se coloque un límite al financiamiento que reciben los partidos y los candidatos para hacer campaña electoral. En esta modalidad incluyen a los candidatos no partidarios y a los pre candidatos que participan de las elecciones internas en sus partidos para optar a cargos públicos por elección popular, a través de una unidad de fiscalización de los partidos políticos administrada por el TSE.
“El límite del financiamiento actualmente está fijado en relación al presupuesto del TSE, eso implica que en un año electoral perfectamente una persona pueda donar hasta casi un millón. Estamos ante un monto sumamente elevado que genera algunos efectos nocivos. Puede provocar que comprometa la independencia de los funcionarios que sean electos”, añadió Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.