Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) manifiesta que para la aprobación de préstamos para el Ejecutivo es responsabilidad de los legisladores que los analicen cuidadosamente y aprobarlos cuando estén convencidos de los beneficios que dará y que dichos fondos sean utilizados de forma transparente.
El pasado 9 de febrero se dio una militarización en la Asamblea Legislativa como parte de una forma de presión del presidente Bukele para que los diputados aprobaran un préstamo por $109 millones para Seguridad.
Fusades señala que “amenazar la independencia de poderes para presionar por la aprobación de un préstamo, y aplicar medidas de presión representan un grave peligro para la seguridad jurídica y el orden constitucional del país, es un hecho sin precedentes que deber ser rechazado por toda la sociedad”, dice la organización.
Señala que son dos préstamos los que están en proceso, uno por $91 millones, y el segundo por $109 millones, un total de $200 millones para Seguridad, que servirán para financiar la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial, los cuales están en proceso de ser analizados, el primero ya fue aprobado para suscribirse y el segundo se encuentra en estudio.
Ante los cuestionamientos de los legisladores por el uso que se le dará al préstamo para la fase 3 del plan, Fusades expone que lo que se esperaría es que los funcionarios del Gobierno se esfuercen por disipar técnicamente las dudas, exponiendo sus puntos ante la comisión de Hacienda y que también lo hagan con transparencia a la población, ya que los mensajes en redes sociales no son parte de la formalidad del proceso.
La entidad expresa que el trabajo de los parlamentarios es analizar si las solicitudes de préstamo cumplen con los requisitos y están bien formuladas y que si estas irán destinados a proyectos beneficiosos para el país.
Añadió que este año el área prioritaria ha sido la seguridad y la justicia, y que el Ministerio de Justicia, el ramo de Defensa y la Fiscalía General de la República tienen asignados en conjunto $866.6 millones, en el 2020, que implica un aumento del 22 % con respecto al año pasado.
Según el informe de Fusades, en el Plan de Control Territorial se invertirá un estimado de $575.2 millones, los $200 millones, préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); $122.2 millones que provendrán de contribuciones especiales, $103.9 millones de donaciones, $58.2 millones son desembolsos de préstamos ya aprobados y $10.4 millones de préstamos de inversión ya incluidos en el presupuesto de 2019.
Los legisladores han comentado sus inquietudes sobre el préstamo de $109 millones, además de requerir se les brinde el documento del Plan de Control Territorial, ya que consideran que no es suficiente solo con una presentación del plan.
Fusades indica que el actual Gobierno ha dispuesto de fondos para seguridad desde el 2019, y se le reorientaron $61 millones para ese mismo fin.