Desde hace aproximadamente cuatro meses, la Ruta B de autobuses ha dejado de prestar servicio desde que una clica de la Mara Salvatrucha (MS-13) exigió a los conductores pagar la extorsión que no cancelaron desde marzo de 2020, cuando inició la cuarentena y todo el servicio de transporte público fue suspendido por la emergencia por COVID-19, según denunciantes que hablaron a condición de anonimato.
Este martes, el Diario de Hoy procuró obtener la versión oficial de los dirigentes de la ruta en mención, sin embargo, no fue posible.
De acuerdo con las fuentes, cuando en agosto del 2020 se reinició de manera paulatina el servicio de transporte público, pocos días después, miembros de la MS-13 les salieron al paso a varios conductores en el sector conocido como La Garita, en la Calle 5 de Noviembre, de San Salvador, para exigirles el pago de la “renta” adeudada de todas las unidades, diez en total, que desde marzo no habían cancelado a pesar de no haber trabajado.
La ruta B de autobuses tiene su punto de partida a un costado de la iglesia católica San Sebastián, en el barrio del mismo nombre, de Ciudad Delgado, luego recorre varias colonias del lado norte de San Salvador hasta pasar por la Universidad de El Salvador (UES), recorre el bulevar Los Héroes, Metrocentro y mercado San Miguelito.
Operaban con pérdidas
Según las fuentes, gran parte de los usuarios de la Ruta B lo constituyen estudiantes de la UES, pero por la suspensión de clases presenciales, en agosto, cuando reanudaron la prestación del servicio, la cantidad de pasajeros sufrió una drástica caída, a tal punto que hubo días que no recogían ni 20 dólares.
Afirman las fuentes que cada autobús requiere de 80 dólares diarios para operar, costo equivalente entre combustible y pago de conductor. Pero hubo una ruta que un día recogió tan solo 17 dólares. A eso, agregan, en agosto cuando comenzaron a operar, el gobierno no les dio ningún subsidio, y hasta el momento no lo ha hecho a ninguna ruta, afirman.
De acuerdo con los informantes, la exigencia de la organización criminal de que pagaran la extorsión por meses no trabajados, sumado a la drástica baja en la cantidad de usuarios y a la ausencia de subsidio, derivó en que los dueños de las unidades optaran por guardarlas, pues no podían operar con pérdidas y continuar pagando la extorsión a grupos de pandillas.