Los diputados de la Comisión de Hacienda tuvieron ayer la oportunidad de preguntar a los funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), si los hechos del domingo 9 de febrero en que la Fuerza Armada y la Policía irrumpieron en el Salón Azul, no afectarán los términos que ese organismo haya pactado con el Gobierno salvadoreño para negociar un préstamo de $109 millones que el Ejecutivo quiere para la III Fase del Plan Control Territorial.
El representante del BCIE, Raúl Castaneda, explicó a los legisladores que el organismo es respetuoso de los procesos internos de cada país, pero ante las preguntas de los diputados, les aseguró que el préstamo es “hasta $109 millones” y que los fondos serán auditados por una firma externa y que el BCIE supervisará los procesos de adquisición del equipo que el Ejecutivo pretende comprar, como es un buque, helicópteros y cámaras de video vigilancia, entre otros.
“Si en el proceso de licitación encontramos que el helicóptero que se había presupuesto resulta en una suma menor, es un ahorro que va quedando dentro del programa, que no necesariamente tendrá que ser desembolsado”, argumentó Castaneda.
Los diputados le externaron a los funcionarios del BCIE que tienen inquietud en que la compra de esos instrumentos militares tengan otro fin por parte del Gobierno.
Su preocupación viene desde el domingo 9 de febrero en que las fuerzas militares entraron al recinto legislativo donde sesiona el pleno y se “hace un llamado a la insurrección que lo da como un derecho la Constitución de la República para casos del rompimiento del orden constitucional y la excusa fue este préstamo que el BCIE le está dando al gobierno salvadoreño”, explicó Margarita Escobar, de ARENA.
“¿Usted cree que es excusa para dar una militarización y un autogolpe retrocedido si quiere la contratación de este préstamo, en momentos en que deliberamos sobre este préstamo?”, le preguntó Escobar al representante del BCIE.
Escobar recordó que el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) tiene una cláusula democrática referente a autogolpes de Estado o cualquier rompimiento del orden constitucional
“Esa cláusula democrática va efectivamente a evitar los golpes de Estado o auto Estado y es una sanción muy severa que puede llevar hasta la suspensión de un Estado miembro del sistema y de gozar de sus beneficios”, explicó Escobar.
Ante esto, la diputada tricolor le pidió al funcionario del BCIE que les diera a conocer qué mecanismos han echado a andar después de lo ocurrido el 9 de febrero.
Rodolfo Parker, del PDC, externó que si el buque que se planea comprar puede ser cambiado por la adquisición de medicamentos, a lo que Castaneda respondió que el BCIE no otorga créditos para gasto corriente.
Víctor Hugo Suazo, del FMLN le consultó qué cargo ocupa la comisionada presidencial Carolina Recinos en el BCIE, a lo que Castaneda informó que funge como directora temporal ad honorem del BCIE “y eso es decisión del Gobierno”, señaló el funcionario del BCIE.