La violencia y discriminación contra personas de la comunidad gay, lesbiana y transgéneros, aglutinados en la sigla LGTBI, que huyen de El Salvador para buscar oportunidades en Estados Unidos logran -en buena parte- justificar sus casos de peticiones de asilo ante las autoridades estadounidenses.
Desde Washington, organizaciones como Casa Ruby, un centro creado por la salvadoreña transgénero Ruby Corado para apoyar a miembros de su colectivo, se mantiene alerta de casos de violencia en El Salvador y en algunos las víctimas de abuso establecen comunicación con este centro antes de emigrar hacia Estados Unidos.
Amílcar, nombre ficticio, un joven originario de San Bartolomé Perulapía en Cuscatlán, tiene avanzado el proceso de asilo, luego de huir del país en el año 2017, aunque pasó retenido en un centro de detención en la frontera sur, fue gracias al apoyo de organización de asistencia legal sin fines de lucro en Texas que logró el visto bueno de un juez que dio trámite a su petición. Los abogados vieron su caso potable por esa vía.
Este joven reside en la actualidad en Virginia y labora con documentos legales en una empresa de alimentos mientras culmina con la documentación para obtener la residencia permanente por su condición gay.
Comenta que en su caso pudo justificarlo ante las autoridades porque su integridad corría peligro tanto por la violencia general como por su condición LGTBI en la zona rural de ese municipio, y por haber sufrido un patrón de abusos constantes hasta que se decidió a emprender el viaje.
La salvadoreña Jackelyn Franco, coordinadora del Programa de Vivienda para personas LGTBI de Casa Ruby en Washington, comenta que el proceso de petición de asilo para personas como ella no es expedito, pero ante la situación de violencia contra las personas transgénero, que se agudiza en casos por acaso y maltrato desde las mismas familias de las víctimas, es conocida la situación general y las autoridades estadounidenses y los monitores de derechos humanos son conocedores de la problemática en nuestro país.
Sobre todo si se pone en contexto los múltiples casos de violencia que han disparado las tasas de homicidios contra este colectivo en El Salvador y otros países centroamericanos; también con precedentes importantes donde personas transgénero han sido rechazados en Estados Unidos en sus peticiones y luego han sido agredidas o asesinadas en el país, agrega.
“La situación en mi país no ha cambiado, yo recuerdo las últimas veces que yo estuve en El Salvador (a mediados de la década pasada) fue en situaciones muy castrantes, la violencia no ha parado, de una forma o de otra por violencia transfóbica y hasta por exigir sus derechos”, comenta Franco.
Esta mujer transgénero comenta que las golpizas terminan siendo lo más benevolente que puede sufrir una persona de su identidad sexual porque la mayoría de ataques contra este colectivo siempre llevan implícito el quitarles la vida; y en buena parte de los homicidios evidencian la saña contra las víctimas como torturas infringidas por sus agresores.
La alerta que ha generado en semanas recientes los asesinatos de personas de su comunidad es solo un punto de atención ante la falta de protecciones por parte del estado, apunta Jackelyn Franco a El Diario de Hoy desde su oficina en la organización donde labora en el noreste de Washington DC.
Ve como positivo que los medios de comunicación en este momento han puesto mayor atención para informar hechos de violencia contra ese colectivo, lo que ve como un avance y apoyo moral, aunque no logre con ello impedir que se sigan cometiendo agresiones.
Exigencia de pruebas
La condición de identidad o preferencia sexual en la comunidad LGTBI por sí misma no es una garantía de que una persona reciba el beneficio de asilo ante las autoridades estadounidenses comenta el abogado de inmigración José Lagos consultado por este periódico.
El experto dice que los jueces toman muy en consideración la falta de interés de los gobiernos en proteger a las víctimas y que el solicitante en particular haya sufrido sistemáticamente ataques, por lo que el nivel de pruebas que deben presentar sobre el riesgo que corre su vida e integridad es el mismo que otros casos.
“El asilo (por esta causa) es muy particular al solicitante en relación con la población en general… Vida e integridad sin posibilidades de acceder a la protección oficial es fundamental”, comenta José Lagos.
Cuando la víctima cuanta con suficiente nivel de pruebas sobre patrones de abuso en su contra es una de las líneas de trabaja que mejor funcionan en estos casos para los abogados.
Jackelyn Franco dice que las personas que son atacadas por su identidad de género o preferencia sexual deben recapitular su experiencia antes de abocarse a un proceso de solicitud de asilo por su condición, que al final es todo un proceso legal que demandará evidencias.
“Todo proceso legal requiere de pruebas y evidencias, cuando vine acá a los Estados Unidos desconocía las organizaciones, pero poco a poco me fui dando cuenta que habían activistas que trabajan por la comunidad LGTBI, yo tuve que recopilar toda la información sobre lo que yo pasé en mi país El Salvador, por eso mi mensaje es para personas que están pensando buscar un asilo, algunos que ya están aquí también, es muy importante que recapitulen todo lo que les ha pasado para crear una base de pruebas”, comenta Franco.
El salvadoreño Víctor Claros, director ejecutivo de la organización Impacto LGTBI, un colectivo en el norte de Virginia que aglutina a inmigrantes salvadoreños y de otros países centroamericanos, la mayoría hombres gays, y un pequeño grupo de transgéneros, dice que en su organización creada en 2017 hay un grupo significativo de sus miembros que están solicitando asilo por esa causa.
“Algunos de nuestros miembros están en esos procesos (petición de asilo), nosotros les hemos dado cartas de apoyo y en muchos casos los estamos acompañando a las cortes para las audiencias”, puntualiza Claros al explicar que su organización está enfocada en apoyar a personas gays latinos para promover educación, liderazgo y controles preventivos de salud.
Los sucesivos casos de homicidios contra personas transgéneros en El Salvador en especial en semanas recientes han saltado las alarmas hasta en los medios de comunicación con lo que organizaciones internacionales y observadores de derechos humanos del hemisferio han llamado la atención al país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ente adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA, ha sido una de las ventanas para demandar por parte de organizaciones locales la vulnerabilidad de colectivos identificados con la comunidad LGTB. Al igual que a El Salvador, otros países de la región han sido llamados por la comisión para esclarecer casos desde la perspectiva de derechos humanos.
Integrantes de la caravana están en proceso
En marzo de este año, la prensa nacional en Washington puso su lente sobre un grupo de jóvenes y adultos identificados como miembros de la comunidad LGTBI que llegaron a Estados Unidos en las caravanas que salían de los países centroamericanos.
Arribaron a la capital estadounidense con el apoyo de Casa Ruby que viajó por carretera unos 2 mil 575 kilómetros con el grupo para instalarlo en Washington DC, mientras retomaban la vida normal con sus proceso de petición de asilo.
De aquel grupo de 17 inmigrantes originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, buena parte ya tienen avanzados sus casos y siguen instalados en la capital nacional con las citas respectivas que programan las cortes para cada uno.
Darwin Estrada, director de Servicios Latinos de Casa Ruby en Washington comenta que el trabajo de su oficina es seguir trabajando en conectar a los inmigrantes que han llegado al país huyendo por su condición LGTBI para que encontrarles abogados que les representen en cortes.
“La mayoría lo ha hecho sobre la base de discriminación en sus países y por venir huyendo de constantes atropellos. Varias personas que vinieron en la caravana en marzo de este año, uno de ellos ya recibió el asilo y otros están en proceso de terminar sus casos”, agrega Estrada.
También reconoce que muchas peticiones se quedan estancadas por falta de recursos para moverlos o porque los peticionarios no logran completar el nivel de pruebas exigidas por las autoridades, con la salvedad que este tipo de asilos cada caso es diferente y único, pero que el común denominador es que son personas que han sufrido agresiones físicas y si tienen registros de denuncias ante la policía es clave para completar un proceso, comenta.
“No ha sido fácil, ha sido un camino duro, yo salí de mi casa el 16 de enero de este año en la caravana que salió de El Salvador, el 23 de febrero nos cruzamos el río”, comentó Rony Coreto, que se identifica como Reychell, quien aún mantiene en trámite su petición a más de nueve meses de haber llegado a la capital estadounidense.
A Rony le valió, igual que al resto de miembros de aquella caravana identificados como LGTBI, que los jueces de inmigración en la frontera emitieran medidas cautelares de protección y dieran visto bueno para las peticiones de asilo. La mayoría de casos de esos jóvenes fueron remitidos a la Corte de Inmigración en Virginia.