Las declaraciones patrimoniales de empleados y funcionarios de gobierno serán sometidas a verificación, pero esta vez, bajo lineamiento del nuevo Reglamento de Probidad promulgado por la Corte Suprema de Justicia, afirmó el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.
Eso implica que las declaraciones que están en los escritorios de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema serán las primeras en ser analizados de acuerdo con ese instrumento, dijo el magistrado, quien preside el Comité de Ética y Probidad, impulsora de este proyecto.
“El reglamento surge por mandato de la Ley de Enriquecimiento Ilícito creada el 24 de abril de 1959 y reformada en 1992, en el que establecía que la Corte debía emitir un reglamento para desarrollar los conceptos y contenidos en la Ley en la lucha contra la corrupción”, afirmó Ramírez Murcia.
Pero a pesar del mandato y a 28 años de la reforma no se tenía un reglamento y a falta de él se aplicaban diferentes criterios. Para uniformar y desde hace tres años, la Corte definió criterios para aplicar a la investigación, archivo y funcionamiento de la Sección de Probidad y de la labor de la Corte.
En diciembre pasado, los magistrados se propusieron crear un marco específico y concreto que dio paso al reglamento. La Comisión de Ética y Probidad trabajó durante casi cuatro meses, que lleva la pandemia del COVID19 en la elaboración de la propuesta, se analizó en Corte Plena y el pasado lunes fue aprobada y ya la han mandado a publicar al Diario Oficial para su vigencia.
“Con este reglamento todos los sujetos o funcionarios tenemos que declarar nuestro patrimonio y con la certeza de que a todos se nos va a tratar (medir) con la misma vara y nadie se tratará de manera distinta”, afirmó Ramírez Murcia.
Agregó que caminando en la lucha contra la corrupción e investigando el patrimonio de funcionarios fue como se empezó en la formulación del reglamento.
El magistrado dijo que con la experiencia alcanzada se pulió esta herramienta que se busca sea aplicada con éxito en los casos que surjan a partir de la denuncia pública, denuncia directa por diferentes fuentes y investigaciones periodísticas debidamente respaldada.
Los criterios que reúne el reglamento y que se aplicará a las declaraciones de los funcionarios son temporalidad o evitar que venzan los plazos, la jerarquía de los hechos, nivel de responsabilidad del funcionario, manejo de fondos públicos, falta de presentación de la declaración patrimonial y si no se entrega se aduce sospecha de corrupción para iniciar investigación.
El reglamento incluye por primera vez en el examen de probidad a todos los funcionarios suplentes.