Pese a que un agente de la Policía Nacional Civil intentó asesinar a dos de sus hijos, los parientes se quejaron de que ni el Sistema 911, ni el puesto policial de San Juan Nonualco ni la sede paracentral quisieron recibirles la denuncia el día del ataque.
Una madre relató que fueron al 911 y ahí les dijeron que no estaban autorizados para tomarles la denuncia y que fueran al puesto policial, en esta sede tampoco quisieron hacer nada y los remitieron a la Delegación de La Paz. En esta última les dijeron que solo la Fiscalía General de la República estaba facultada para atender esta demanda.
“Como era un policía nadie quería meterse por solidaridad”, expresó un vecino de Miramar III.
Entre tanto en Fiscalía, aclararon a los pariente que eran falsas las justificaciones de la Policía, y que ellos por ley estaban obligados a tomar la denuncia.
La situación quedó más que evidenciada, el jueves anterior cuando un equipo de El Diario de Hoy fue a San Juan Nonualco a investigar el hecho, lo que demandó conocer la versión oficial y acudió al 911, donde dijeron que el caso lo llevaba el puesto policial y en este dijeron que en la Delegación Policial de La Paz. En esta última, el subinspector Boris Castaneda, enlace de comunicaciones, luego de atender la petición que un periodista de El Diario de Hoy le hizo sobre los hechos que dejaron a dos jóvenes lesionados, uno de ellos más grave y que se debate entre la vida y la muerte, ordenó a su subalterna que le pidiera al comunicador su DUI y la credencial del medio para el que trabaja como parte a la resistencia a dar la información. No conforme con esa exigencia, el subinspector Castaneda ordenó a la agente recepcionista que volviera a pedir los documentos al periodista y que además llamara al medio para corroborar si estaba facultado para pedir esa información a la Delegación de La Paz.
Más tarde, ante el reclamo del periodista por tanta exigencia fuera de lo normal, el subinspector Castaneda justificó su actitud a que con la tecnología cualquiera puede manipular el DUI y la credencial y sorprender a las autoridades.
PDDH investiga los hechos
A raíz de la noticia del ataque armado de un agente policial a dos menores de 15 años, en diferentes medios de comunicación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) abrió un expediente en el que se investigan esos hechos, afirmó la procuradora adjunta, Beatriz Campos.
“La Procuraduría califica este hecho como una afectación a la vida y como una ejecución extrajudicial tentada se abre el expediente de oficio”, explicó Campos.
A ocho días del ataque, la Procuraduría ha verificado el estado de salud de las víctimas, se ha entrevistado a los jóvenes con apoyo de abogados y psicólogo como lo manda la Ley. Se ha constatado que hay daño no solo físico sino mental de los adolescentes y se ha solicitado al hospital atención psicológica o psiquiátrica a los niños. “Se envió un requerimiento oficial al jefe policial de la localidad pidiendo informe de los hechos y se inicie un proceso para establecer las responsabilidades correspondientes
La Procuraduría hará otras investigaciones como tomar testimonios e ir al lugar de los hechos, verificar los expedientes clínicos.
Finalmente emitirá una resolución oficial que será enviada a las autoridades involucradas sobre el intento de privar de la vida de los adolescentes y la magnitud de los daños.
La Procuraduría ha documentado 48 casos de ejecuciones extrajudiciales con 116 víctimas a manos de policías y militares en el que esas personas perdieron la vida desde 2014 a inicios de 2018.