A la zozobra que viven los salvadoreños por la pandemia del COVID-19 se ha sumado la de la inseguridad provocada por grupos delincuenciales, quienes en los últimos tres días cometieron no menos de 51 homicidios: 24 el viernes, ocho el sábado y 19 hasta las 6:30 de la tarde del domingo. La mayoría de víctimas eran personas trabajadoras o no tenían vínculos con pandillas, según las autoridades.
Esta escalada de violencia llevó el sábado al presidente de la República, Nayib Bukele, a ordenar estado de emergencia por tiempo indefinido en todos los centros penales, de donde presuntamente salieron las órdenes para matar. Entre las instrucciones que giró fue enviar a aislamiento solitario a los cabecillas, cerrar las tiendas penitenciarias y suspender toda actividad en las presidios. También hubo requisas en busca de objetos ilícitos.
Pero estas acciones no lograron frenar los crímenes. A las 9:00 a.m. del domingo, las autoridades registraban ya cinco muertes violentas. Esto llevó al Gobierno a intensificar las medidas principalmente en los presidios de Izalco, Quezaltepeque, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera y Zacatecoluca.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, anunció en su cuenta de Twitter que desde ayer se mezclaría en la misma celda a integrantes de distintas pandillas de todas las cárceles, una medida que no es nueva, según diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso.
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Los racha de asesinatos continuó. A las 2:30 p.m., por la misma red social, Bukele expresó que las maras estaban delinquiendo valiéndose de que el trabajo de policías y soldados estaba centrado en atender la emergencia sanitaria, por lo que se movería personal para enfrentar el problema de inseguridad.
El mandatario instruyó a los integrantes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada defender sus vidas y la de la ciudadanía. “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños… Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo”, les dijo.
Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre funcionarios, abogados y analistas políticos, quienes calificaron las instrucciones como ilegales. (Ver página 4).
No es la primera vez que el Gobierno recrudece las medidas en las cárceles. El 29 de junio pasado, un día después del plagio de 65 pasajeros de un bus en Ciudad Arce, La Libertad, y el abuso sexual contra dos mujeres que iban en la unidad, Bukele ordenó terminar con las prisiones “exclusivas” y pidió encerrar en los mismos recintos a pandilleros de la 18 y la Mara Salvatrucha “para desmantelar mafias instauradas desde la tregua” entre pandilleros pactada en la administración de Mauricio Funes. Tres meses después, el 20 de septiembre, tras el asesinato de 17 personas en 14 horas, Bukele advirtió a los delincuentes: “paren de matar ya o volvemos a poner la emergencia en penales”.
Bandos estaban en misma celda
Los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, del PCN, y Mauricio Vargas, de ARENA, señalaron ayer que la decisión de que delincuentes de diferentes estructuras compartan la misma celda no es nueva. Ambos coincidieron que la medida que se venía aplicando desde administraciones anteriores.
“Eso de mezclar a individuos de diferentes pandillas no es nuevo porque, inclusive, desde el Gobierno pasado lo que se estaba haciendo era poner en las prisiones de acuerdo al grado de peligrosidad y no de pertenencia. Sobre el incremento de asesinatos lo que demuestra es más cobardía estos individuos”, señaló Almendáriz.
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Vargas secundó a su colega y agregó que el repunte de muertes violentas del fin de semana deja varias interrogantes sobre la manera en la que el Gobierno ha manejado el Plan de Control Territorial.
A su juicio, si solo en un poco más de 20 municipios se desarrolla dicho Plan “no parece lógica” la disminución de homicidios en todo el país.
“Desde un tiempo atrás, investigaciones periodísticas reflejaban algunas relaciones de personajes del Gobierno con las estructuras (delincuenciales) en canjes y cambios que representaban un acuerdo para poder desarrollar los trabajos que se hacían. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Será el incumplimiento de acuerdos? ¿Será una demostración de fuerza donde están diciendo (las maras): “Aquí estamos y nosotros tenemos el termómetro para elevar o no la temperatura (los homicidios)”?, señaló Vargas.
Él opinó que el Ejecutivo no debe ceder a los chantajes de las pandillas, pero sí debe explicar los “entendimientos” que tiene con ellas.
