Las solicitudes de asilo de salvadoreños que huyeron del país por la violencia criminal, en especial la generada por las pandillas, se incrementaron en 2019 con respecto al año anterior, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Los registros de esta organización mundial detallan que distintos países en el mundo recibieron 54,300 nuevas solicitudes presentadas por salvadoreños en 2019.
“Han pedido que su condición sea considerada como persona refugiada y que se le otorgue la protección internacional en otro país”, dijo la jefa de la oficina de ACNUR en el país, Elisa Carlaccini.
Esa cifra representa un considerable aumento de peticiones de asilo de salvadoreños con respecto al año anterior, al 2018.
Carlaccini aseguró que “En el 2018 se tuvo 46,400 solicitudes de asilo de salvadoreños, hay un incremento bastante importante de esas solicitudes que han crecido el 16 por ciento” en el último año.
De acuerdo a la cantidad de solicitudes presentadas, El Salvador es uno de los diez países en el mundo con más peticiones de asilo o de refugio en el mundo. En la región centroamericana le acompañan Honduras, Guatemala y Nicaragua con la mayor cantidad de solicitudes de asilo.
Esas 54,300 personas salvadoreñas que solicitaron refugio en otros países, “han pedido que su condición sea considerada como persona refugiada y que se le otorgue la protección internacional en otro país”, dijo Carlaccini.
Agregó que “no es un movimiento voluntario, más bien son personas que han sido forzadas a dejar sus hogares para poner sus vidas y la de sus familias en seguridad”.
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Estas 54,300 nuevas peticiones forman parte de las 136,292 solicitudes de salvadoreños que han pedido el estatus de refugiados, pero todavía los países en los cuales han hecho esa petición no les han resuelto sus solicitudes.
De acuerdo con información de la oficina de ACNUR en El Salvador y basada en el informe de Tendencias Globales 2019 presentado esta semana, El Salvador es uno de los países de origen con un número significativo de solicitudes de asilo a la espera de resolución.
EE. UU. el mayor destino
Estados Unidos sigue siendo el mayor destino de los solicitantes de asilo por tercer año consecutivo y los salvadoreños no fueron la excepción. Además de Estados Unidos, México y España son otros de los países que más peticiones de asilo reciben de los salvadoreños.
“Nosotros (ACNUR) no somos los que decidimos, sino que es facultad de cada Estado, pero estamos acompañándolos para ir fortaleciendo las capacidades de los Estados para poder llevar a cabo esos procesos (de otorgar la condición de refugiado a una persona)”.
Estos salvadoreños que ahora piden refugio en otros países, tuvieron que huir de El Salvador porque consideraron que sus vidas y la de sus familiares estaban en peligro por distintas razones.
“La mayoría de las solicitudes son porque las personas están huyendo de conflictos, de situaciones de violencia, de persecución, de amenazas, de desplazamiento forzado”, señala Carlaccini.
A las razones anteriores se le suman que “muchas personas sobretodo mujeres que huyen por motivos de violencia sexual. También personas que huyen por su condición de género, personas LGTBI que están siendo perseguidas de una forma indiscriminada y necesitan protección específica debido a su condición”.
Pero también hay compatriotas que ya gozan de su condición de refugiados en distintas partes del mundo. “Son 41,850 personas salvadoreñas refugiadas en el mundo a final de 2019”, señala la oficina ACNUR El Salvador con base en el informe global.
A los compatriotas que huyeron fuera de El Salvador por cuestiones de seguridad se le suman los connacionales que tuvieron que desplazarse de manera forzada de un sitio a otro, dentro del territorio. Pero este es un tema invisibilizado por el Estado.
Un registro sin actualizar
Pero lo que lamenta la representante es que las cifras de las personas o familias que tuvieron que abandonar forzadamente sus hogares para buscar un lugar aparentemente más seguro, siempre en el país, estén desactualizadas.
Carlaccini señaló que el último estudio de este fenómeno social corresponde al período 2006 y 2016, porque desde esa época ya no se realizó ningún otro diagnóstico.
En 2018, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reveló el informe “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador”. Este informe reveló que 71,500 personas habían sido obligadas a desplazarse de un lugar a otro por razones de la violencia y que es la última cifra oficial de los desplazamientos forzados internos, según Carlaccini.
Lo grave del fenómeno, según Carlaccini, es que el 54 por ciento de víctimas del desplazamiento forzado interno son mujeres. “Siempre las mujeres son un número mayor normalmente, por lo menos de las personas desplazadas internamente”, señaló.
El estudio proporciona información sobre las características e impactos del desplazamiento forzado causado por la violencia en El Salvador, según ACNUR.
Solicitudes de asilo
Solicitudes de asilo
Agrega que el informe reveló que los hechos de violencia contra la población salvadoreña se ubicaban en esa época como la tercera causa de “movilidad interna” de la población en los últimos 10 años, después de razones económicas y familiares.
Agrega que “en ausencia de un registro donde las personas desplazadas se puedan registrar y ser reconocidas oficialmente es muy difícil tener estadísticas confiables. Entonces es necesario que nos dé una magnitud más acertada y más actualizada sobre la dimensiones del desplazamiento forzado interno”.
Carlaccini recordó que el registro común de personas desplazadas de manera forzada está contemplado en la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, aprobada el 9 de enero pasado por la Asamblea Legislativa.
“El Salvador ha sido pionero en el desplazamiento forzado interno al aprobar una ley sobre la prevención y protección del desplazamiento forzado interno y eso es algo muy importante, muy significativo, por el cual nosotros le damos todo nuestro beneplácito”, dijo Carlaccini.
Aseguró que las emergencias por la pandemia del COVID-19 y por las tormentas Amanda y Cristóbal, han atrasado la elaboración del reglamento de la referida legislación para que pueda entrar en vigencia en el menor tiempo posible.
La referida ley surgió de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que amparaba a un grupo de personas que habían huido de sus hogares por las amenazas de las pandillas.
El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte dio a la Asamblea Legislativa un plazo de seis meses para reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado y crear una ley integral de atención a víctimas de este fenómeno.
En esa misma oportunidad, los magistrados constitucionalistas pidieron a los diputados “adoptar medidas para recobrar el control territorial de las zonas dominadas por las pandillas y evitar futuros desplazamientos y la continuidad de las afectaciones”.
ACNUR apoya esfuerzos para proteger a las víctimas
Carlaccini señaló que ACNUR trabaja de manera estrecha con el Estado salvadoreño y la sociedad civil para brindar asistencia y protección a las personas que son forzadas a huir de sus hogares.
En ese sentido, el referido organismo impulsa la “Estrategia Regional de Protección y Soluciones” que pretende responder a las complejas necesidades de protección en el país.
También ha priorizado el fortalecimiento de la Comisión para el Reconocimiento de la Condición de Refugiados de El Salvador (CODER), que trabaja en mejorar el marco legal salvadoreño con el propósito de hacerles reformas a la Ley de Refugiados, la Ley de Migración y la ratificación de la Convención para reducir los casos de apatridia (que carece de nacionalidad”.