Gobierno cierra el Puerto de La Libertad, abogados advierten posibles delitos

Abogados y diputados de ARENA y PDC coinciden en que ni el decreto de emergencia, ni el Decreto Ejecutivo 19, ni el Código de Salud le dan potestad a Bukele para cercar la ciudad si el fin no es sanitario, sino “un castigo autoritario” al estilo de la “Edad Media y de Hitler”.

Foto EDH/ Yessica Hompanera

Por Eugenia Velásquez

Abr 19, 2020- 06:00

Abogados y diputados dicen que cercar militarmente la ciudad del Puerto de La Libertad, “privando de libertad” a sus habitantes, sin tener un asidero epidemiológico que lo sustente, no es más que una decisión “autoritaria y desproporcional” de parte del presidente Nayib Bukele, que atenta contra la salud y la vida de los residentes de ese municipio, violando el mismo Gobierno las medidas excepcionales impuestas en el decreto de emergencia y la cuarentena domiciliar y que desobedece las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

Todos esos parámetros juntos es lo que abogados constitucionalistas y diputados de ARENA y PDC advierten que la Fiscalía debe investigar para deducir responsabilidad, incluso, hasta penal.

“Nos preocupa lo que está sucediendo, porque ha sido una directriz emitida sin ningún fundamento legal, de hecho, excediendo las facultades que tiene el presidente y la Fuerza Armada. El enfoque que le han dado no parece ser sanitario sino un enfoque sancionatorio y represivo y la Sala les ha dicho tres veces que esa no es la manera de tratar ese tipo de problemas”, apuntó Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana.

En un comunicado emitido por esa organización y otras como el Consorcio por la Transparencia, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Tracoda, Cristosal y Cecade, exigen a la Fiscalía a actuar con la contundencia necesaria para garantizar que no se sigan dando acciones que atentan contra los cimientos de la República.

“Las circunstancias demandan actuar, ejercer las facultades constitucionales en defensa de la República, aplicar la ley contra los infractores, la Fiscalía General debe defender los intereses del Estado, promoviendo la acción penal contra aquellos funcionarios que inobserven la Constitución”, reza parte de su informe.

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, también explica que es vital la actuación de la Fiscalía en la coyuntura.

“Está claramente en flagrancia, se han violentando las órdenes judiciales (de la Sala) y me parece que aquí lo que procede es una acción fiscal urgente, apoyado con el Procurador de los Derechos Humanos, porque hay derechos humanos en juego”, explicó.

La acción del Gobierno que también es calificada como un “castigo” por otros abogados ha traspasado al ámbito internacional. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, advierte que la medida es “desproporcionada y violatoria de los derechos humanos”.

Bertrand Galindo, explica que el Gobierno no puede mantener ese cerco militar, ya que El Salvador no está bajo un régimen de excepción. La vigencia del decreto que permitiría esas medidas caducó el 14 de abril.

“Tiene un carácter de castigo, un carácter punitivo y, por otro lado, me parece que no hay capacidad legal para poder hacer eso, ya no hay régimen de excepción, como consecuencia hacer ese tipo de bloqueo que no tiene una explicación clara de carácter epidemiológico, sino más bien un castigo porque la gente creía que no estaba obligada a cumplir, eso está fuera de proporción”, sopesó Bertrand Galindo.

En cuanto al rol que pudiera jugar la Sala de lo Constitucional, el abogado es de la idea que el Máximo Tribunal al ver que “hay más violaciones de derechos humanos que informe a la Fiscalía y a la Asamblea para los procedimientos legales correspondientes”.

Enrique Anaya, abogado constitucionalista, expresa que la decisión de aislar a todo el Puerto de La Libertad no tiene un fundamento sanitario como ocurrió con el primer caso positivo del COVID-19 detectado en Metapán, Santa Ana, por lo tanto sus intenciones no son otras más que declarar un “castigo”.

“Definitivamente hay un castigo colectivo que el presidente ha hecho al modo de la Biblia o de la Edad Media que castigaban a todo un pueblo por el pecado de uno o de dos, eso ha hecho el presidente”, lamentó Anaya. Señaló que impedir la salida de las personas ni siquiera para ir a comprar alimentos son situaciones que lindan en la “imposición de un toque de queda, de un arresto domiciliar”.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, expuso que la Asamblea aprobó una ley que protege los derechos humanos el pasado jueves acorde a lo que dictaminó la Sala, por lo que espera que sus colegas diputados lo mínimo que pueden hacer es “superar un posible veto”, ya que Bukele dijo en Twitter que la rechazaría antes de que la Asamblea la avalara.

“Hay limitaciones de la Sala de lo Constitucional, una cuarentena y un cerco sanitario no equivale a un secuestro, no pueden haber medidas sin modalidades de excepcionalidad por casos urgentes y por emergencias de los pobladores, él (Bukele) dicta como que si fuera todo el gobierno. El dicta una medida arbitraria y como cinco horas después el ministro de la Defensa, que se está prestando a esto contesta y dice en un tuit que el cerco durará 48 horas”, cuestionó.

Según Parker, no solo la Fiscalía está llamada a poner freno a las “arbitrariedades” del Gobierno. De acuerdo al diputado pedecista desde la Asamblea deben poner un paro, ya que el Ejecutivo aún tiene propuestas en el Congreso de traslado de fondos, recursos que no deberían ocuparse para “violentar” el Estado de Derecho.

Sin embargo, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, señaló que la “pelota ya está en la cancha de la Sala y de la Fiscalía”. Dijo que la Sala es la primera que debe actuar, ya que fue quien declaró cuáles son los parámetros con los que se debe manejar la cuarentena y les pidió a los ministros que se abstengan de realizar acciones que vayan en contra de sus resoluciones.

En un comunicado emitido por ARENA, exigen al fiscal a que actúe de inmediato para defender a las personas en centros de contención y que haga cumplir las resoluciones de la Sala.

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