País necesita $24 millones para atender a desplazados y refugiados

El país se ha integrado a una iniciativa apoyada por ACNUR para abordar el desplazamiento forzado. El gobierno presentó un plan de acción que incluye proteger y atender a las personas desplazadas.

En varios cantones de El Salvador muchas familias huyen de las pandillas.

Por Xenia González Oliva

Dic 21, 2019- 04:30

El Salvador necesita de $24,946,665 para el período de 2020 a 2022 a fin de poder atender a las víctimas del desplazamiento forzado, ejecutar una respuesta al fenómeno y responder a los solicitantes de asilo que lleguen al país.

El cálculo fue realizado como parte de los compromisos que adquirió el país después de haberse integrado al Marco Integral para la Protección y Soluciones (MIRPS), una iniciativa apoyada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para atender el desplazamiento forzado en la región de Centroamérica.

El Salvador se integró en julio de este año al MIRPS, sumándose a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá.

Los demás países también participaron en el trabajo de cuantificación y se concluyó que, en total, para poder dar una respuesta al fenómeno se necesitan de $225.8 millones.

De estos, el 37%, es decir más de $84 millones, provienen del financiamiento de cada país. Pero existe una brecha de financiamiento de más de $141 millones, que necesita del apoyo de la comunidad internacional para poder obtenerlo.

El plan de El Salvador ante los desplazamientos forzados

“Las acciones incluidas en el plan se enfocan en la atención a personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento, personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiados y personas deportadas con necesidad de protección”, se expone en el apartado de El Salvador en el informe publicado por ACNUR.

En este, el país se comprometió a enfocar las primeras acciones de protección del Plan Nacional en la creación de albergues y espacios de acogida para personas desplazadas internamente, personas deportadas y solicitantes de asilo. También se comprometió a a generar un registro único migratorio, así como implementar un módulo de protección para fortalecer la identificación y gestión que requieren las personas deportadas con necesidades de protección, entre las que se incluye a la niñez, la adolescencia, las mujeres y la población LGBTI.

También contempla crear un registro único de personas desplazadas. Además de fortalecer las oficinas locales de atención y la red consular en países como México, Estados Unidos y Belice.

El plan será ejecutado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería. Pero también contempla acciones en las áreas de educación, salud y trabajo.

Por ejemplo, el país se comprometió a trabajar por la recuperación del “carácter protector e integrador de los centros educativos”. Así como favorecer la inclusión y retención educativa. “Se incluye la ampliación del sistema de Alerta de Violencia en Educación (SALVE) para conocer, investigar, atender, derivar y analizar diferentes casos de violencia que afectan a la comunidad educativa”, dice el informe.

En el área de empleo, el país anuncia que ampliará los programas de apoyo a emprendedores para personas desplazadas y deportadas. También se creará un centro especializado para programas técnicos y vocacionales.

En esta área, el plan también incluye el compromiso de generar sensibilización en las empresas privadas para la contratación de la población LGBTI.

En su cuantificación, el país expuso que el 35 % de los más de $24 millones necesarios para echar a andar el plan estarán en el presupuesto de la nación. Es decir, $8,712,988.

Sin embargo, al revisar el proyecto de presupuesto de 2020, no hay nada explícito sobre estos fondos. El 65 % restante, $16,197,317, está en la categoría de la brecha financiera.

Entre los retos se mencionan los pocos datos disponibles sobre la población de interés. La única fuente de datos es un informe publicado en 2018, en el que se calculó que en el 1.1% de las familias del país en 2016, al menos uno de sus integrantes tuvo que moverse por la violencia.

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