Las distribuidoras de energía eléctrica tienen garantizado el pago de febrero y marzo por suministrar el servicio a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) para que canalice el agua potable a las familias salvadoreñas, sin embargo, al consultarles a los diputados de cómo harán para que la Anda honre el pago con las empresas de energía en los meses que restan del año, su respuesta es que es un problema que el Estado debe resolver y no la Asamblea.
Los diputados aprobaron ayer con 55 votos a favor y dos en contra de los diputados Martha Evelyn Batres y David Reyes, ambos de ARENA, asignar $7.6 millones a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de ingresos corrientes del Estado para que honre la mora que tiene Anda con las distribuidoras de energía eléctrica.
Hace unos días miles de familias de una parte del Gran San Salvador y la mayoría de municipios de los departamentos de San Vicente, La Paz, Cuscatlán y La Libertad, corrían el riesgo de quedarse sin agua potable en sus viviendas, debido a que la empresa Distribuidora de Electricidad DelSur reclamaba que la Anda le debe $2.4 millones correspondientes a febrero y marzo por el suministro de energía para sus plantas de bombeo.
Ante esta problemática el Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea le aprobara trasladar $7.6 millones de ingresos de los impuestos que, según el decreto, son “excedentes” recabados gracias a la eficacia en las contribuciones fiscales.
Pero como esos fondos solo alcanzan para cubrir hasta marzo el pago con las distribuidoras de energía eléctrica, Hacienda también ha solicitado a los diputados que le aprueben incorporar a CEL $32.5 millones provenientes del finiquito de títulos valores que emitió la autónoma anteriormente, según explicó la semana pasada la diputada del FMLN, Yanci Urbina.
La legisladora efemelenista hace una aclaración al respecto de la siguiente manera: “El mecanismo que se estableció en 2012 no determinó por ejemplo que entidad iba a hacer el pago del diferencial de precios que podría haber cada vez que cambia la tarifa en un trimestre. También no diferenció por ejemplo, quién es el responsable del pago ante la Unidad de Transacciones, todos esos mecanismos para que contribuya a un mejor funcionamiento es importante seguirlo viendo”, argumentó Urbina.
Y al preguntarle si existe alguna responsabilidad por parte de los funcionarios que lideran la Anda y la CEL por el impago a las distribuidoras de energía, Urbina refiere que es un tema estatal.
“En lo que compete a esta Asamblea Legislativa es analizar los mecanismos, la legislación que permita que eso fluya, ya el tema de la gestión de las entidades públicas eso corresponde al Órgano Ejecutivo, a nosotros nos corresponde la legislación”, argumentó Urbina.
Según el Presupuesto General de la Nación de 2019 se destinaron $64 millones para cancelar el subsidio de la energía eléctrica de este año.
“Hay un grave problema de planificación presupuestaria en el gobierno. El gobierno debe prever la totalidad de gastos y estos son previsibles”, manifestó el diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático (CD).
Por su parte, el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, expresó que definir si hay responsabilidad o no de los funcionarios públicos de la Anda y de la CEL por incumplir con el pago de las empresas de energía será competencia del nuevo gobierno presidido por el presidente electo Nayib Bukele.
“Eso es un mecanismo del próximo gobierno, nosotros lo que estamos haciendo es nada más para que la población no se quede sin agua, aceptar esa propuesta del gobierno y así nosotros cumplirle a la población”, expresó Almendáriz.
Francisco Zablah, de GANA, lamentó que el gobierno sólo esté “apagando el fuego” pero no resuelva el problema financiero de fondo.