En Nicaragua, el número de presos políticos (personas arrestadas por protestar en contra del Gobierno, que se defiende alegando que en el país hubo un intento de golpe de Estado) no para de crecer: 159, según el dato más reciente.
Conscientes de que ni los más insistentes comunicados, ni las más enérgicas condenas de papel -sanciones económicas incluidas- ayudarán mucho para ver a sus hijos en libertad, los padres y madres de estos prisioneros lanzaron la campaña “Navidad sin ninguna presa, ni preso político”.
El grupo denuncia que sus parientes “están encarcelados por la dictadura de la familia Ortega Murillo, sufriendo todo tipo de abusos, agresiones y padecimientos que lesionan su integridad y que hacen peligrar su vida”.
En mayo pasado, el preso político Eddy Montes, nacido nicaragüense y nacionalizado estadounidense, murió baleado en los patios de la cárcel Modelo (en Tipitapa, una ciudad dormitorio ubicada a 21 kilómetros al este de Managua), por disparos hechos por un custodio que se disculpó asegurando que Montes quería quitarle su arma.
Recuerdan que sus hijos, hermanos, padres y madres, “son prisioneros por pensar diferente, por pretender ejercer su derecho constitucional a la protesta, por tratar de ejercer su libertad de expresión y hasta de religión”.
“Ellos fueron secuestrados de sus casas, lugares de trabajo o haciendo actos de solidaridad o protesta, mediante el uso de violencia de fuerzas policiales y paramilitares. En muchos casos, sus pertenencias fueron robadas y sus medios de trabajo han sido destruidos”, añaden.
Los padres organizados dicen que “la Policía ha inventado delitos, sembrado drogas y armas; los fiscales han armado causas ilegales basadas en mentiras y falsedades; los jueces han actuado al margen de la ley, ejecutando la orden de condenar a nuestros familiares. (La cárcel de) El Chipote y el sistema penitenciario han sido verdaderos centros de torturas y vejaciones”.
Uno de los ejemplos más claros, es el de “los Aguadores”, nombre que hace referencia a 16 jóvenes, hombres y mujeres, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que llevaban agua a las madres que estaban en huelga de hambre en el templo de San Miguel, en Masaya.
Su historia es uno de los elementos más tragicómicos del drama surrealista que vive Nicaragua, no desde abril de 2018, sino desde 2007, año en que el sempiterno líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, llegó a la presidencia del país.
Los “aguadores” (ellos mismos pidieron ser llamados “la Banda de los Aguadores”), fueron arrestados el 14 de noviembre, mientras trataban de llevar agua y material de apoyo, a las madres que se sometieron a la privación de alimentos para llamar la atención de la comunidad internacional ante la injusticia cometida contra sus hijos.
A las 3:30 de la madrugada del 1 de diciembre pasado, un juez determinó que el grupo deberá enfrentar juicio el próximo 30 de enero, lo que garantiza que los jóvenes pasarán navidad en la cárcel… a menos que sus padres encuentren la forma de impedirlo.
Su reacción fue pedir “a sacerdotes, religiosos, religiosas y pastores, dedicar sus cultos y servicios, misas y oraciones a la libertad de todos los presos políticos. A cada nicaragüense le pedimos una acción cada día de este mes de diciembre para que nuestros familiares sean liberados”.