La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se volvió a reunir este viernes con la intención de emitir un dictamen favorable y votar ayer mismo por la aprobación del préstamo de $109 millones solicitado por el Gobierno para la tercera fase del Plan Control Territorial. Pero los legisladores no lograron un acuerdo porque, según dijeron, les hace falta más información sobre cómo será utilizado el dinero.
A la reunión fue convocado el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para que resolviera algunas inquietudes que hay en torno al tema, pero luego de que él detallara el monto que se destinará para cada rubro y señalara la importancia de invertir en el tema de seguridad, los diputados le manifestaron que no tenían interrogantes sobre el tema del dinero, sino sobre cómo será invertido.
De manera que serán los ministros de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, y de Defensa, René Francis Merino Monroy, así como el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, quienes deberán aclarar las dudas de los parlamentarios.
El diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, señaló que en repetidas ocasiones han recibido a los funcionarios del gobierno para hablar del tema, pero no les han presentado un plan detallado y ni han podido despejar dudas sobre el destino que tendrán los fondos.
“Han venido 60 veces pero no nos han dado el Plan de Control Territorial. Nos hablan de tres fases pero nos dicen que son siete. ¿Dónde están las otras cuatro, cómo se interaccionan entre ellas? Estamos claros en la parte presupuestaria, hay que ver la parte de los programas y los proyectos”, dijoVargas.
Mientras que el diputado Rodolfo Parker, del PDC, se preguntó si es pertinente destinar $25.8 millones en el tema de videovigilancia cuando paralelamente hay otros proyectos similares que están en proceso de inversión.
Esto en referencia a que la Alcaldía de San Salvador destinará $85 millones para la adquisición de más de 1,000 cámaras de videovigilancia y el filántropo estadounidense, Howard Buffett, donó $20 millones para el mismo fin.
El diputado Norman Quijano no ve necesario que el Gabinte de Seguridad cuente con un buque o más helicópteros para combatir la criminalidad en el país. Él matizó que esos son instrumentos de apoyo pero no son elementos estratégicos para liberar territorios controlados por los pandilleros.
El presidente de la Comsión, Guadalupe Vásquez, del partido GANA, consideró que se está haciendo un “juego político” al no dar los votos para emitir un dictamen favorbale.
Él aseguró que su partido estaba listo para dar los votos ayer. Lo mismo respondió Mario Ponce,diputado del PCN y presidente de la Aamblea Legislativa.
“Para nosotros, tal como lo han explicado los funcionarios, no hay dónde tener dudas. Esta es inversión con tecnología para una mejor funcionabilidad del aparato de seguridad con el acompañamiento de la Fuerza Armada”, sostuvo Ponce.
Él señaló que hay un compromiso para que la Comisión de Hacienda logre sacar un dictamen favorable el lunes, a la 1:30 p.m., para ser sometido a votación en la plenaria del próximo jueves.
PDC propone comité fiscalizador
El viaje que el viceministro de Justicia, Osiris Luna Meza, realizó en octubre pasado por invitación de la empresa de seguridad mexicana SeguriTech Integral Security , para conocer los servicios tecnológicos que la compañía ofrece en aquel país, se ha sumado a las razones por las que los partidos ARENA, FMLN y PDC están dudando en votar para avalar el préstamo de $109 millones pedidos por el Gobierno.
Al PDC le genera desconfianza que el Gobierno no muestre transparencia sobre este caso. Además de la vinculación del ministro de Gobernación, Mario Durán, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, en negociaciones con pandilleros, según ha revelado una investigación de la Fiscalía General.
Por ello, el diputado Rodolfo Parker reveló que su partido propondrá la creación de un comité que sirva como una “especie de filtro”.
La propuesta es que dicho comité esté integrado por un delegado de la iglesia, de la academia, de la empresa y de la Corte Suprema de Justicia.
“¿Por qué? porque no confiamos. En la medida que no se hayan resuelto aspectos tan sensibles que involucran a estos funcionarios, que tienen que ver en la administración de estos recursos (los $109 millones) con cosas sospechosas tenemos que defender el dinero del pueblo”, argumentó Parker.
La semana pasada, en redes sociales circuló un memorándum del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el cual Luna Meza solicita al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que le autorice viáticos, gastos de viaje y terminales para el viaje que realizó entre el 10 y el 13 de octubre. En el documento, aclara que los gastos del viaje serán cubiertos por el grupo SeguriTech Integral Security de México.