Ortega enfrenta tormenta diplomática

¿Quién lo sancionará primero: Washington, la OEA, o la Unión Europea?

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Referencia/ AFP PHOTO / MARVIN RECINOS

Por Iván Olivares

2019-06-18 4:30:54

Las otras tres fechas del combo de junio, que tanto teme Daniel Ortega, son el 20, el 26, y algún momento de la segunda quincena del mes de junio, y se decidirán en Washington, Medellín y Bruselas (o Estrasburgo) respectivamente. Las tres tienen tanto peso en el futuro político y económico del aún mandatario nicaragüense, que es difícil dilucidar cuál le preocupa más.

El 20 de diciembre de 2018, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la ley conocida como NICA Act -también conocida como la Magnitsky Act- inició una cuenta regresiva que cierra este 20 de junio, cuando el secretario de Estado debe presentar un informe al Congreso, informando cómo sigue la situación en Nicaragua.

La consecuencia es que los representantes deberán decidir qué acciones tomar, las que van desde más sanciones en contra de personeros del régimen, del que ya están sancionados la vicepresidenta Rosario Murillo; el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y el tesorero del FSLN, Francisco López, entre otros.

El problema es que también puede implicar sanciones a la economía del país en su conjunto, no solo por la orden expresa de que los representantes estadounidenses voten en los organismos financieros internacionales en contra de cualquier nuevo préstamo para Nicaragua, sino porque podrían suspender el Cafta, tratado que es la base del intercambio con Estados Unidos, que es el primer socio comercial de Nicaragua.

OEA: a un voto de la expulsión

Seis días después, la Asamblea General de la OEA se reunirá en Medellín (Colombia), para discutir, entre otros temas, la situación de Nicaragua, y podría llevar a la decisión de aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Managua, lo que implicaría suspender al país de ese foro continental.

Eso profundizaría aún más los problemas económicos del régimen, siendo que “Ortega tiene problemas de dinero”, en opinión de la lideresa política e historiadora Dora María Téllez.

Su análisis indica que la dictadura se está quedando sin fondos para pagar a los paramilitares y a la militancia del partido que por 200 córdobas (poco más de seis dólares al día) integra la “maquinaria represiva” que asedia, espía y agrede a la ciudadanía.

Para suspender a Nicaragua de la OEA se requieren 24 votos, y aunque hasta ahora lo más que se han logrado son 21, la incorporación a ese foro del representante de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y del nuevo representante salvadoreño, acercan la suma de votos hasta los 23, y dejan a Ortega al borde de sufrir una nueva derrota diplomática.

Europa también observa

El último elemento del combo vendrá del otro lado del océano, cuando el Parlamento Europeo haga su propio análisis de cómo ha evolucionado la crisis nicaragüense.

El eurodiputado saliente Ramón Jáuregui, (de nacionalidad española) indicó que un incumplimiento del plazo fatal del 18 de junio para liberar a todos los presos políticos conllevará sanciones, que muy probablemente sean anunciadas en la segunda quincena de junio.

Estas podrían ir desde el castigo a individuos asociados con el régimen de Ortega, hasta la aplicación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA), que es el que facilita el intercambio comercial de Centroamérica -Nicaragua incluida- con las naciones de la Unión Europea.

Si bien la liberación de los presos políticos se vería como un buen paso en la dirección correcta, el mundo -y los nicaragüenses- no se conforman con eso. Ellos también piden el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos, tales como salir a manifestarse, expresarse libremente, que sus votos cuenten a la hora de elegir autoridades, y exigen que esas autoridades se elijan de manera adelantada, sin esperar al 2021. ¿Es eso demasiado pedir?