Organizaciones de la sociedad civil opinan que tendrán el papel fundamental de seguir señalando, con mayor fuerza, las acciones que se cometan en contra del bienestar del país, ya sean de la nueva legislatura que entrará el próximo 1 de mayo, o del gobierno del presidente Bukele.
Este papel será de un ente de control que vendrá a tener en la mira las acciones que realicen los legisladores del partido Nuevas Ideas que tienen la mayoría calificada en la Asamblea, y su relación con el Ejecutivo a la hora de la toma de decisiones que afecten al país.
Óscar Pineda, investigador del departamento de Estudios Legales de Fusades, explica que la oposición nunca será irrelevante en la Asamblea Legislativa, a pesar de ser una minoría, “porque la democracia no solo es el voto de la mayoría, el ejercicio de la democracia en la Asamblea implica la regla de la mayoría para decidir, pero antes de esto existe una deliberación legislativa, que es una obligación jurídica de la Asamblea el discutir los temas”, dice Pineda, lo cual le da a los partidos la oportunidad de exponer sus razonamientos ante las decisiones a tomar.
Añade que el contraste de ideas en lo que ahora serán minoría en el congreso salvadoreño permitirá generar mayor transparencia al discutir los temas de forma pública, por lo cual se debe tomar en serio a los partidos políticos y señala que también la Constitución de la República prevé dos supuestos en los que se requieren tres cuartas partes de los votos, es decir 63 votos, con lo cual la oposición sí podría hacer la diferencia. En cuanto al papel de las organizaciones de la sociedad civil, considera que tendrán más trabajo y más responsabilidad, “sin duda alguna es un momento excepcional, y es un momento que no había pasado en que el partido del presidente (del país) tuviera 56 votos, y eso supone un intenso trabajo de contraloría social.
Te puede interesar: Centralización del Fodes en el Gobierno pone en riesgo garantía crediticia de alcaldías
La oposición política no va a ser irrelevante en cuanto tiene voz y en cuanto tiene voto, pero además el trabajo de la sociedad civil y de las organizaciones sociales va a ser más intenso que nunca y va a requerir la mayor atención”, opina Pineda.
Otro papel fundamental que señala el investigador es el de los periodistas, ya que tendrán que seguir defendiendo, para evitar que se den retrocesos, en los derechos de asociación y de libertad de expresión.
Señala que el hecho de tener una mayoría en la Asamblea no autoriza a violar derechos fundamentales ni a salirse del marco de la Constitución, “las elecciones legitiman el origen del ejercicio del poder, pero el respeto a la Constitución es lo que legitima el ejercicio del poder. El trabajo de las organizaciones sociales y de los periodistas como contralores de ese respeto a la Constitución va a ser más importante que nunca y esto pasa por proteger los derechos como la libertad de asociación, de reunión y de libertad de expresión”, indica.
Pineda señala que el panorama del control que la Asamblea ejerce sobre el Ejecutivo va a ser diferente a partir del 1 de mayo; entre estos, los mecanismos de control como las comisiones de investigación, y las interpelaciones, no se verán activados, pero que existen controles que no deberían dejar de funcionar como el respeto a las resoluciones judiciales, porque no son una opción para los funcionarios, sino una obligación, sino dejaría de ser un gobierno democrático.
“En cada proyecto que se discuta, las organizaciones y los ciudadanos en general tendrán que expresarse y hacerse oír. La Asamblea siempre ha tenido mecanismos para escuchar sectores, lo cual no debería cambiar y no hay razones para que eso cambie, el diálogo social y la participación ciudadana deberían mantenerse abiertos porque no se puede decir que se habla en nombre del país o de la nación, como dice la Constitución, si no se escuchan a los sectores diversos, incluso con los que no se está de acuerdo”, dice Pineda.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explica que la necesidad de crear una organización es porque se necesita un intermediador entre el Estado y la ciudadanía, para diferentes objetivos, entre estos satisfacer necesidad de la población, derechos, enmarcado en el derecho de organización que tiene la ciudadanía y de participación política, estas mismas necesidades derivan de que los organismos jueguen diferentes roles, uno de estos es el control social sobre el poder político, otro sería el de hacer propuestas al Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.
“En esta labor de control social, de proponer o de satisfacer derechos, puede llegar un momento en que la labor sea opuesta o no coincida con lo que está haciendo el Gobierno, con la forma en que está gestionando lo público, y al no haber esa coincidencia, lo que deriva es que puede catalogarse esa labor de las organizaciones como una labor de oposición política”, opina Escobar.
Agrega que los organismos sociales no tienen el rol de ser oposición política como su base, pero se dedican a realizar actividades como control político, presentar propuestas políticas, además de ayudar a satisfacer necesidades de la población que se relacionan con el Estado, y llegará un momento en el que habrá algún tipo de discordia con el Estado y pueden llegar las organizaciones sociales a ser catalogadas como oposición política.
Señala que los organismos sociales no pueden llegar a ser la oposición en el estricto sentido, esto será el trabajo de los partidos políticos, pero ante su debilitamiento y el rechazo de la población, entonces se puede llegar a pensar que ese rol de oposición lo tendrán que asumir las organizaciones, “pero más que un rol de oposición es un rol de controlador al ejercicio del poder, este es más el rol que debe de jugar la sociedad civil”, indica Escobar.
Añade que en el rol de control social que tendrán que realizar las organizaciones, de cara a la llegada de la nueva legislatura, siempre será el de denunciar, de demandar, independientemente del gobierno en turno, “lo que nosotros vamos a seguir haciendo también es ese rol de propuesta, de ser propositivos, porque dentro del ámbito de controlar al poder, de ser críticos del poder, cuando se están haciendo las cosas mal, también tenemos el rol de hacer propuestas.
“El punto es cuan abierto sea Nuevas Ideas, cuan abierto sea el gobierno a sentarse y coordinar con sociedad civil esfuerzos para mejorar el sistema democrático. Porque sociedad civil durante todos estos años ha sido crítica, ha sido controladora del poder, pero también ha hecho propuestas, que no se han aceptado por el poder político, pues bueno, vamos a ver ahora si con esta correlación sigue eso o se dan cambios”, dice Escobar.
En cuanto a las decisiones que vienen por delante, que serán responsabilidad de la nueva Asamblea, como la elección de procuradores, fiscal, magistrados, Escobar dice que, como sociedad civil, seguirán controlando cómo ejerce el poder Nuevas Ideas en la Asamblea, “si se está recurriendo a los mismos vicios del pasado o hace una elección que en realidad busque a los mejores funcionarios, eso lo vamos a controlar y lo vamos a denunciar, si se cometen excesos, las viejas prácticas, pero también tenemos el lado de la propuesta, nosotros ya fuimos a dejar a la Asamblea, para que lo retome la nueva legislatura, el baremo como un insumo para el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, expone Escobar.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), expone que la sociedad civil organizada llegará a tener un papel más preponderante y será un aliado fuerte de la cooperación internacional, como lo ha dejado ver Washington, quien lo ha dejado claro en el tema de democracia y participación ciudadana.
“Más allá de llamar oposición, la sociedad civil organizada va a jugar un rol de traslado de problemas o demandas sociales hacia la Asamblea Legislativa y hacia el Ejecutivo. No es que queramos ser una oposición la sociedad civil, sino el rol que queremos tener es un rol activar la participación ciudadana y fortalecer la democracia, más allá de ser un obstáculo para el poder, en el sentido que lo está tratado de vender el Ejecutivo, como que la sociedad civil va a ser un obstáculo, un nuevo enemigo. No somos un enemigo ni lo queremos ser, sino que queremos jugar un rol pro democrático, pro participación ciudadana y es lo que hemos estado haciendo, diciéndole al poder que hay problemas de corrupción, de baja participación ciudadana, pobreza y desigualdad y lo que queremos es que se responda a esas problemáticas”, señala Sandoval.
Indica que el papel de los organismos ante las decisiones de la nueva Asamblea y su desempeño en conjunto con el Ejecutivo será el que han venido desarrollando históricamente, señalar lo positivo y negativo de la legislatura, “no de aplaudir, pero sí señalar cuando hayan avances o cuando se responda a las demandas de la ciudadanía”, opina.
Frente a este nuevo rol de las organizaciones sociales siempre estará el trabajo de hacer responder a la Constituciones, a las leyes y a las demandas ciudadanas frente a la nueva Asamblea, un rol fortalecido, dice Sandoval.
“No va a ser nuevo lo que vamos a hacer frente a la Asamblea, lo hemos venido haciendo desde hace tiempo, pero ahora lo vamos a tener que reforzar, definitivamente, frente a la nueva Asamblea Legislativa, claro está que va a ser diferente porque no necesita negociar a nivel de partidos políticos, pero la Asamblea no tiene que olvidar que si quieren hacer un trabajo diferente no pueden obviar el pluralismo, y este se da precisamente cuando se escucha a la sociedad, y esta sociedad organizada representa todo un abanico de demandas”, expone.
Frente a elecciones y procesos para la elección de funcionarios de entidades de control del Estado, Sandoval indica que nuevamente van a tener que repetir el esquema de anteriores legislaturas, donde velarán porque los procesos sean públicos, transparentes y participativos, “porque la elección de un fiscal, la elección de magistrados y cualquier otra elección de segundo grado que venga, la puede hacer un solo partido y si no hay una oposición a nivel de los partidos en el Congreso, entonces será la sociedad civil la que ejercerá el contrapeso que haga contraloria social y que pueda propiciar que los procesos de elección sean desvinculados de una ideología política y que se centren en responder a las demandas ciudadanas”, dice.