Los dos movimientos opositores más influyentes de Nicaragua, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y Unidad Nacional Azul y Blanco, pidieron este jueves a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que declare ilegítimo al Gobierno de Daniel Ortega, por romper el orden democrático.
Mientras, Estados Unidos condenó la “inaceptable” detención de opositores que apoyaban a huelguistas de hambre y el asedio a una iglesia en Masaya y sentenció que la Policía ya no protege al pueblo nicaragüense, sino que se ha convertido en su “represora”.
“El asedio de un lugar de culto por parte del régimen de (el presidente nicaragüense, Daniel) Ortega es inaceptable, igual que los arrestos de más de una docena de personas que intentaban ayudar a las huelguistas de hambre”, dijo la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Morgan Ortagus, en un comunicado.
Por su lado, el jefe de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la situación en la iglesia y reclamó “pleno respeto” a los derechos de quienes protestan allí para pedir la liberación de detenidos en las manifestaciones de este año.
El secretario general de Naciones Unidas se sumó de esta forma a los numerosos llamamientos internacionales sobre el asedio policial sobre esa parroquia, donde al menos 11 mujeres están en huelga de hambre.
“Hemos estado siguiendo los acontecimientos en Masaya”, aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que aseguró que el diplomático portugués “está preocupado por la situación”.
En Nicaragua, “solicitamos a los Estados miembros de la OEA un claro e inequívoco reconocimiento de la ilegitimidad de un Gobierno que alteró el orden constitucional, al grado de destruir las bases de nuestra democracia”, indicaron los opositores, en una declaración conjunta.
La petición la realizaron a raíz del informe de una comisión diplomática de la OEA, divulgado al martes, que concluyó que existe una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.
La comisión pidió, precisamente al Consejo Permanente de la OEA que declare oficialmente que existe esa “alteración del orden constitucional”.
“En consecuencia, apruebe la puesta en marcha de todos los mecanismos previstos para la Carta de la OEA y en la Carta Democrática que contribuyan al restablecimiento de las garantías constitucionales a las libertades públicas”, agregaron los movimientos, criticados a veces por la poca unidad demostrada en público.
La oposición insistió en la necesidad de que se libere de forma “inmediata” e “incondicional” a los presos políticos, y se garantice el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
Así mismo reiteró su reclamo de “condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas, que conduzcan al establecimiento de un gobierno democrático, garante de la paz, la libertad y la justicia para el sufrido y valiente pueblo de Nicaragua”.
Actualmente Nicaragua vive una crisis que inició en abril de 2018 con el estallido popular contra Ortega, que en 19 meses ha dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, así como miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
En su informe, la comisión reconoció que sus gestiones con el Gobierno de Ortega fueron “infructuosas”, por lo que pidió la convocatoria “inmediata” de una Asamblea General de la OEA, el foro supremo del organismo que reúne a los cancilleres del continente, quienes tienen el poder de suspender del organismo a un país donde se haya roto el sistema democrático.
En 70 años, la OEA solamente ha suspendido a dos países, Cuba en 1959 tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro, y Honduras en 2009, luego del golpe de Estado al entonces presidente, Manuel Zelaya.
La comisión de la OEA incluyó en su informe el dato de 328 muertos, atribuidos al manejo que Ortega le ha dado a la crisis.
El gobernante, quien admite 200 muertos, sostiene que se defiende de un “golpe de Estado”, mientras que organismos humanitarios locales cuentan hasta 651 víctimas mortales.
Cerca de una veintena de países de América y varios de Europa han solicitado a Ortega cambios su política de Gobierno y restituya los derechos constitucionales, sin éxito.