Del total de préstamos y bonos que la Asamblea debía autorizar al gobierno para la pandemia solo quedan pendientes de aprobar $350 millones, informó hace poco el presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, del PCN. Es decir, el Gobierno ha recibido cerca de $3,000 millones para el manejo de la emergencia del COVID-19.
Los diputados de la oposición política advierten que el impago del salario a los empleados y diputados del Congreso es más una “revancha política” en contra de los partidos y no de escasez de fondos para cumplir con la obligación constitucional que tiene el Ministerio de Hacienda.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, explicó que son más de $3,238 millones en deuda que el Congreso ha autorizado al Ejecutivo. De ese monto, $2,000 millones son del primer decreto aprobado en marzo del presente año.
En ese entonces, según el decreto avalado, el 70% de ese dinero sería destinado para el programa de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables, que fueron los $300 que el Ejecutivo repartió como bono y de los cuales, la Corte de Cuentas de la República ha informado tras realizar la auditoría respectiva que, el Gobierno repartió $30 millones a 100,000 personas con criterios desconocidos.
Otro tanto de los $2,000 millones se orientó para cubrir las deficiencias del Presupuesto 2020 generadas por el COVID-19 e incorporarlos al presupuesto general de la Nación de 2020.
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Es decir, que parte de ese monto era para cubrir lo que el gobierno tomó para la emergencia por la pandemia de los ingresos corrientes previstos para este año, que fueron un poco más de $600 millones que fueron a parar al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), según un informe que el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea en mayo.
A la fecha, de esos $2,000 millones, la Asamblea solo tiene pendiente de aprobar $350 millones, según lo manifestado por Ponce.
“Los que están pendientes de autorizar están en manos de esta Asamblea, que son como $350 millones: un préstamo de $250 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), otro de $50 millones del BCIE (Banco Centroamericano de Inversión Económica) y uno de $50 millones del BID también, deuda contratada, a eso no le hemos dado el aval”, sostuvo Ponce.
Después del aval de los $2,000 millones, la Asamblea aprobó en mayo otros $1,000 millones para distribuirlos así: $600 millones para el Fideicomiso de apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa, y el resto sería asignados de la siguiente forma: $100 millones para el pago a exportadores de la devolución del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y prestación de servicios y los otros $300 millones para el pago de obligaciones de proveedores del sector privado del Estado.
El gobierno adquirió los $1,000 millones en emisión de bonos en julio, pero de ese fondo ocupó $645 millones para cubrir el déficit fiscal del presupuesto de 2020, los cuales debían ser tomados de una autorización legislativa anterior a la pandemia. Sin embargo, fue el propio ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien confirmó a los diputados que tomaron el dinero del Fideicomiso para solventar la brecha del gasto corriente.
El Gobierno recibió los $1,000 millones en bonos, pero el fondo fue desfinanciado porque los $600 millones, que eran para apoyo directo de los micro empresarios en líneas de crédito y subsidio para el pago de salarios, se fueron para gasto corriente, cuando en los $2,000 millones ya se había considerado que Hacienda resarciera los más de $600 millones que había tomado de emergencia del presupuesto para atender la pandemia.
Además, los empresarios se quedaron sin tener el 50% del subsidio para pagarle el salario a sus empleados, a pesar de que el presidente Bukele prometió que serían cuatro meses de ayuda en pago de salarios a los pequeños comerciantes con planillas menores a 100 empleados.
A todo lo anterior se suma lo informado por el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez, quien explicó a los diputados de la comisión especial de la Asamblea que investiga el uso de recursos para la pandemia que el gobierno recibió entre enero a agosto $1,600 millones en préstamos internacionales, Letras del Tesoro (Letes) y Certificados de Tesorería (Cetes); y en flujo de donaciones percibió $12.5 millones.
Según Martínez, hasta el 31 de agosto existían en caja casi medio millón de dólares. El funcionario “renunció” de su cargo después de exponer en público los datos financieros del Estado.
Poco después de la visita del expresidente del BCR, el Gobierno realizó otra emisión de Cetes (deuda de corto plazo) por $645 millones.
“Adquirieron nueva deuda de $645 millones en Cetes. Cómo es posible que en dos días después de adquirida la deuda digan que no tienen para pagar a los empleados públicos, le pido al gobierno que recapacite. Todo esto tiene consecuencias legales de responsabilidad personal a los funcionarios”, explicó la diputada Margarita Escobar, de ARENA.
El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, argumentó ayer que el gobierno no cuenta con los recursos para poder pagar los salarios y que priorizará el pago de acuerdo a los ingresos que vaya percibiendo. El ministro de Hacienda dijo lo mismo la semana pasada.
Los sindicalistas de la Asamblea protestaron ayer frente a los portones del edificio legislativo exigiendo al titular de Hacienda que los empleados “viven coyol quebrado, coyol comido” y que urge que cumpla con el derecho laboral consagrado en la Constitución de tener su salario mensual por su trabajo.