ONU denuncia asesinato de personas que se manifestaron contra Daniel Ortega

El régimen de Ortega negó hostigamiento a defensores de los derechos humanos, que haya desapariciones forzadas o casos de tortura.

descripción de la imagen
Foto de referencia/ AFP

Por EFE

2019-09-11 4:30:36

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que su oficina cuenta con “información corroborada” sobre homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasados contra personas que se habían manifestado contra el Gobierno de Nicaragua.

Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras) y “en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló.

Bachelet se refirió a esta información en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua.

El documento fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.

Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.

Con respecto a la versión escrita del informe, la alta comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.

Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.

Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.

El alto funcionario empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás “sino la realidad actual” que, según él, es muy diferente y en la que se respetan todos los derechos fundamentales.

Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados” y que se omiten expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado” de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió a la ONU para pedir a la comunidad internacional que no olvide que la crisis y la represión en Nicaragua persisten, y que no hay condiciones para el retorno de decenas de miles de nicaragüenses que huyeron del país por esta situación.

“Más de 83.000 personas se han visto forzadas al exilio. El Estado de Nicaragua aún no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas bajo condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo la comisionada Antonia Urrejola.

Al igual que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Bachelet, la instancia interamericana ha constatado que continúan el acoso y las agresiones contra líderes opositores “con fines disuasivos” y para lo cual se les detiene por algunas horas.

“Reitero, la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. Persiste la instalación de facto de un Estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas”, dijo.