La oferta inicial de unas 1 mil visas de trabajo temporal de la clase H-2A para labores agrícolas que Estados Unidos concedería al millar de salvadoreños que califiquen para esos puestos, y que el gobierno salvadoreño celebra como un logro en sus compromisos con la potencia del norte para reducir la inmigración irregular, podría ser un arma de doble filo si no se mantienen estrictos controles para garantizar los derechos laborales de los eventuales “beneficiarios”.
Polaris, una organización que trabaja desde Washington con el tema de trata de personas y tráfico humano, advierte de los enormes vacíos en la legislación que ampara este sistema de visas y que por años ha sido utilizado por individuos o redes dedicadas a la trata de personas, un fenómeno de explotación en varios niveles y que se considera de esclavitud en el siglo XXI.
“Hay un riesgo muy grande en esos permisos, y es nuestra tarea iluminar con conocimiento a las organizaciones que están trabajando para combatir la trata y para prestar servicio a las víctimas”, resume Andrea Rojas, Directora de Estrategias de Polaris.
Si usted creía que solo los indocumentados afrontan situaciones de vulnerabilidad en Estados Unidos, los datos que año con año recopila Polaris, que trabaja con una línea gratuita de ayuda a las personas en situación de explotación o trata, las 24 horas del día y los 365 días del año, indican que un sector vulnerable para caer en esas redes son los trabajadores que llegan con visas de trabajo temporal.
Es más, hace tres años Polaris realizó un estudio pormenorizado de casos de trata de personas y la clase de visa con la que llegaron a Estados Unidos; la luz roja se encendió a revisar que aquellos que llegaron amparados por una oferta de empleo temporal en agricultura eran los de mayor riesgo.
“En la que hay mayor explotación y trata es justo la visa H-2A, que es para trabajo agrícola temporal en los Estados Unidos, y que no tiene un límite, con lo que año con año se sigue aumentando”, añadió.
Y el problema parece ir en aumento, la semana pasada esta organización presentó el informe anual con el análisis de los datos del año 2018; el resultado no es nada alentador a reflejar un incremento del 25 por ciento en el número de casos denunciados por las víctimas que han logrado escapar de sus captores.
“En total, la línea reportó 10,949 casos de trata en 2018 -el mayor número de casos desde que Polaris comenzó a operar la Línea Nacional en 2007. La cifra incluye 7,859 casos de trata sexual y 1,249 casos de trata laboral. Desde 2007 hasta la fecha, la línea ha atendido un total de 51,919 casos de trata de personas en los Estados Unidos”, indica el informe.
Hasta el año pasado México era el receptor del 95 por ciento de las visas H-2A para trabajos agrícolas, esto abrió oportunidad a reclutadores o empresas que necesitan trabajadores a ofertar sus vacantes. Siendo este país el mayor beneficiado fueron ciudadanos de la nación azteca que empezaron a reportar los casos de explotación laboral; algunos lograron escapar de los campos de cultivo a los que habían sido confinados; el patrón parece repetirse, y el aislamiento es la regla en común.
A ello se suma la confiscación de los documentos personales por parte de sus empleadores con el pretexto de tenerlos seguros; también los expertos en el tema han descubierto que los empleadores empiezan a realizar descuentos de los salarios y múltiples violaciones de los derechos laborales en EE.UU.
Rojas explica que el principal problema de las visas de trabajo, y en especial de las de la categoría H-2A es que el trabajador llega a Estados Unidos subyugado a trabajar con un solo empleador. Esa debilidad es aprovechada por los tratantes, exhorta.
A ello se suma la falta de conocimiento de los trabajadores en su mayoría con una formación escolar mínima, que desconocen el idioma y llegan sin una red de protección social como la familia o una comunidad que los identifique y los amparé para salir del problema.
Los titulares de Polaris están conscientes que los datos de sus informes, que compilan gracias a la línea de ayuda y los reportes de su red conformada por unos 4 mil organizaciones con las que trabajan, solo son un indicador de un problema de crimen que está ahí, puesto que el desconocimiento de las víctimas sobre estos canales de ayuda y la misma incomunicación pueden aislar más a una persona que esta siendo sometida a explotación y trata.
Instan al gobierno salvadoreño y otros de la región que se están adhiriendo a este programa de visas que autoriza el Departamento de Estado ha trabajar de la mano con actores locales e internacionales para asegurar que los eventuales candidatos no sean víctimas de explotación laboral y trata, el escenario ideal sería una estricto empoderamiento de los trabajadores con sus derechos y una exhaustiva supervisión por parte de las autoridades.